Se trata de una innovadora y ambiciosa iniciativa que busca consolidar a la provincia como un destino de filmaciones destacado en la región, además de diversificar la matriz productiva.
TDF se proyecta como una vidriera de alcance nacional e internacional, promocionando sus majestuosos destinos turísticos. .
La Dirección de Producción Audiovisual (DPA) de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego junto con la Asociación Civil del Audiovisual Fueguino, lanzó la plataforma “Tierra de Films”.
Según se informó desde la Casa de Altos Estudios, se trata de una innovadora iniciativa que busca consolidar a la provincia como un destino de filmaciones destacado en la región y además diversificar la matriz productiva de Tierra del Fuego.
La plataforma -www.tierradefilms.com- está diseñada «para responder a las demandas de rodajes de productoras nacionales e internacionales y realizaciones académicas de todo el país, facilitando y acompañando la concreción de proyectos audiovisuales».
Destacaron así que Tierra del Fuego se proyecta «como una vidriera de alcance nacional e internacional, promocionando sus majestuosos destinos turísticos».
El director de la DPA de la UNTDF, el Lic. Juan Pablo Lattanzi, mencionó que Tierra de Films incluye información detallada, imágenes y videos, y además ofrece una base de locaciones para filmar en la provincia, así como una lista de profesionales del sector y otras informaciones relevantes.
«Es un espacio dedicado a la promoción y valorización del sector audiovisual de Tierra del Fuego», dijo Lattanzi. El ambicioso proyecto, desarrollado bajo la dirección de la Lic. Silvana Jaldín (DPA), fue gestionado a través de la Unidad de Vinculación Tecnológica (UVT-UNTDF), con el respaldo financiero del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (Cofecyt).
Marcha del Contrafestejo, 12 de octubre de 2024. Foto: Nicolás Parodi / Página 12
El Gobierno se propone eliminar la emergencia territorial indígena que suspende los desalojos e impulsa proyectos de Ley de Consulta y Propiedad Comunitaria Indígena que les exigen a las comunidades personería jurídica para reconocer sus derechos. Al mismo tiempo, deroga el registro que entrega dichas personerías y sanciona el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones para promover el extractivismo en los territorios indígenas. La tríada es implacable: capital financiero, (des)regulación territorial y suspensión de personerías como candado. Lo novedoso no es el fondo, sino las formas: la rapidez de la crueldad. Por Alexia Campos* | Debates Indígenas.
“No hay respiro viejo”. “Todos los días, una nueva mala”, se lee en los grupos de WhatsApp que nuclean a la militancia indígena e indigenista. El Gobierno derogó la resolución 4811/96 que regulaba el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, un instrumento administrativo para inscribir las personerías jurídicas de las comunidades. Este registro es un derecho y no una obligación, visto y considerando el carácter de preexistencia de los Pueblos Originarios reconocido por la Constitución Nacional. La resolución también suspende todas las solicitudes en trámite de las comunidades e “invita” a las jurisdicciones provinciales a celebrar convenios para unificar criterios de inscripción. De este modo, el Ejecutivo Nacional ya no inscribirá comunidades deslindándose de sus obligaciones legales.
A los pocos días, se filtra un proyecto de decreto firmado por el titular de la Unidad de Gabinete de Asesores del Ministerio de Seguridad que propone derogar la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades originarias del país. Esta medida afecta la Ley 26.160, sancionada en 2006, que suspende la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras indígenas. La ley fue prorrogada en tres ocasiones y vuelta a prorrogar en el 2021 por Alberto Fernández mediante decreto, ante la inminente caída de la ley por falta de acuerdo en el Parlamento. Este decreto tiene vigencia hasta noviembre de 2025, pero el Gobierno de Milei ya tiene escrita su inminente caída burocrática.
La Ley de Emergencia 26.160 es una herramienta clave de los Pueblos Indígenas para impedir que los desalojen de sus tierras. Foto: Silvana Colombo
La defensa de lo sagrado
Tan solo dos días después de concluido el juicio, notificaron los fundamentos de la condena contra los y las integrantes de la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu. Se trata de los hechos ocurridos en noviembre de 2017 en torno a la recuperación territorial realizada por la comunidad de las tierras bajo dominio de Parques Nacionales. Los condenan a dos años de pena privativa de la libertad por el delito de “usurpación por despojo” al considerar que la comunidad entorpeció el acceso al predio de las fuerzas de seguridad y de Parques Nacionales. Estamos ante los mismos sucesos en donde la Prefectura asesinó al joven activista mapuche Rafael Nahuel de un disparo por la espalda. Tenía 22 años. Pero siempre hay una razón más profunda.
Luego de un proceso de fortalecimiento espiritual y levantamiento del rewe (sitio ceremonial y sagrado del pueblo Mapuche), los y las integrantes de la comunidad Lafken Winkul tomaron la decisión de recuperar su territorio por una cuestión que nos precede a todas y todos, incluso a ellos: una de las integrantes fue elegida por los ancestros para fungir de autoridad espiritual.
La comunidad Winkul inició el proceso de recuperación de las tierras en dominio de Parques Nacionales porque allí debía ubicarse el rewe, su sitio ceremonial. Se trata de tierras disputadas por gobiernos, obispado, empresarios locales e intereses inmobiliarios.
“No elegí este rol, sino que me descubrió otra machi, antes de que naciera. Desde el vientre de mi madre tuve este rol designado. Cuando llegó el momento determinado comencé a prepararme para mi rol; es un espíritu de machi que no puedo negar ni desconocer. El vínculo con el lugar existió desde mucho tiempo antes del inicio del expediente”, relata Betiana Colhuan en el cuartel militar convertido en sala de audiencia.
La machi es una de las autoridades políticas y espirituales del pueblo Mapuche. Su rol es velar por la salud física y espiritual de la comunidad y sus integrantes, así como del cuidado del territorio que requiere del vínculo con seres no humanos que lo protegen. La comunidad Winkul inició el proceso de recuperación territorial de las tierras en dominio de Parques Nacionales porque allí debía ubicarse el rewe, su sitio ceremonial. Se trata de tierras disputadas por diferentes actores: gobiernos, obispado, empresarios locales e intereses inmobiliarios. Fueron los newenes y fuerzas los que señalaron el lugar.
La machi Betiana Colhuan junto a lideresas mapuches de la comunidad Lafken Winkul que se encontraban con prisión domiciliaria en el Centro Mapuche Bariloche en octubre de 2022. Foto: Eugenia Neme / lavaca
Proyectos de ley que vulneran derechos
En el Congreso de la Nación se están impulsando dos proyectos de ley de Propiedad Comunitaria Indígena (PCI). Por un lado, el proyecto 2390-D-2024 fue presentado por la diputada Roxana Monzón, del partido Unión por la Patria; por otro lado, el proyecto 0331-D-2024 fue impulsado por el diputado Gerardo Milman del partido Propuesta Republicana. Aunque ambos partidos políticos tienen ideología, historia y tradición opuestas, coinciden en la aparente urgencia de regular el acceso a la tierra de los Pueblos Originarios.
El proyecto de Monzón regula derechos ya incluidos en el ordenamiento jurídico vigente y, no avanza en brindar soluciones y seguridad jurídica a las problemáticas históricas que padecen los pueblos y comunidades indígenas: presión inmobiliaria, expoliación de los recursos naturales, despojos y desalojos arbitrarios. Tampoco reconoce al territorio en su aspecto amplio dado que no lo abarca en toda su dimensión y caracteres (espacio aéreo, subsuelo y manejo de los recursos naturales). Además, limita el reconocimiento de la Propiedad Comunitaria Indígena al trámite de inscripción de la personería jurídica de la comunidad cuando el marco jurídico establece que la personería es declarativa y no constitutiva. El proyecto tampoco dice nada sobre los modos de adquisición de la PCI y guarda silencio sobre los sitios sagrados y de culto.
Pese a definir y abordar el territorio en base a estándares internacionales, el proyecto de Milman contiene artículos problemáticos en lo que respecta al acceso a la tierra de los pueblos. El artículo 15 brinda potestad al Ejecutivo de solicitar a la justicia desalojos de comunidades en casos de disolución o cancelación de la personería jurídica. Por su parte, el artículo 14 establece: “El miembro de una comunidad adjudicataria de tierras que las abandone no podrá reclamar ningún derecho sobre la propiedad comunitaria”. Lo anterior no responde a las situaciones de facto que se dan en los territorios indígenas ante el avance de la frontera productiva, instalación de grandes proyectos extractivos y, situaciones de pobreza y violencia que habilitan migraciones forzadas. Además, contradice estándares internacionales que determinan que los derechos territoriales no prescriben, siempre y cuando subsista el vínculo espiritual con la tierra (fallo de la CorteIDH Yakye Axa vs. Paraguay).
Las comunidades indígenas del Salar del Hombre Muerto resisten judicialmente el avance de la minería de litio sobre su territorio ancestral. Foto: Susi Maresca / Vice
Un candado al reconocimiento y ejercicio de derechos
El 28 de octubre de 2024, el Gobierno de la provincia de Río Negro presentó un proyecto que rápidamente se convirtió en ley: “Procedimiento de convocatoria para realizar la Consulta Previa, Libre e Informada para las Comunidades Originarias que se encuentran en el Área de Influencia y que cuenten con Personería Jurídica reconocida por la Autoridad Provincial”. Estamos ante un protocolo de consulta (sin consulta) que establece un plazo de 40 días, contradiciendo los estándares internacionales vigentes que exigen que los procesos deben ser culturalmente adecuados y respetar los tiempos, instituciones y formas de gobierno.
Además, el Werken de la Coordinadora del Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro, Orlando Carriqueo, explica que sólo el 40% de las comunidades que habitan la provincia tiene personería jurídica. Lo anterior no es un dato menor al analizar los proyectos legislativos de PCI y consulta, los cuales exigen personería jurídica para reconocer derechos colectivos a los pueblos y comunidades. Al derogar el registro de inscripción, el Gobierno construye un candado institucional en materia de reconocimiento y ejercicio de derechos. Nada más inconstitucional y alejado de los estándares internacionales.
“Este proyecto nace mal parido porque es una decisión unilateral sin diálogo intercultural. El proyecto lo escribió el gobernador con algunas empresas mineras para promocionar la industria extractiva y cercenar los derechos comunitarios”, explica el werken.
Según el protocolo, las decisiones del proceso de consulta no tendrán carácter vinculante y estarán cimentadas en la Declaración Jurada de Buenas Prácticas que deberá presentar el titular del proyecto. Así, todo el proceso de consulta se basará en dicha declaración que deberá contener la información y documentación mínima. “Este proyecto nace mal parido porque es una decisión unilateral sin diálogo intercultural. El proyecto lo escribió el gobernador con algunas empresas mineras para promocionar la industria extractiva y cercenar los derechos comunitarios y colectivos. Hicimos dos presentaciones marcando que es claramente inconstitucional”, explica el werken del Parlamento Mapuche-Tehuelche.
Los proyectos de ley de PCI, el protocolo de consulta y la derogación de la emergencia territorial indígena que suspende desalojos se desarrollan en un contexto donde el Gobierno consiguió convertir en ley el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). Se trata de grandes beneficios impositivos a las empresas en miras a estimular inversiones en el país. Otorga estabilidad cambiaria, financiera y aduanera por 30 años, así como la falta de obligación de liquidar en el mercado las ganancias obtenidas transcurridos los cuatro años. Los especialistas advierten sobre la eliminación de la matriz productiva industrial como efecto de mediano plazo, convirtiendo a la Argentina en un mero exportador de materias primas, que, mayoritariamente, están en los territorios indígenas.
El Werken de la Coordinadora del Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro Orlando Carriqueo explica que sólo el 40% de las comunidades que habitan la provincia tiene personería jurídica. Foto: Al Margen
Ante la ofensiva: organización, audacia y tiempo
El 11 de noviembre, Argentina fue el único país de la ONU que votó en contra de una resolución sobre derechos de los Pueblos Indígenas. Basados en los principios de la Agenda 2030, varios países impulsaron una resolución que reconoce la imperiosa necesidad de que los Pueblos Indígenas participen en las agendas de desarrollo, paz, seguridad y justicia. El documento hace hincapié en reforzar la protección y promoción de los derechos humanos de los pueblos, así como la obligación de las empresas de respetarlos, en base al principio de responsabilidad social y ambiental. Al ser consultado por el voto negativo, Milei planteó que su Gobierno se opone a toda acción afirmativa que vaya en contra de la libertad y la soberanía nacional.
Como respuesta, el movimiento indígena organizado difundió un comunicado titulado “Un voto en contra que no borra nuestra preexistencia ni nuestros derechos”, en donde denuncian una política de Estado de “borramiento y aniquilación” de los Pueblos Indígenas de la Argentina. Destacan que el voto en contra no exime al país de respetar y cumplir cada uno de los compromisos internacionales ratificados que generan una obligación internacional.
La matriz del Estado argentino siempre ha sido genocida, colonialista, racista y capitalista. Más bien la novedad radica en la avanzada del desprecio sin descanso ni respiro por todos los frentes posibles, obstruyendo y debilitando el espacio de reacción.
Las vulneraciones de derechos de esta crónica sucedieron entre septiembre y noviembre de 2024. En la Argentina de hoy vivimos en un permanente estado de alerta, donde los incendios descontrolados se producen todos los días. La urgencia se vuelve estructura estructurante. Lo inmediato moldea los procesos organizativos y las vidas personales, generando un clima de mareo, frustración, desesperanza y confusión permanente. Una determinada manera de relacionarnos con el presente, y por tanto con el pasado y con el futuro, es impuesta desde arriba. El plan económico del Gobierno tiene como objetivo ideológico-político neutralizar las resistencias quebrando el marco epistémico de una visión genealógica y procesual de la historia, y toda posibilidad de imaginar y construir un horizonte emancipatorio.
Lo novedoso no es la política de saqueo y acumulación por desposesión amasada desde el aparato institucional de poder. La matriz del Estado argentino siempre ha sido genocida, colonialista, racista y capitalista. Más bien la novedad radica en la avanzada del desprecio sin descanso ni respiro por todos los frentes posibles, obstruyendo y debilitando el espacio de reacción. Una típica estrategia de guerra desde la legalidad. Hasta el día de hoy la comunidad Winkul continúa en proceso de resistencia del territorio recuperado. No hay tiempo para la urgencia. Pasado, presente y futuro ocurren en simultáneo. Mañana esperamos un nuevo incendio. Hay destellos que iluminan el camino.
*Alexia Campos es abogada y Magíster en Antropología Social (CIESAS). Además es activista y defensora de los derechos humanos. Mail: alexiacamposbasualdo@gmail.com
A mediados de noviembre nos encontramos fondeados en la bahía de Praia, capital del archipiélago de Cabo Verde, país independiente desde 1971. El descenso hacia el sur ya está en marcha ya que nos encontramos en la latitud de Dakar (Senegal). .
La llegada se produjo de noche, bordeando las islas de ambos lados sin verlas. Pensábamos que nos encontraríamos con pescadores o veríamos faros pero nada, sólo raros halos luminosos a lo lejos nos daban indicio de presencia humana y ni una nube que anunciara las islas. Concluimos que estas islas estaban protegidas de la contaminación lumínica y escasamente habitadas. Esta llegada, a la luz de la ciudad dormida y en la máxima calma, se produjo sin siquiera despertar a la tripulación sentada en sus literas. Antes de descansar, echamos un vistazo a la gran bandera de Cabo Verde que domina un acantilado situado frente al barco. Unos cuantos perros se responden entre sí a lo lejos, recordándole a Toupie que ya no está sola en kilómetros a la redonda.
Durante el primer día, la tripulación permanece a bordo, luego de un merecido descanso y a la espera de que se completen los trámites de ingreso al país. Al principio de la tarde, bajo un calor abrumador a pesar del viento, se nos unió un nuevo compañero: François. Es la segunda vez que viene a realizar prácticas a bordo desde que estuvo en el equipo Pornichet-Dublín el pasado mes de abril. Esta vez con temperaturas completamente diferentes, ¡está encantado de volver a estar en su camarote de estribor y en la tripulación del Milagro! Lo celebramos improvisando mojitos con ron canario.
Luego tenemos que empezar a poner el barco en orden: limpieza a fondo, lavandería y reabastecimiento de alimentos. Damien y Lauriane se encargan de los trámites administrativos. Son múltiples ya que hay que presentarse a la policía marítima y luego en inmigración. Como las oficinas no siempre están abiertas y no se indica ningún horario, ¡la espera a veces puede ser larga! Al regresar de estos trámites, Lauriane nos encuentra un improbable “taxi privado” que simplificará enormemente nuestros viajes: ¡Djonni! Entre música alta y, a veces, conducir en modo rally por las calles de Praia, ¡hay onda!
Pasamos unos días en Praia para descansar y aclimatarnos al calor. El spinnaker, que sufrió algunos rasguños tras su nado inesperado, fue reparado (costura + cinta de vela) para poder volver a utilizarlo durante la travesía transatlántica. Dos compañeros regresan a Francia antes de que Etienne se una a nosotros desde Bilbao.
Juliane, la alpinista a bordo, sube varias veces a lo alto del mástil para comprobar la polea y la salida de la driza por mástil antes de poner una driza nueva de dyneema (¡gracias de nuevo Toni!). Lo que parece sencillo presentado en pocas palabras resultó, sin embargo, más complejo de lo esperado. El mástil de Milagro tiene 21m y, habiéndose roto la driza anterior, el resto había vuelto a caer en el mástil sin poder servir de guía a la nueva. De ahí la idea de bajar una cuerdita con un plomo en su extremo. Sólo que en dos ocasiones esta se bloqueó a la altura de las crucetas y fue imposible subirla o bajarla. Después de algunos intentos, la pequeña cámara a bordo no nos da respuesta al «por qué se bloquea» y finalmente, después de una pequeña siesta, Damien intenta otra pasada y esta vez funciona: la nueva driza está en su lugar y Justo a tiempo para tomar el dinguy hacia el pequeño bistró de la playa y tomar una Strela Kriola bien fría.
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Como cada tarde desembarcamos con los pies en el agua (y a veces más con el oleaje) y somos recibidos por el pequeño grupo de hombres y su jauría de perros que viven en esta playa y vigilan nuestro anexo, por un módico precio. El día antes de la llegada de Etienne tendremos la oportunidad de cenar con una tórtola acurrucada plácidamente en manos de Lauriane (ella y los pájaros…) y al sonido de la música caboverdiana, de la que podéis escuchar un pequeño extracto aquí. (para los melómanos exigentes, es una grabación de sonido con el teléfono…).
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Al día siguiente vamos al mercado municipal, el que está situado en la Meseta y que está lleno de gente, ruido, productos desconocidos y perfumes. ¡Se exhiben frutas y verduras pero no se muestran los precios! Nuestro taxista privado no nos siguió y nuestro portugués era más que rudimentario, el precio pagado después de calcular el tipo de cambio nos pareció totalmente prohibitivo, ¡nos tacharon de turistas! Salimos con nuestras mochilas llenas de productos locales: maracuyá, harina de mandioca, flores de hibisco secas (para el bissap), semillas de baobab, manzanas canela… A la vuelta, Djonni, nuestro taxista, subirá a bordo y pudo hacer un verdadero Instagram desde la cubierta del barco: ¡los jóvenes aquí tienen las mismas preocupaciones que en el viejo continente! Como en cada viaje de regreso, limpiamos todo meticulosamente para evitar que un polizón potencialmente invasor se instale: la cucaracha. Son muchos los que, al caer la noche, rondan furtivamente por todas partes, de ahí nuestro gran temor de subir alguno a bordo accidentalmente.
Se hace una última gran limpieza para limpiar todo el barco mientras se completan los trámites para salir del país y levamos anclas hacia el sur de la Isla Santiago para pasar la noche. A la mañana siguiente, después de bañarnos por supuesto (el agua está a 28 grados…), partimos hacia la Isla Brava (4000 habitantes) para hacer una última parada antes de Brasil y dejar atrás la isla volcánica de Fogo.
Esta pequeña isla es famosa por ser una de las más bonitas de Cabo Verde y podemos confirmar que la bahía de Tantum es suntuosa con sus barcos de colores y el pueblo de pescadores que la domina. Después de que Etienne pescara una magnífica carangue, partimos. La llegada al pueblo merece la pena, con un descenso del anexo a nado (imposible desembarcar del anexo con el oleaje) y una fuerte subida bajo un sol abrasador. Desde allí nos dirigimos al centro del pueblo y preguntamos cómo llegar a Nova Sintra, la «ciudad» principal, para visitarla y tratar de encontrar algunos productos más frescos, los del mercado ya pudriéndose uno tras otro… En el cuarto de hora después nos encontramos como sardinas en una lata en el minibús escolar, rodeados de niños extrañamente silenciosos: nuestra presencia los vuelve mudos, lo que hace reír al conductor. Vemos pasar los kilómetros por carreteras empedradas y empinadas. Cuanto más alto subimos, más exuberante se vuelve la vegetación, con árboles de mango, papayas, glorias de la mañana, yucas, ficus y grandes hibiscos. Llegamos a nuestro destino media hora después y descubrimos LA bebida caboverdiana: el Actimalt. Agradable y fresquito en el camino de vuelta, ¡es un lujo! Luego volvemos a la playa cargados como mulas y una carga bastante épica del anexo, todos en bañador y ayudados por los pescadores para pasar uno a uno las bolsas de comida. Después de una buena noche levamos anclas acompañados de los deseos de buen viaje de los pescadores que encontramos al salir de la bahía y con el deseo de volver a Cabo Verde por más tiempo porque entre los paisajes y la acogida de los habitantes, este paso realmente no te lo puedes perder.
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¡Nos vemos en unos días desde el otro hemisferio: bajo el sol brasileño en Salvador de Bahía!
El grito de la tierra se reúne la próxima semana en Tolhuin : Sábado 7 de Diciembre a las 19 hs en el Punto de Encuentro Resto Bar.
El programa de ese evento artístico conta con la presencia de la Dra. Soledad Finck y de la Comunidad Costera de Tierra del Fuego para presentar una mesa de concientización relativa al medio ambiente.
Después varios artistas fueguinos. musicos (Freddy Gallardo, Karina Valdéz, No Hay Sistema) y poetas (Franco Riquelme, Sol Rodríguez, Sol Araujo, Jere Maumary, Joaquín Rizzuti, Alejandro Pinto), presentaran sus creaciones, en paralelo de unas muestras de Lioren Burgo Wallner y Jesu Gómez y de las presentaciones de emprendimientos locales (Soma, Kau Kren Artesanías, HI-CA, Punto de Encuentro, Klóketen Tintea).
El Juez Federal Rafecas considera que el Juicio por la Verdad instado por la Lamngen Ivana Huenelaf contra la política de exterminio que implicó la campaña «Conquista del Desierto» debe tramitar ante la Justicia Federal de Neuquén.
La denuncia fue presentada por Ivana Noemi Huenelaf, mujer indígena Mapuche Tehuelche, por derecho propio y conjuntamente con su letrado patrocinante el abogado Fernando Cabaleiro. En su presentación, solicita que se inicie un Juicio por la Verdad para que se investigue la comisión de los hechos que encuadrarían dentro de la figura de “genocidio”, cometidos por el Estado Argentino durante los años 1878 y 1890 en lo que se denominó como política de Estado “Conquista del Desierto”, definiendo dicho proceso como un propósito sistemático planificado y premeditado de exterminar a todos los integrantes de los pueblos indígenas Mapuche, Tehuelche, Pampa y Ranquel que habitaban los territorios de la bio región patagónica-pampeana.
Allí se señala, que aquel plan “incluyó fusilamientos, desapariciones y abandono de personas indígenas, apremios ilegales, torturas, actos crueles inhumanos destinados a causar la muerte o graves daños a la integridad física y mental, reclutamiento de mujeres, ancianos, niños, niñas y adolescentes con traslados y desplazamientos forzosos a campos de concentración, disciplinamiento, despersonalización y cancelación del idioma, cultura y creencias procurando la sustracción de su identidad ancestral, disgregación y separación de las comunidades para evitar nacimientos en el seno de las familias indígenas, apropiación de menores y luego sometimiento a la servidumbre, trata de personas y hasta esclavitud”.
Refiere también que “Si bien los autores intelectuales y materiales de todos los delitos cometidos dentro de la Campaña “Conquista del Desierto” han fallecido, hay una responsabilidad del Estado Argentino por las consecuencias dañosas atroces, perversas y sanguinarias que aquella ha representado y representa en la memoria viva de cada integrante del pueblo mapuche, tehuelche, ranquel y pampa la que recrudece inevitablemente al no haber existido justicia ni siquiera un reconocimiento explícito del Estado Argentino del Genocidio que dicha campaña ha significado, con la constante política negacionista de los derechos de los pueblos originarios a la verdad y reparación histórica, a su propia identidad, a la recuperación de sus territorios ancestrales y al desarrollo de la personalidad y cosmovisión indígena, derechos humanos cuya violación persiste a pesar del texto constitucional”.
En ese sentido, solicita que se dicte una sentencia declarativa en referencia a todo el proceso denominado “Conquista del Desierto” como un genocidio y se dispongan por la jurisdicción las medidas ordenatorias y actos reparatorios que por derecho correspondan. Seguidamente, destaca diversos trabajos de investigación que documentan el genocidio que representó la “Conquista del Desierto”, tratándose de investigaciones y tesis doctorales realizadas por historiadores/as, antropólogos/as, sociólogos/as, politólogos/as, que abordan la cuestión indígena en nuestro país, “que posibilitaron analizar, revisar, sistematizar datos y documentos que refieren a dicha temática permitiendo así reconstruir y revelar fiel y objetivamente hechos que forman parte de procesos históricos que habían quedado subsumidos, silenciados, no narrados ante la supremacía de los relatos oficiales emanados de los propios estamentos estatales, con un fin inaceptable de presentar a la Conquista del Desierto como un plan civilizatorio (inclusive en los contenidos curriculares de los niveles medios y universitarios del sistema de educación pública), y que a la luz de la plena vigencia de los derechos humanos que la propia Constitución Nacional de la Argentina vigente desde el año 1853, tiene una clara e inobjetable entidad genocida”.
Luego, como antecedente hace referencia a la Masacre de Napalpí, que en el juicio por la verdad se declaró que existió responsabilidad del Estado Nacional Argentino «en el proceso de planificación, ejecución y encubrimiento en la comisión del delito de homicidio agravado con ensañamiento con impulsos de perversidad brutal (art. 80, inc. 2 del C.P-según redacción 1921-) en reiteración de hechos que concursan entre sí, y reducción a la servidumbre (art. 140 CP) en reiteración de hechos que concursan entre sí, ambos en concurso real (art. 55 del CP.)-, por el cual resultaron asesinadas entre 400 y 500 personas de los pueblos Moqovit y Qom en la Reducción de Indios Napalpí ubicada en Territorio Nacional del Chaco.».
En cuanto a la competencia territorial, señala que “si bien estamos ante la presencia de varios hechos atroces ocurridos en varias jurisdicciones (entre ellas la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), consideramos que los mismos forman parte de un plan sistemático genocida conformando un plexo de acción que tiene como origen los actos estatales emanados desde el Poder Ejecutivo Nacional, ello es, las instrucciones impartidas el mismo Presidente de la Nación Nicolás Avellaneda y por el Ministro de Guerra de la Nación Julio Argentino Roca con asiento en la ciudad de Buenos Aires para la ejecución de las expediciones que formaron parte de la Conquista del Desierto”, solicitando la unificación de la investigación de los hechos ante esa jurisdicción.
“El hecho denunciado llegó a un punto en el que no hay elementos en esta jurisdicción que justifiquen que la investigación continúe en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entendiendo que es la Justicia Federal de la Provincia de Neuquén que debe abocarse al estudio de la presente. Considero que eventuales probanzas que pudieran llegar a desarrollarse en estos autos (como ser archivos pertenecientes a la provincia donde se habrían desarrollado los hechos, la verificación de antecedentes de los registros de los pueblos originarios mediante algún sistema de censo efectuado ante dicha provincia, constancias de partidas de nacimiento que acrediten dichos vínculos, entre otros) tendrán su epicentro en la Provincia de Neuquén.”, dijo el Juez Rafecas.
![[Rumbo Sur #6] Escala en Cabo Verde](https://karukinka.eu/wp-content/uploads/2024/12/IMG-20241120-WA0006-1080x675.jpg)
