Semanas atrás tuvo lugar en Chile un histórico reconocimiento, como es la co-gobernanza entre comunidades indígenas, en este caso mapuches y organismos del estado para gestionar en forma conjunta un sector del Parque Nacional Villarrica.
Mientras en Argentina se pierden derechos indígenas, en Chile se otorga co-gobernanza Mapuche en un parque nacional (18 de diciembre, 2024 por Kay Pacha / Equipo Pueblos Originarios del SERPAJ) 7
Efectivamente, se firmó un convenio entre este parque y la Asociación de Comunidades Mapuche Winkulmapu de Kurarrewe, el CONAF, que es la Corporación Nacional Forestal y el Ministerio de Bienes Nacionales por el cual se creó un Consejo de Gobernanza y Gestión conjunta con comunidades indígenas para el sector Puesco Lanín del dicho Parque Nacional.
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Esto es similar al sistema de co-manejo que hay entre la Confederación Mapuche de Neuquén y Parques Nacionales en el Parque Nacional Lanín.
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De esta manera las comunidades mapuche tendrán una participación efectiva en la toma de decisiones referidas a la gestión de este sector del parque.
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Cabe destacar que este convenio, como siempre, es el resultado de un proceso, que en este caso comenzó en 2017, cuando las comunidades mapuche decidieron ingresar al Parque para exigir sus derechos territoriales, porque anteriormente la restricción del acceso afectaba las prácticas y usos tradicionales del territorio, como ser la recolección del piñón.
El Parque Nacional Villarrica fue creado en 1940 y actualmente es uno de los más emblemáticos debido a su biodiversidad, sus paisajes volcánicos y su relevancia en la cultura mapuche.
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Para explicarnos mejor todo este proceso vamos a escuchar el testimonio del hermano Simón Crisóstomo Loncopan, Inal Lonko del Lof Txankura y Presidente de la Asociación Mapuche Winkulmapu de Kurarewe, de Chile,
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Tal como se venía amenazando, al final se derogó -a través del Decreto 1083- esta ley que fue sancionada a fines del 2006 y prorrogada varias veces. A pesar que se la consideraba de “emergencia” su prórroga se extendió por más de 15 años.
Otro artero ataque a los Pueblos Indígenas, se derogó la ley 26160 (14 de diciembre, 2024, par Kay Pacha / Equipo Pueblos Originarios del SERPAJ) 19
Y ahora, aún antes de asumir este gobierno, recordamos unas declaraciones de la vicepresidenta Villarruel en las que decía que esta ley no tendría que existir más.
Otro artero ataque a los Pueblos Indígenas, se derogó la ley 26160 (14 de diciembre, 2024, par Kay Pacha / Equipo Pueblos Originarios del SERPAJ) 20
Así que entre esto y los rumores que se venían escuchando, no nos llamó la atención esta medida, pero eso no quiere decir que no nos indigne y corrobore el odio y el racismo vigente contra las comunidades por parte de quienes están conduciendo los destinos de nuestro país. Es, como dicen muchxs hermanxs una campaña de genocidio y exterminio de los pueblos originarios.
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Y claro, con esta medida, se habilita a que jueces o fiscales en complicidad con el poder de turno, con terratenientes que consiguieron títulos al menos en forma arbitraria o con poderosas empresas extractivas, avances sobre los territorios indígenas.
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Pero bueno, esto nos obliga a estar más juntxs, a organizarnos mejor, a articular con distintas fuerzas para enfrentar la dura realidad que se avecina. Por eso en esta oportunidad nos pareció muy positivo difundir las palabras de Jorge Nahuel, histórico referente de la Confederación Mapuche de Neuquén en una entrevista que le hizo el hermano Oscar Moreno, a quien le agradecemos por aportarnos este muy interesante material.
Otro artero ataque a los Pueblos Indígenas, se derogó la ley 26160 (14 de diciembre, 2024, par Kay Pacha / Equipo Pueblos Originarios del SERPAJ) 23Otro artero ataque a los Pueblos Indígenas, se derogó la ley 26160 (14 de diciembre, 2024, par Kay Pacha / Equipo Pueblos Originarios del SERPAJ) 24
Desde la organización de abogados aseguran que el Decreto publicado en el Boletín Oficial no tiene la jerarquía para eliminar la suspensión de desalojos a pueblos originarios.
Crece el repudio a la decisión del gobierno de habilitar por DNU el desalojo de comunidades indígenas en todo el país. La medida pone fin a la suspensión de desalojos vigente por un decreto de 2021 y termina con la emergencia territorial indígena estableida por la Ley 26.160.
La Gremial de Abogados y Abogadas anticipó que pedirá la inconstitucionalidad de la medida que el gobierno publicó en el Boletín Oficial. El letrado integrante de esa organización, Luis Virgilio, explicó en Radio Encuentro que la declaración de emergencia “es un hecho, algo fáctico, una situación real”.
“Es el propio velo que tienen las comunidades de ser expulsadas de su territorio, que debe ser respetado por el artículo 75 de la Constitución Nacional y los tratados internacional que hemos incorporado a nuestra Constitución”, agregó. Es decir, “son derechos constitucionales los que se pretenden vulnerar con un decreto que es de inferior jerarquía”, continuó.
Este martes, el Gobierno nacional decretó el fin de la emergencia territorial indígena, derogando la Ley 26160 y sus prórrogas. Esta medida, formalizada a través del Decreto 1083/2024, pone en jaque la protección de las tierras tradicionalmente ocupadas por las Comunidades Indígenas de Argentina y da luz verde a los desalojos, priorizando los intereses privados y estatales sobre los derechos de los Pueblos Originarios.
El despojo legalizado: el Estado anula la Ley 26160 y deja a las comunidades indígenas sin protección (10 de diciembre, 2024, por TeleSISA) 27
Esta decisión representa un retroceso histórico en la lucha por el reconocimiento y la defensa de los territorios ancestrales. La Ley 26160, sancionada en 2006, surgió como respuesta a décadas de despojo, marginación y violencia hacia las Comunidades Indígenas. Su objetivo era suspender los desalojos y realizar un relevamiento territorial para garantizar la seguridad jurídica de los territorios. Sin embargo, el Estado nunca cumplió con esta obligación de manera integral, dejando a miles de comunidades en una situación de vulnerabilidad permanente.
El discurso oficial: deslegitimación y racismo estructural
El Gobierno justificó la derogación de la ley argumentando que generaba “inseguridad jurídica” y afectaba los derechos de “legítimos propietarios”. En los considerandos del decreto, se calificó a las comunidades como “fragmentadas”, acusándolas de hacer un “uso abusivo” de la normativa. Estas afirmaciones no solo deslegitiman los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas, sino que perpetúan narrativas racistas que criminalizan la lucha por la tierra.
Además, se subrayó un supuesto aumento en los conflictos territoriales, atribuyendo la responsabilidad a las comunidades indígenas sin mencionar el papel del extractivismo, las políticas neoliberales y la violencia estructural que han intensificado estos enfrentamientos. El discurso gubernamental invisibiliza las décadas de resistencia pacífica y organización de las comunidades frente a un sistema que prioriza los intereses empresariales y el saqueo de los recursos naturales.
La violencia del despojo: desalojos e impunidad
Con la derogación de la Ley 26160, se habilitan desalojos masivos que afectan no solo a las comunidades indígenas, sino también a sus modos de vida, cosmovisiones y la preservación del territorio como espacio de vida colectiva. Estos desalojos son, en esencia, una forma de violencia estatal que responde a los intereses del capital inmobiliario, la minería y el agronegocio.
Organizaciones indígenas y de derechos humanos han señalado que esta medida incrementará los conflictos sociales y profundizará la desigualdad estructural que afecta a los Pueblos Originarios. El derecho a la tierra no es solo una cuestión legal, sino una lucha por la autodeterminación y la supervivencia cultural en un contexto de colonización que persiste.
Una lucha que trasciende el decreto
La derogación de la Ley 26160 no silenciará las voces de las comunidades indígenas, que han enfrentado despojos, criminalización y genocidio desde la llegada de los colonizadores. Hoy más que nunca, se reafirma la necesidad de continuar luchando por el reconocimiento pleno de los territorios ancestrales, exigir al Estado el cumplimiento de los derechos consagrados en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales, y denunciar las políticas que perpetúan la exclusión y el racismo estructural.
Desde los territorios, las comunidades resisten: porque la tierra no es solo un recurso, es vida, memoria y futuro.
El grito de la tierra se reúne la próxima semana en Tolhuin : Sábado 7 de Diciembre a las 19 hs en el Punto de Encuentro Resto Bar.
El programa de ese evento artístico conta con la presencia de la Dra. Soledad Finck y de la Comunidad Costera de Tierra del Fuego para presentar una mesa de concientización relativa al medio ambiente.
Después varios artistas fueguinos. musicos (Freddy Gallardo, Karina Valdéz, No Hay Sistema) y poetas (Franco Riquelme, Sol Rodríguez, Sol Araujo, Jere Maumary, Joaquín Rizzuti, Alejandro Pinto), presentaran sus creaciones, en paralelo de unas muestras de Lioren Burgo Wallner y Jesu Gómez y de las presentaciones de emprendimientos locales (Soma, Kau Kren Artesanías, HI-CA, Punto de Encuentro, Klóketen Tintea).
La presidente de la Comisión 3 del parlamento provincial, legisladora Laura Colazo, encabezó un encuentro con las comunidades de pueblos originarios donde se trató la iniciativa de la propia integrante del Partido Verde para incluirlas en la toma de decisiones en el seno de la Comisión Consultiva de Bosques Nativos (CCBN). “Tenemos la oportunidad de reconocer y visibilizar a los pueblos originarios de nuestra Provincia, que vivieron y aún viven en estas tierras, y proponer una reparación histórica”, afirmó. También se refirió a la necesidad de ampliar la matriz energética en la provincia para sostener un proceso productivo viable.
Río Grande.- La legisladora María Laura Colazo (Partido Verde) participó el pasado jueves de una nueva reunión de la Comisión de Recursos Naturales Nº 3, la cual preside, oportunidad en que se trató una iniciativa de su autoría que giró bajo el “Asunto Nº 109/24”, con el objetivo de impulsar la participación permanente de representantes de pueblos indígenas en la Comisión Consultiva de Bosques Nativos (CCBN).
En este sentido, la parlamentaria valoró que en el encuentro estuvieron presentes miembros de las comunidades: Rafaela Ishton y Paiakoala. “Tenemos la oportunidad de reconocer y visibilizar a los pueblos originarios de nuestra Provincia, que vivieron y aún viven en estas tierras, y proponer una reparación histórica”, afirmó Colazo.
La Parlamentaria, sostuvo además que es de suma trascendencia que la voz de los pueblos Selk’nam y Yagán que formen parte de la CCBN, y que posean su espacio en ese órgano consultivo. “Por eso, los invitamos, queríamos contar con su aval”.
Asimismo agregó que de esta forma se los “hace parte” de los procesos de discusión y del ordenamiento territorial. El pueblo Selk’nam es el único pueblo indígena que cuenta con su título de propiedad comunitaria”, especificó.
Cabe destacar que la iniciativa incorpora modificaciones en la Ley provincial Nº 869. Se suma el inciso “q” al artículo catorce de la mencionada norma, que señala la incorporación de un representante por cada comunidad indígena originaria de la Provincia con personería jurídica registrada a nivel nacional.
Por su parte, Eleonora Anderson Varela de la comunidad Rafaela Ishton, agradeció el espacio: “Estamos muy contentos de contar con un lugar en el CCBN, es un hecho histórico para nosotros. La comunidad posee alrededor de treinta y seis mil hectáreas, y el ochenta por ciento es bosque”, contó.
Otro de los integrantes de la comunidad, Alexis González Palma les dijo que “es muy importante para nosotros porque nos devuelven la dignidad y la oportunidad de atender cuestiones que nos compete como pueblo originario de estas tierras”, opinó.
Hay que señalar que también participaron en la reunión de la Comisión, en representación de la comunidad Paiakoala, Tarcisio Vargas y Damián Nenes Vargas del pueblo Yagán.
“Hoy se está empezando a respetar a los pueblos originarios. Cuidar los bosques es bueno no solo para las comunidades, sino para toda la población. Estamos en peligro de perder el canelo, y debemos cuidarlo entre todos”, reflexionó Vargas, referente Yagán.
Estuvieron presentes los legisladores Raúl Von Der Thusen y Jorge Lechman (SF), Juan Carlos Pino (PJ), Federico Greve y Federico Sciurano (FORJA), y la legisladora Gisela Dos Santos (SF).
Dos millones de dólares para Bosques Nativos
Cabe recordar que la legisladora María Laura Colazo participó del segundo encuentro anual de la Comisión Consultiva de Bosques Nativos de la cual también integra y que se realizó en la Secretaría de Turismo de Tolhuin a principios de agosto.
Allí se analizaron los ejes de trabajo que se seguirán, tras conocerse el arribo del programa “Fondo Verde del Clima”, que se ejecutará a través de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y que surge de una iniciativa que llevó adelante el Gobierno nacional y la Provincia llamado Reducción de Emisiones por Deforestaciones y Degradación de los Bosques, (REDD).
El programa arriba a Tierra del Fuego, con un componente que se destinará al trabajo de conservación de bosques con las comunidades originarias, específicamente al Plan Integral Comunitario con la comunidad Selk’nam Rafaela Ishton; también al desarrollo productivo de la Cuenca Forestal de Tolhuin y además el otro componente, será utilizado en la prevención de incendios forestales de interfase en Ushuaia. Es dable indicar que, de acuerdo al programa de prevención de incendios de interfase urbano forestal, se entiende como ‘aquel que se desarrolla en áreas de transición entre zonas urbanas y rurales o forestales, donde las estructuras edilicias se entremezclan con la vegetación’.
Aproximadamente dos millones de dólares están afectados para la provincia de Tierra del Fuego “y el proyecto en general, lo que mencionaba el ingeniero Francisco Jofré, que es el representante de FAO que estuvo en la provincia, es alrededor de 85 millones de dólares para todo el país en este programa de RedMás, que es un programa específico que tiene que ver también con el cambio climático”.
Estuvieron presentes en la reunión miembros del equipo de la Dirección Nacional de Bosques y de FAO para el proyecto Pago por Resultados, además de funcionarios del Gobierno provincial y representantes de instituciones que conforman el CCBN.
Hay que mencionar que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura o más conocida como FAO, es un organismo especializado de la ONU que dirige las actividades internacionales encaminadas a erradicar el hambre
La organización ejecuta diversos proyectos implementados a lo largo y a lo ancho del país. Desempeña un papel fundamental en el avance de la seguridad alimentaria, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la transformación de los sistemas agroalimentarios y desarrollo sostenible.
“Muchas familias viven del sector forestal”
En diálogo con ‘La Mañana de Tecno’ que se emite por Radio Universidad 93.5 MHz, la parlamentaria del Partido Verde recordó que la comisión consultiva de bosques, “se da en el marco de la Ley Provincial 869, que es un espacio donde está formado por diversos actores que tenemos una vinculación con todo lo que es el aprovechamiento de todo el sector forestal, que está habilitado en nuestra provincia. Así que por representación de la Legislatura me toca participar en ese espacio”.
Laura Colazo explicó que “los integrantes de la FAO, que es un organismo internacional que está dentro del marco de Naciones Unidas, que tienen programas específicos de fondos que sirven para poder gestionar diversos proyectos en nuestro país. Y en este proyecto, que realmente es muy importante, que se trabaja en 23 provincias, en nuestra provincia se trabaja en estos tres puntos que fueron los que tratamos en la comisión para darle el visto bueno a todos los miembros, que se avance en eso, en poder acompañar los planes de integración comunitarios que está trabajando muy bien la Dirección General de Bosques con el pueblo Selk’nam que tiene sus autoridades conformadas hace muy poquito, que han hecho elecciones, y la verdad que tienen proyectos muy interesantes para poder hacer en nuestra provincia, sobre todo en su propiedad comunitaria, que son 35.000 hectáreas que ellos tienen en la zona de Tolhuín, y que nos parece muy importante que se pueda hacer un aprovechamiento sustentable, y la verdad que a nosotros nos parece también importante acompañarlos porque también se necesitan recursos para implementar estos proyectos”.
“Nos parece muy interesante acompañar, todo esto lleva pasos; se va a hacer un trabajo de asesoramiento técnico a través de organismos como el CIEFAP (Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico), que es un organismo que trabaja también en nuestra provincia hace muchos años, el que va a dar todo el asesoramiento técnico y también me parece importante que está presente el intendente de Tolhuin (Daniel Harrington) en el espacio porque tiene que ver con motorizar el desarrollo productivo de este sector para que siga generando fuentes de trabajo como lo hace hoy en la ciudad de Tolhuin”.
En este aspecto la legisladora Laura Colazo observó que “muchas familias viven a partir del trabajo en el sector forestal y me parece importante agregarle valor, poder generar capacitación, poder hacer un uso sustentable de nuestros recursos y en todo el lado la cadena productiva, no solamente en la madera virgen sino también en el aprovechamiento de los residuos forestales”.
Entendió que “ahí hay una gran oportunidad de generar más emprendimientos productivos y de generar más trabajo cuidando el ambiente porque estamos hablando de los residuos forestales que en algunos casos se queman y eso podría generarse un producto, una materia prima para poder generar nuevos productos que puedan estar dentro del paradigma de la economía circular, de poder recuperarlos y volver a insertarlos en el sector productivo”.
“Matriz productiva y matriz energética van de la mano”
La parlamentaria del Partido Verde entendió que “tenemos que apuntar hacia la economía que nos brinda el sector forestal; no es algo lineal de que se genera un producto, el residuo va al relleno sanitario sino de poder tomar a ese residuo como un recurso y que ingrese de vuelta como materia prima para poder generar nuevos productos que sean competitivos en el mercado y que generen trabajo”.
Consultada sobre la carencia energética que tiene Tolhuin para sostener un proceso industrial, la entrevistada recordó que “nosotros votamos a fines del 2022 una autorización para que la provincia pueda acceder a un crédito que estaba dado por la CAF, la Confederación Andina de Fomento y por otros fondos que iban a poder llegar a la provincia. Ya en el 2022 veíamos la necesidad de inversión en toda la ampliación de la matriz energética de Tierra del Fuego. Eso tuvo hace poquitos días novedades de que se está logrando la autorización por parte del Gobierno nacional para poder avanzar en esa toma de crédito, para poder invertir en equipamiento. Creo que es fundamental para el desarrollo y, sobre todo, también pensando en la transición energética que tiene que dar nuestra provincia. Hoy por hoy nosotros nos abastecemos del gas. El gas es un combustible de transición. Entonces, todos los recursos que se generen a partir de las regalías, a partir de ser una de las primeras provincias productoras de gas en la Argentina poder usar esos recursos que se generan por regalías para poder desarrollar una nueva matriz energética que tenga en gran parte un abastecimiento por parte de energías renovables. Y un poco a eso apunta el proyecto este de financiamiento que nosotros aprobamos en el 2022 en la Legislatura y que ahora está avanzando con la autorización de Nación”.
“Es un tema central, si queremos hablar de ampliación de la matriz productiva, tiene que ir de la mano con una ampliación de la matriz energética de la provincia”, sentenció finalmente.
