Marcha del Contrafestejo, 12 de octubre de 2024. Foto: Nicolás Parodi / Página 12
El Gobierno se propone eliminar la emergencia territorial indígena que suspende los desalojos e impulsa proyectos de Ley de Consulta y Propiedad Comunitaria Indígena que les exigen a las comunidades personería jurídica para reconocer sus derechos. Al mismo tiempo, deroga el registro que entrega dichas personerías y sanciona el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones para promover el extractivismo en los territorios indígenas. La tríada es implacable: capital financiero, (des)regulación territorial y suspensión de personerías como candado. Lo novedoso no es el fondo, sino las formas: la rapidez de la crueldad. Por Alexia Campos* | Debates Indígenas.
“No hay respiro viejo”. “Todos los días, una nueva mala”, se lee en los grupos de WhatsApp que nuclean a la militancia indígena e indigenista. El Gobierno derogó la resolución 4811/96 que regulaba el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, un instrumento administrativo para inscribir las personerías jurídicas de las comunidades. Este registro es un derecho y no una obligación, visto y considerando el carácter de preexistencia de los Pueblos Originarios reconocido por la Constitución Nacional. La resolución también suspende todas las solicitudes en trámite de las comunidades e “invita” a las jurisdicciones provinciales a celebrar convenios para unificar criterios de inscripción. De este modo, el Ejecutivo Nacional ya no inscribirá comunidades deslindándose de sus obligaciones legales.
A los pocos días, se filtra un proyecto de decreto firmado por el titular de la Unidad de Gabinete de Asesores del Ministerio de Seguridad que propone derogar la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades originarias del país. Esta medida afecta la Ley 26.160, sancionada en 2006, que suspende la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras indígenas. La ley fue prorrogada en tres ocasiones y vuelta a prorrogar en el 2021 por Alberto Fernández mediante decreto, ante la inminente caída de la ley por falta de acuerdo en el Parlamento. Este decreto tiene vigencia hasta noviembre de 2025, pero el Gobierno de Milei ya tiene escrita su inminente caída burocrática.
La Ley de Emergencia 26.160 es una herramienta clave de los Pueblos Indígenas para impedir que los desalojen de sus tierras. Foto: Silvana Colombo
La defensa de lo sagrado
Tan solo dos días después de concluido el juicio, notificaron los fundamentos de la condena contra los y las integrantes de la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu. Se trata de los hechos ocurridos en noviembre de 2017 en torno a la recuperación territorial realizada por la comunidad de las tierras bajo dominio de Parques Nacionales. Los condenan a dos años de pena privativa de la libertad por el delito de “usurpación por despojo” al considerar que la comunidad entorpeció el acceso al predio de las fuerzas de seguridad y de Parques Nacionales. Estamos ante los mismos sucesos en donde la Prefectura asesinó al joven activista mapuche Rafael Nahuel de un disparo por la espalda. Tenía 22 años. Pero siempre hay una razón más profunda.
Luego de un proceso de fortalecimiento espiritual y levantamiento del rewe (sitio ceremonial y sagrado del pueblo Mapuche), los y las integrantes de la comunidad Lafken Winkul tomaron la decisión de recuperar su territorio por una cuestión que nos precede a todas y todos, incluso a ellos: una de las integrantes fue elegida por los ancestros para fungir de autoridad espiritual.
La comunidad Winkul inició el proceso de recuperación de las tierras en dominio de Parques Nacionales porque allí debía ubicarse el rewe, su sitio ceremonial. Se trata de tierras disputadas por gobiernos, obispado, empresarios locales e intereses inmobiliarios.
“No elegí este rol, sino que me descubrió otra machi, antes de que naciera. Desde el vientre de mi madre tuve este rol designado. Cuando llegó el momento determinado comencé a prepararme para mi rol; es un espíritu de machi que no puedo negar ni desconocer. El vínculo con el lugar existió desde mucho tiempo antes del inicio del expediente”, relata Betiana Colhuan en el cuartel militar convertido en sala de audiencia.
La machi es una de las autoridades políticas y espirituales del pueblo Mapuche. Su rol es velar por la salud física y espiritual de la comunidad y sus integrantes, así como del cuidado del territorio que requiere del vínculo con seres no humanos que lo protegen. La comunidad Winkul inició el proceso de recuperación territorial de las tierras en dominio de Parques Nacionales porque allí debía ubicarse el rewe, su sitio ceremonial. Se trata de tierras disputadas por diferentes actores: gobiernos, obispado, empresarios locales e intereses inmobiliarios. Fueron los newenes y fuerzas los que señalaron el lugar.
La machi Betiana Colhuan junto a lideresas mapuches de la comunidad Lafken Winkul que se encontraban con prisión domiciliaria en el Centro Mapuche Bariloche en octubre de 2022. Foto: Eugenia Neme / lavaca
Proyectos de ley que vulneran derechos
En el Congreso de la Nación se están impulsando dos proyectos de ley de Propiedad Comunitaria Indígena (PCI). Por un lado, el proyecto 2390-D-2024 fue presentado por la diputada Roxana Monzón, del partido Unión por la Patria; por otro lado, el proyecto 0331-D-2024 fue impulsado por el diputado Gerardo Milman del partido Propuesta Republicana. Aunque ambos partidos políticos tienen ideología, historia y tradición opuestas, coinciden en la aparente urgencia de regular el acceso a la tierra de los Pueblos Originarios.
El proyecto de Monzón regula derechos ya incluidos en el ordenamiento jurídico vigente y, no avanza en brindar soluciones y seguridad jurídica a las problemáticas históricas que padecen los pueblos y comunidades indígenas: presión inmobiliaria, expoliación de los recursos naturales, despojos y desalojos arbitrarios. Tampoco reconoce al territorio en su aspecto amplio dado que no lo abarca en toda su dimensión y caracteres (espacio aéreo, subsuelo y manejo de los recursos naturales). Además, limita el reconocimiento de la Propiedad Comunitaria Indígena al trámite de inscripción de la personería jurídica de la comunidad cuando el marco jurídico establece que la personería es declarativa y no constitutiva. El proyecto tampoco dice nada sobre los modos de adquisición de la PCI y guarda silencio sobre los sitios sagrados y de culto.
Pese a definir y abordar el territorio en base a estándares internacionales, el proyecto de Milman contiene artículos problemáticos en lo que respecta al acceso a la tierra de los pueblos. El artículo 15 brinda potestad al Ejecutivo de solicitar a la justicia desalojos de comunidades en casos de disolución o cancelación de la personería jurídica. Por su parte, el artículo 14 establece: “El miembro de una comunidad adjudicataria de tierras que las abandone no podrá reclamar ningún derecho sobre la propiedad comunitaria”. Lo anterior no responde a las situaciones de facto que se dan en los territorios indígenas ante el avance de la frontera productiva, instalación de grandes proyectos extractivos y, situaciones de pobreza y violencia que habilitan migraciones forzadas. Además, contradice estándares internacionales que determinan que los derechos territoriales no prescriben, siempre y cuando subsista el vínculo espiritual con la tierra (fallo de la CorteIDH Yakye Axa vs. Paraguay).
Las comunidades indígenas del Salar del Hombre Muerto resisten judicialmente el avance de la minería de litio sobre su territorio ancestral. Foto: Susi Maresca / Vice
Un candado al reconocimiento y ejercicio de derechos
El 28 de octubre de 2024, el Gobierno de la provincia de Río Negro presentó un proyecto que rápidamente se convirtió en ley: “Procedimiento de convocatoria para realizar la Consulta Previa, Libre e Informada para las Comunidades Originarias que se encuentran en el Área de Influencia y que cuenten con Personería Jurídica reconocida por la Autoridad Provincial”. Estamos ante un protocolo de consulta (sin consulta) que establece un plazo de 40 días, contradiciendo los estándares internacionales vigentes que exigen que los procesos deben ser culturalmente adecuados y respetar los tiempos, instituciones y formas de gobierno.
Además, el Werken de la Coordinadora del Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro, Orlando Carriqueo, explica que sólo el 40% de las comunidades que habitan la provincia tiene personería jurídica. Lo anterior no es un dato menor al analizar los proyectos legislativos de PCI y consulta, los cuales exigen personería jurídica para reconocer derechos colectivos a los pueblos y comunidades. Al derogar el registro de inscripción, el Gobierno construye un candado institucional en materia de reconocimiento y ejercicio de derechos. Nada más inconstitucional y alejado de los estándares internacionales.
“Este proyecto nace mal parido porque es una decisión unilateral sin diálogo intercultural. El proyecto lo escribió el gobernador con algunas empresas mineras para promocionar la industria extractiva y cercenar los derechos comunitarios”, explica el werken.
Según el protocolo, las decisiones del proceso de consulta no tendrán carácter vinculante y estarán cimentadas en la Declaración Jurada de Buenas Prácticas que deberá presentar el titular del proyecto. Así, todo el proceso de consulta se basará en dicha declaración que deberá contener la información y documentación mínima. “Este proyecto nace mal parido porque es una decisión unilateral sin diálogo intercultural. El proyecto lo escribió el gobernador con algunas empresas mineras para promocionar la industria extractiva y cercenar los derechos comunitarios y colectivos. Hicimos dos presentaciones marcando que es claramente inconstitucional”, explica el werken del Parlamento Mapuche-Tehuelche.
Los proyectos de ley de PCI, el protocolo de consulta y la derogación de la emergencia territorial indígena que suspende desalojos se desarrollan en un contexto donde el Gobierno consiguió convertir en ley el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). Se trata de grandes beneficios impositivos a las empresas en miras a estimular inversiones en el país. Otorga estabilidad cambiaria, financiera y aduanera por 30 años, así como la falta de obligación de liquidar en el mercado las ganancias obtenidas transcurridos los cuatro años. Los especialistas advierten sobre la eliminación de la matriz productiva industrial como efecto de mediano plazo, convirtiendo a la Argentina en un mero exportador de materias primas, que, mayoritariamente, están en los territorios indígenas.
El Werken de la Coordinadora del Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro Orlando Carriqueo explica que sólo el 40% de las comunidades que habitan la provincia tiene personería jurídica. Foto: Al Margen
Ante la ofensiva: organización, audacia y tiempo
El 11 de noviembre, Argentina fue el único país de la ONU que votó en contra de una resolución sobre derechos de los Pueblos Indígenas. Basados en los principios de la Agenda 2030, varios países impulsaron una resolución que reconoce la imperiosa necesidad de que los Pueblos Indígenas participen en las agendas de desarrollo, paz, seguridad y justicia. El documento hace hincapié en reforzar la protección y promoción de los derechos humanos de los pueblos, así como la obligación de las empresas de respetarlos, en base al principio de responsabilidad social y ambiental. Al ser consultado por el voto negativo, Milei planteó que su Gobierno se opone a toda acción afirmativa que vaya en contra de la libertad y la soberanía nacional.
Como respuesta, el movimiento indígena organizado difundió un comunicado titulado “Un voto en contra que no borra nuestra preexistencia ni nuestros derechos”, en donde denuncian una política de Estado de “borramiento y aniquilación” de los Pueblos Indígenas de la Argentina. Destacan que el voto en contra no exime al país de respetar y cumplir cada uno de los compromisos internacionales ratificados que generan una obligación internacional.
La matriz del Estado argentino siempre ha sido genocida, colonialista, racista y capitalista. Más bien la novedad radica en la avanzada del desprecio sin descanso ni respiro por todos los frentes posibles, obstruyendo y debilitando el espacio de reacción.
Las vulneraciones de derechos de esta crónica sucedieron entre septiembre y noviembre de 2024. En la Argentina de hoy vivimos en un permanente estado de alerta, donde los incendios descontrolados se producen todos los días. La urgencia se vuelve estructura estructurante. Lo inmediato moldea los procesos organizativos y las vidas personales, generando un clima de mareo, frustración, desesperanza y confusión permanente. Una determinada manera de relacionarnos con el presente, y por tanto con el pasado y con el futuro, es impuesta desde arriba. El plan económico del Gobierno tiene como objetivo ideológico-político neutralizar las resistencias quebrando el marco epistémico de una visión genealógica y procesual de la historia, y toda posibilidad de imaginar y construir un horizonte emancipatorio.
Lo novedoso no es la política de saqueo y acumulación por desposesión amasada desde el aparato institucional de poder. La matriz del Estado argentino siempre ha sido genocida, colonialista, racista y capitalista. Más bien la novedad radica en la avanzada del desprecio sin descanso ni respiro por todos los frentes posibles, obstruyendo y debilitando el espacio de reacción. Una típica estrategia de guerra desde la legalidad. Hasta el día de hoy la comunidad Winkul continúa en proceso de resistencia del territorio recuperado. No hay tiempo para la urgencia. Pasado, presente y futuro ocurren en simultáneo. Mañana esperamos un nuevo incendio. Hay destellos que iluminan el camino.
*Alexia Campos es abogada y Magíster en Antropología Social (CIESAS). Además es activista y defensora de los derechos humanos. Mail: alexiacamposbasualdo@gmail.com
El Juez Federal Rafecas considera que el Juicio por la Verdad instado por la Lamngen Ivana Huenelaf contra la política de exterminio que implicó la campaña «Conquista del Desierto» debe tramitar ante la Justicia Federal de Neuquén.
La denuncia fue presentada por Ivana Noemi Huenelaf, mujer indígena Mapuche Tehuelche, por derecho propio y conjuntamente con su letrado patrocinante el abogado Fernando Cabaleiro. En su presentación, solicita que se inicie un Juicio por la Verdad para que se investigue la comisión de los hechos que encuadrarían dentro de la figura de “genocidio”, cometidos por el Estado Argentino durante los años 1878 y 1890 en lo que se denominó como política de Estado “Conquista del Desierto”, definiendo dicho proceso como un propósito sistemático planificado y premeditado de exterminar a todos los integrantes de los pueblos indígenas Mapuche, Tehuelche, Pampa y Ranquel que habitaban los territorios de la bio región patagónica-pampeana.
Allí se señala, que aquel plan “incluyó fusilamientos, desapariciones y abandono de personas indígenas, apremios ilegales, torturas, actos crueles inhumanos destinados a causar la muerte o graves daños a la integridad física y mental, reclutamiento de mujeres, ancianos, niños, niñas y adolescentes con traslados y desplazamientos forzosos a campos de concentración, disciplinamiento, despersonalización y cancelación del idioma, cultura y creencias procurando la sustracción de su identidad ancestral, disgregación y separación de las comunidades para evitar nacimientos en el seno de las familias indígenas, apropiación de menores y luego sometimiento a la servidumbre, trata de personas y hasta esclavitud”.
Refiere también que “Si bien los autores intelectuales y materiales de todos los delitos cometidos dentro de la Campaña “Conquista del Desierto” han fallecido, hay una responsabilidad del Estado Argentino por las consecuencias dañosas atroces, perversas y sanguinarias que aquella ha representado y representa en la memoria viva de cada integrante del pueblo mapuche, tehuelche, ranquel y pampa la que recrudece inevitablemente al no haber existido justicia ni siquiera un reconocimiento explícito del Estado Argentino del Genocidio que dicha campaña ha significado, con la constante política negacionista de los derechos de los pueblos originarios a la verdad y reparación histórica, a su propia identidad, a la recuperación de sus territorios ancestrales y al desarrollo de la personalidad y cosmovisión indígena, derechos humanos cuya violación persiste a pesar del texto constitucional”.
En ese sentido, solicita que se dicte una sentencia declarativa en referencia a todo el proceso denominado “Conquista del Desierto” como un genocidio y se dispongan por la jurisdicción las medidas ordenatorias y actos reparatorios que por derecho correspondan. Seguidamente, destaca diversos trabajos de investigación que documentan el genocidio que representó la “Conquista del Desierto”, tratándose de investigaciones y tesis doctorales realizadas por historiadores/as, antropólogos/as, sociólogos/as, politólogos/as, que abordan la cuestión indígena en nuestro país, “que posibilitaron analizar, revisar, sistematizar datos y documentos que refieren a dicha temática permitiendo así reconstruir y revelar fiel y objetivamente hechos que forman parte de procesos históricos que habían quedado subsumidos, silenciados, no narrados ante la supremacía de los relatos oficiales emanados de los propios estamentos estatales, con un fin inaceptable de presentar a la Conquista del Desierto como un plan civilizatorio (inclusive en los contenidos curriculares de los niveles medios y universitarios del sistema de educación pública), y que a la luz de la plena vigencia de los derechos humanos que la propia Constitución Nacional de la Argentina vigente desde el año 1853, tiene una clara e inobjetable entidad genocida”.
Luego, como antecedente hace referencia a la Masacre de Napalpí, que en el juicio por la verdad se declaró que existió responsabilidad del Estado Nacional Argentino «en el proceso de planificación, ejecución y encubrimiento en la comisión del delito de homicidio agravado con ensañamiento con impulsos de perversidad brutal (art. 80, inc. 2 del C.P-según redacción 1921-) en reiteración de hechos que concursan entre sí, y reducción a la servidumbre (art. 140 CP) en reiteración de hechos que concursan entre sí, ambos en concurso real (art. 55 del CP.)-, por el cual resultaron asesinadas entre 400 y 500 personas de los pueblos Moqovit y Qom en la Reducción de Indios Napalpí ubicada en Territorio Nacional del Chaco.».
En cuanto a la competencia territorial, señala que “si bien estamos ante la presencia de varios hechos atroces ocurridos en varias jurisdicciones (entre ellas la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), consideramos que los mismos forman parte de un plan sistemático genocida conformando un plexo de acción que tiene como origen los actos estatales emanados desde el Poder Ejecutivo Nacional, ello es, las instrucciones impartidas el mismo Presidente de la Nación Nicolás Avellaneda y por el Ministro de Guerra de la Nación Julio Argentino Roca con asiento en la ciudad de Buenos Aires para la ejecución de las expediciones que formaron parte de la Conquista del Desierto”, solicitando la unificación de la investigación de los hechos ante esa jurisdicción.
“El hecho denunciado llegó a un punto en el que no hay elementos en esta jurisdicción que justifiquen que la investigación continúe en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entendiendo que es la Justicia Federal de la Provincia de Neuquén que debe abocarse al estudio de la presente. Considero que eventuales probanzas que pudieran llegar a desarrollarse en estos autos (como ser archivos pertenecientes a la provincia donde se habrían desarrollado los hechos, la verificación de antecedentes de los registros de los pueblos originarios mediante algún sistema de censo efectuado ante dicha provincia, constancias de partidas de nacimiento que acrediten dichos vínculos, entre otros) tendrán su epicentro en la Provincia de Neuquén.”, dijo el Juez Rafecas.
Científicas del CONICET dataron por primera vez representaciones/pinturas rupestres de la Patagonia Argentina, halladas en el campo volcánico Pail Aike (Santa Cruz)
CONICET/DICYT El campo volcánico Pali Aike está ubicado en la zona más austral del desierto patagónico, en el límite entre la provincia de Santa Cruz y la región chilena de Magallanes, a pocos kilómetros del estrecho del mismo nombre. Un paisaje desafiante en el que cuesta imaginarse, a ojos del presente, cómo era la vida de las personas que hace miles de años lo transitaban en busca de alimento y refugio. Pero la arqueología, y en particular el estudio del arte rupestre, brinda conocimiento acerca de la cotidianidad de estas comunidades nómades del pasado, al investigar señales que quedaron plasmadas en cuevas, aleros y paredones. El análisis se centra tanto en forma, tamaño, y distribución en el espacio de estas representaciones, como en la antigüedad y composición de las mezclas pigmentarias.
Un trabajo reciente publicado en el Journal of Archaeological Science: Reports, de dos investigadoras de CONICET, reveló aspectos desconocidos y novedosos sobre representaciones rupestres halladas en el sur de Santa Cruz. En el alero Romario Barría, localizado en la cuenca del Río Gallegos, las científicas obtuvieron los primeros fechados radiocarbónicos directos por AMS de pinturas rupestres del sur de Patagonia. Los estudios mostraron que estas representaciones tienen una antigüedad de más de 3.100 años, cuando se creía que tenían como máximo 2000 años. Asimismo, fue posible establecer un orden cronológico en el uso de los colores (rojo, blanco y negro) y determinar la composición de las mezclas pigmentarias utilizadas.
Según concluyen las científicas en el trabajo publicado, estos resultados proporcionan las primeras dataciones de las actividades pictóricas en el campo volcánico Pali Aike, asignadas al denominado Estilo Río Chico, extendiendo su antigüedad alrededor de 1000 años.
El estilo Río Chico es un estilo de figuras geométricas realizadas mediante trazos lineales y el color que predomina es el rojo, en el cual están realizadas más del 90 por ciento de las representaciones. El negro y el blanco son minoritarios.
“Lo que nos mostraron las dataciones radiocarbónicas realizadas por Alejandro Cherkinsky, investigador del Centro de Estudios de Isótopos Aplicados de la Universidad de Georgia (EE.UU), es que el rojo es el color que ha sido más utilizado desde 3.120 ±60 años A.P. (Antes del Presente). Mientras que el rojo se utilizó durante miles de años, el negro, en cambio, se comenzó a usar durante los últimos 760 años A.P., razón por la cual son mucho menos frecuentes los motivos en este color. De todas formas, es necesario que realicemos más dataciones para confirmar esto”, explica Judith Charlin, investigadora del CONICET en el Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas (IPCSH, CONICET), co-autora del trabajo junto con la investigadora Liliana Manzi, del Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas (IMHICIHU, CONICET). Al mismo tiempo que se lamenta porque “la muestra de pintura blanca no tenía la cantidad suficiente de materia orgánica para ser fechada, así que no tenemos ninguna cronología absoluta para el uso de ese color, aunque suponemos que fue anterior al negro, según lo indican las superposiciones de motivos negros sobre blancos”.
Esta actividad pictórica está relacionada con un aumento en la intensidad de ocupación de sitios en la región durante los últimos 3.500 años AP. Los diferentes eventos pictóricos sugeridos por la superposición de motivos, las variaciones tonales y las cronologías directas obtenidas en Romario Barría indican un uso prolongado y recurrente del sitio.
En general, las representaciones rupestres del campo volcánico Pali Aike se encuentran en sectores del paisaje que no están relacionados precisamente con sitios de habitación, como sucede por ejemplo en Cueva de la Manos al noroeste de Santa Cruz, sino que sirvieron como marcadores en el paisaje de zonas de aprovisionamiento de recursos, como fuentes de rocas para la manufactura de artefactos líticos, o grandes lagunas y cursos fluviales, donde se concentraba la fauna: guanacos, choiques u otro tipo de aves. “Los sitios con representaciones rupestres que estudiamos en general están asociados con vías o sectores de circulación. El estudio de su ubicación en el paisaje, a través de los sistemas de información geográfica (SIG), muestra que estos sitios no se encuentran asociados con lugares donde haya mucha abundancia y diversidad de restos arqueológicos”, detalla la arqueóloga.
Las técnicas y materiales utilizados
Las científicas infieren que para la realización de la mayoría de las pinturas estudiadas fueron utilizados los dedos, como también lo sugiere la existencia de positivos de falanges en otros sitios arqueológicos de la región.
“Con respecto a las técnicas, sabemos que se han usado los dedos y también alguna suerte de pincel que pudo estar hecho a partir de restos vegetales o de pelos de guanaco o humanos. Aunque no hay evidencias al respecto, y es muy poco lo que sabemos, nos damos cuenta por las diferencias en el ancho de los trazos cuándo se trata de dedos y cuándo de pinceles. Pero eso es algo que estamos evaluando de acuerdo a cómo se dispersa la pintura. Estamos haciendo análisis de huellas dactiloscópicas, denominadas paleodermatoglifos, algo innovador para nuestro país. Lo estamos haciendo con gente especialista en criminalística. Hemos ido al campo a tomar huellas digitales en las pinturas rupestres para identificar sexo y edad de los/las pintores/ras”, describe la investigadora.
Con respecto a los materiales que se utilizaron, los análisis de la composición de las pinturas rojas – -que fueron realizados con la técnica denominada espectroscopía Raman- indicaron que el pigmento más utilizado en tiempo y espacio es la hematita y procede de los afloramientos volcánicos de la región. El basalto, alterado por meteorización, que es el proceso de transformación de color, textura, composición o firmeza de rocas y minerales a partir de la acción del agua o el ambiente, produce la hematita. Así, las científicas también logran concluir que la materia prima para hacer las pinturas fue obtenida localmente.
“Para obtener las muestras que datamos raspamos la superficie de las pinturas en una porción muy pequeña para no dañar la conservación de estas evidencias. Tenemos análisis en marcha por difracción de rayos X en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA para identificar la composición de los pigmentos negros y blancos. Por el momento, lo que sabemos de los negros es que no parecen ser de carbón, sino óxido de manganeso, y los blancos, carbonatos. Pero estos análisis están en marcha y aún no tenemos los resultados. Y lo que hay hecho en la zona anteriormente es muy escaso”.
Finalmente, las científicas destacan que los fechados radiocarbónicos realizados fueron posibles porque en las mezclas pigmentarias, además de haber sido utilizados minerales que son los que dieron el color a las pinturas, fueron agregadas otras sustancias orgánicas, que se denominan “aglutinantes”, porque permiten darle consistencia a la mezcla de los pigmentos. Estos parecen haber sido restos vegetales, según ciertos indicadores, pero también hay evidencia en otros lugares del uso de huesos de fauna molidos o pulverizados. “En la meseta central de Santa Cruz, se habla también de uso de tejido y grasa de herbívoros (muy probablemente guanacos) y albumina (clara) de huevos de cauquén o choique. Por eso, lo que se está datando de estas pinturas es justamente la parte orgánica de su composición”, concluye Charlin.
Científicas del CONICET estudian los objetos de los yaganes
Yaganes o Yámanas, Selk’nam u Onas, Kawésqar o Alakaluf son los nombres que se daban a sí mismos y que les dieron los exploradores a los pueblos que habitaban el archipiélago fueguino al momento del contacto con los europeos a partir del siglo XVI. Las fotos de estas personas, sus rostros, cuerpos y gestos, retratan un momento dado y, a su vez, inmovilizan miles de años de historia en ese instante. “La profundidad histórica de los pueblos originarios de Tierra del Fuego es difícil de rastrear, pero no imposible. La colonización intentó borrar la memoria oral, y tampoco quedaron testimonios escritos por los propios originarios, ni pintados en cuevas, ni grandes construcciones”, señala la arqueóloga del CONICET María Paz Martinoli. Sin embargo, señala la científica, a partir del trabajo arqueológico de las y los científicos del Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC, CONICET) sostenido por décadas, se ha logrado recuperar artefactos y restos que posibilitan reconstruir esa historia como un enorme rompecabezas enterrado en distintos lugares de la isla.
“Sabemos, por ejemplo, que el poblamiento de la costa sur comenzó unos ocho mil años antes del presente. Allí encontramos sólo los restos de las herramientas de piedra que los cazadores-recolectores realizaban para llevar a cabo sus actividades cotidianas, y algunas marcas que dejaron sus fogones, como huesos de animales que les sirvieron de alimento o de materia prima. Mil años después comenzaron a aparecer en esta zona los concheros, grandes acumulaciones que se forman a partir del desecho de los restos de valvas que comían, pero que también usaban para la confección de herramientas y adornos. Ese material orgánico nos permitió conocer detalles del modo de vida de estos pobladores originarios”, relata Martinoli, especializada en el estudio de restos de mamíferos marinos en sitios arqueológicos, que con su trabajo persigue entender el aprovechamiento de estos animales por parte de los grupos originarios.
La investigadora detalla que esas comunidades usaban los huesos de los animales -ballenas, lobos marinos, guanacos, aves- para confeccionar utensilios y herramientas, como arpones, cuñas para separar las cortezas y hacer las canoas o punzones. Pero además eran usados para hacer adornos personales y objetos de decoración, especialmente entre los 6400 y los 4400 años antes del presente. “Con las piedras tampoco se quedaban atrás: hacían raspadores con los que preparaban los cueros, raederas que les servían para el corte y preparación de distintos materiales, distintos tipos de puntas de armas con las que cazaban, e incluso hace alrededor de 1500 años antes del presente empezaron a aparecer las puntas de flecha”, precisa Martinoli.
Tal como explica la especialista, esos modos de vida y de relacionarse con la naturaleza se interrumpieron a partir de la conquista y la colonización europea y criolla de Tierra del Fuego, que se dio desde la segunda mitad del siglo XIX en adelante y, a diferencia de otros lugares del país, se mantuvo en manos de misioneros religiosos y estancieros, con escasa presencia estatal. El establecimiento de misioneros anglicanos en la bahía de Ushuaia y las misiones salesianas al norte de la isla tuvieron como denominador la interrupción de la vida nómade de éstos pueblos, la separación de las familias, el hacinamiento, la enseñanza de los respectivos evangelios e idiomas de origen (inglés o español), y las epidemias de tuberculosis y otras enfermedades externas a la región, que llevaron a un trágico descenso de las poblaciones nativas.
El estudio de numerosos textos de viajeros, misioneros y etnógrafos, junto a fotografías de la época sobre el pueblo Yagan, permitió a las y los científicos del CONICET observar que algunas prácticas orientadas a la subsistencia resistieron al proceso de transculturación occidental: desde las canoas, los hombres usaban los arpones para la captura de lobos marinos y las mujeres remaban sentadas para perseguir a las presas entre el oleaje con gran habilidad. Así lo explica Ana Butto, arqueóloga del CONICET, quién se especializa en el relevamiento y análisis de las colecciones patrimoniales arqueológicas, etnográficas y contemporáneas, y aclara: “Otras prácticas fueron adoptadas más velozmente por los nativos, como el uso del pantalón y camisa o vestido”.
Entonces comenzó, según Butto, el borramiento de los pueblos originarios, tanto de manera física como de manera simbólica. ”Desde comienzos del siglo XX la vida de los Selk´nam, Yaganes y Kawésqar pasó a transcurrir como trabajadores urbanos o rurales, hablantes del idioma castellano y estudiantes escolarizados en un relato estigmatizante de la diversidad cultural. También como ciudadanos de estados-nación que veían en los indígenas un obstáculo que debía superarse para construir una nación blanca y civilizada, que ´descendía de los barcos´ y que excluía por lo tanto todo aquello pensado como ´otro´: lo indio, lo negro, lo mestizo”, relata Butto.
Con la fundación de la ciudad de Ushuaia en 1884 y la llegada de agentes gubernamentales, continúa explicando la científica, los misioneros anglicanos se mudaron a otras localidades y en 1916 cerraron las misiones, pero mantuvieron sus estancias en Puerto Harberton y Punta Remolino, que se convirtieron para algunos Yaganes en un lugar de trabajo como peones de estancia, así como de cierto refugio ante ataques de mineros y buscadores de oro del norte de la isla. “El otro gran agente de colonización del territorio fueguino fueron las estancias laneras, que se instalaron en el territorio desde 1885, cuando los estados argentino y chileno comenzaron a entregar tierras en el sector noroeste de la isla. Los siguientes años se extendieron muchas concesiones de tierra a empresas extranjeras y a la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, de capitales chilenos; entregando así la mayoría de los territorios habitados ancestralmente por los Selk´nam”, agrega Butto.
Tal como indica la investigadora, en la actualidad “somos testigos de procesos de readscripción étnica, esto quiere decir, de resurgimiento de comunidades indígenas que luchan por la reivindicación colectiva de su diferencia cultural. Por ello, en los últimos años advertimos la visibilización y la aparición en la arena pública de muchas comunidades indígenas que no eran contempladas por las políticas públicas y que exigen el reconocimiento de sus derechos”, concluye la investigadora.
La actividad se desarrolló en el Círculo Ceremonial de Jornadas de Paz y Dignidad, impulsada por la Subsecretaría de Gestión, Promoción y Fortalecimiento de Derechos y Organización Comunitaria. El propósito fue conmemorar los 530 años de resistencia. Se trata de una actividad sancionada por Ordenanza Municipal desde 2016.
Realizan acto por el “Último día de la libertad de los pueblos originarios de América” (Infofueguina, 14 de octubre 2022) 8
