Amnistía Internacional presentó un Informe sobre retrocesos en Derechos Humanos promovidos por el Gobierno de Milei. Pobreza, jubilados, represión de las protestas, cibervigilancia, mujeres y pueblos originarios, entre las áreas más afectadas.
Fuente : https://ctaa.org.ar/un-ano-de-gobierno-12-derechos-perdidos/
La oficina argentina de Amnistía Internacional acaba de publicar un informe que describe derechos perdidos o amenazados durante el primer año de gestión del Gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel.
“A lo largo de este año, las políticas de ajuste económico y reformas promovidas por el Gobierno han impactado negativamente en la vida de millones de personas, especialmente las más vulnerables, exacerbando las desigualdades y restringiendo libertades fundamentales.”, señala la introducción.
El índice del relevamiento señala los siguientes ítems: Pobreza; Jubilados; Libertad de expresión; Libertad de reunión y asociación; Cibervigilancia; Transparencia y acceso a la información pública; Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; Derechos sexuales y reproductivos; Educación sexual integral; Diversidad: Colectivo LGBTIQ+; Crisis climática y Pueblos originarios. Además, el organismo internacional dedica un anexo a la política exterior en materia de derechos humanos.
El trabajo se suma a los ya publicados de la Red Federal por la Democracia y los Derechos Humanos y la Comisión Provincial por la Memoria, que también advierten sobre la gravedad de la situación.
“Lo precedente son apenas algunas muestras del clima de polarización y violencia que ha generado la gestión de Gobierno en estos 12 meses. El llamado es claro: Es imperativo proteger y promover los derechos de todas las personas en Argentina.”, dicen las conclusiones.
Canal Abierto reproduce una síntesis de cada uno de los derechos afectados
1- Pobreza: El índice de pobreza aumentó del 41,7% al 52,9%, dejando a más de 15 millones de personas bajo la línea de pobreza, y más de un millón de niños sin acceso a una cena diaria. Las políticas de ajuste económico han recaído desproporcionadamente sobre mujeres y sectores de bajos ingresos.
2- Jubilados: Las jubilaciones mínimas no alcanzan a cubrir la canasta básica, dejando a millones de adultos mayores en situación de extrema vulnerabilidad. El veto presidencial a una ley de actualización previsional profundizó la crisis en este sector.
3- Libertad de expresión: La hostilidad hacia las y los periodistas, el uso de discursos confrontativos y la desinformación han generado un clima de intimidación y censura, afectando gravemente el debate democrático. Un apartado especial recupera el impacto de la violencia digital en las periodistas mujeres.
4- Libertad de reunión y manifestación: el derecho a la protesta pacífica está en peligro por medidas como el Protocolo para el mantenimiento del orden público y por la actuación de las fuerzas que incluyó el uso desproporcionado de balas de goma y gases lacrimógenos, causando graves lesiones. También se denuncian detenciones arbitrarias, criminalización de manifestantes y agresiones a periodistas, incluso identificados con credenciales de prensa.
5- Cibervigilancia y privacidad: la creación de la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (UIAAS) plantea riesgos de vigilancia masiva y perfilamiento discriminatorio. Estas prácticas afectan derechos fundamentales como la privacidad, la igualdad y la libertad de expresión, condicionando el debate público y generando discriminación.
6- Restricción al acceso a la información pública: El Decreto 780/2024 amplía la opacidad estatal al clasificar más datos como secretos, limitar la divulgación de información pública y aumentar la discrecionalidad de los funcionarios. Esta medida vulnera la transparencia, afecta derechos fundamentales y dificulta la rendición de cuentas.
7- Derechos de las mujeres y diversidad: Se reporta un retroceso en políticas de igualdad de género, derechos reproductivos y la protección contra la violencia hacia mujeres y personas del colectivo LGBTIQ+.
8- Derechos sexuales y reproductivos: A tres años de la sanción de la Ley de Interrupción del Embarazo (ley 27.610), hay sobrada evidencia de su impacto positivo en la salud de mujeres, niñas y adolescentes. Desde 2021 hasta octubre de 2023, 245.015 personas accedieron a un aborto seguro en el Sistema Público de Salud. Además, las muertes por aborto disminuyeron en un 53% entre 2020 y 2022. El acceso temprano a información, a insumos, y a Servicios de Salud Sexual y Reproductiva de calidad, contribuye a que se produzcan durante el primer trimestre de gestación. Sin embargo, desde la asunción de la nueva gestión se desfinanció la implementación de esta política y se ha puesto en riesgo el pleno y efectivo acceso al aborto para niñas, adolescentes, mujeres y personas con capacidad de gestar en Argentina.
9- Diversidad: Las personas LGBTI+ han logrado grandes avances en materia de reconocimiento de derechos, fruto de la lucha colectiva del movimiento de la diversidad en la Argentina. Sin embargo, pese a que el país cuenta con leyes de avanzada, la discriminación sistémica y la expulsión del acceso a la vivienda, a la educación, a la salud o al trabajo que la población LGTBI+ debe enfrentar tiene un impacto profundo en sus condiciones de vida. Producto de la misma batalla cultural, en los últimos tiempos, se han exacerbado los discursos discriminatorios que patologizan y deshumanizan a las personas LGBTIQ+, incitando a la violencia y crímenes de odio.
10- Educación Sexual Integral: La sostenibilidad de la educación sexual integral (ESI) es otra de las batallas que este Gobierno parece enfrentar.
Desde el mes de diciembre se encuentran paralizadas las capacitaciones y talleres de formación docente en ESI a través del INFOD (Instituto Nacional de Formación Docente), pese a que 7 de cada 10 docentes sostienen que necesitan más capacitación en los ejes de violencia de género, abuso sexual contra las infancias, diversidad sexual e identidad de género.
Además, se advierte un profundo desfinanciamiento de los equipos provinciales de ESI lo que puede traer aparejado el desmantelamiento del Programa Nacional de Educación Sexual Integral a nivel federal, implicando un enorme retroceso para el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
11- Crisis climática: La posición del Gobierno actual ha sido la de negar el cambio climático.
Sin embargo, la ciencia es clara en cuanto a que el tiempo se está agotando rápidamente para evitar los peores impactos del cambio climático sobre los derechos humanos y los desastres no naturales que está causando o a los que contribuye, que afectan desproporcionadamente a las poblaciones más marginadas. El mundo entero necesita compromisos y acciones urgentes, concretas, audaces y coherentes para limitar el calentamiento global a 1,5 °C, lo que requiere una eliminación gradual, completa, rápida, justa y financiada de los combustibles fósiles en todos los sectores, sin depender de tecnologías arriesgadas y no probadas o compensaciones que no conducen a reducciones genuinas de las emisiones.
Amenazas a leyes medioambientales:
El proyecto de Ley Ómnibus incluyó en sus múltiples articulados reformas regresivas en leyes clave para la protección del medio ambiente, con impacto directo en la población.
- Ley de Bosques: habilitación de desforestación en zonas actualmente protegidas.
- Ley de Glaciares: reducción de la actual definición amplia otorgada por la legislación vigente con la potencial habilitación de actividad minera en la zona periglaciar.
- Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para el Control de Actividades de Quema: habilitación de la ‘quema tácita’ tras el plazo de 90 días sin mediar autorización estatal y desfinanciamiento del Servicio Nacional de Manejo del Fuego.
- Ley de Hidrocarburos: priorización de la renta por sobre las necesidades del mercado interno y la protección de la sustentabilidad de las reservas, ausencia de salvaguardas ambientales.
12- Pueblos originarios: La falta de políticas efectivas frente al cambio climático y los conflictos territoriales ha dejado a comunidades indígenas expuestas y desprotegidas.
Otro de los ejes relegados de esta gestión ha sido la de los pueblos originarios.
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), organismo descentralizado dependiente del Poder Ejecutivo Nacional, dispuso a través de una resolución la derogación del Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI), órgano encargado de reconocer la personería jurídica a las comunidades indígenas en Argentina.
Esta resolución también suspendió todas las solicitudes en trámite de inscripción de las comunidades indígenas en el RENACI, e invitó a las provincias a celebrar acuerdos para homogeneizar criterios de inscripción, adecuación y transferencia de las personerías jurídicas, sin establecer metodologías de trabajo, procedimientos ni plazos para estos encuentros, generando un escenario de inseguridad jurídica e indefensión.
Fuente: Canal Abierto
