La Pacificación de la Araucanía: Análisis Exhaustivo de la Invasión, el Despojo y el Genocidio Mapuche
Pacificación de la Araucanía o ¿Genocidio Mapuche? (01/06/2025, conociendo.cl)
La historia de Chile tiene un capítulo escrito con eufemismos y sangre: la mal llamada «Pacificación de la Araucanía». Este artículo se sumerge en los detalles de este proceso (1861-1883), desmantelando el relato oficial para revelar una compleja operación de conquista militar, despojo legal y colonización forzosa que redefinió el destino del Estado chileno y del pueblo Mapuche, dejando un legado de conflicto que perdura hasta hoy.
Contexto Histórico: El Wallmapu Autónomo y el Estado Chileno Expansionista
Los Actores Clave del Conflicto
El Plan del Estado: La Propuesta de Ocupación de Cornelio Saavedra
La Ejecución Militar: Fases de una Guerra Asimétrica
4.1. Primera Fase (1861-1868): Avance y Fortificación
4.2. Segunda Fase (1869-1881): Pausa Diplomática y Consolidación
4.3. Tercera Fase (1881-1883): La Ofensiva Final
El Despojo Legal: Cómo las Leyes Aniquilaron la Propiedad Mapuche
5.1. La Ley de Radicación de 1866: El Arma Jurídica
5.2. Los «Títulos de Merced»: El Confinamiento en Reducciones
La Colonización Dirigida: Tierras para Unos, Despojo para Otros
La Catástrofe Humana y el Debate del Genocidio
7.1. Genocidio y Etnocidio: El Debate Conceptual
7.2. Perspectivas Historiográficas en Disputa
7.3. Evidencias de la Devastación Demográfica
El Impacto Total: La Desarticulación de la Sociedad Mapuche
Resistencia y Resiliencia Mapuche
Legado y Deuda Histórica: Las Raíces del Conflicto Actual
Análisis Comparativo: Araucanía, el «Desierto» Argentino y el Oeste Americano
1. Contexto Histórico: El Wallmapu Autónomo y el Estado Chileno Expansionista
A mediados del siglo XIX, la frontera sur de Chile estaba claramente delimitada por el río Biobío. Al sur se extendía el Wallmapu, el territorio ancestral del pueblo Mapuche, una nación independiente de facto que había resistido con éxito la conquista del Imperio Español durante más de 300 años. La sociedad Mapuche estaba organizada en una compleja estructura social y política basada en el lof (clan familiar), el ayllarewe (federación de lofs) y los butalmapus (grandes alianzas territoriales).
Para el Estado chileno, consolidado tras las guerras de independencia y bajo una fuerte influencia de las ideas europeas de progreso y Estado-nación, esta autonomía era un problema. Las élites políticas y económicas, bajo las presidencias de Manuel Montt (1851-1861) y, fundamentalmente, José Joaquín Pérez (1861-1871), vieron la ocupación como una necesidad imperativa para:
Apropiarse de recursos: Las tierras de la Araucanía eran vistas como el «granero de Chile», esenciales para el auge de la agricultura del trigo.
Unificar el territorio: Conectar la zona central con las colonias de Valdivia y Llanquihue, fundadas con inmigrantes alemanes a partir de 1845.
Afirmar la soberanía: Eliminar la frontera interior y proyectar una imagen de nación unificada y moderna ante el mundo.
2. Los Actores Clave del Conflicto
Este proceso histórico fue protagonizado por figuras y grupos con intereses y visiones del mundo radicalmente opuestas.
Categoría
Actores Relevantes
Rol en el Conflicto
Estado Chileno (Oficiales)
José Joaquín Pérez, Federico Errázuriz Z., Aníbal Pinto, Domingo Santa María
Presidentes de Chile que impulsaron y ejecutaron la política de ocupación.
Líderes de la resistencia Mapuche, organizando la defensa militar y diplomática de sus territorios (principalmente de los grupos wenteche o arribanos).
Otros
Colonos chilenos y europeos (alemanes, suizos, italianos), Orélie Antoine de Tounens
Ocuparon las tierras despojadas. Tounens, un aventurero francés, se autoproclamó Rey y su presencia fue usada como pretexto por Chile para justificar la ocupación.
3. El Plan del Estado: La Propuesta de Ocupación de Cornelio Saavedra
En 1861, el Coronel Cornelio Saavedra Rodríguez presentó al Congreso chileno un detallado «Plan de Pacificación de la Araucanía». Argumentaba que la política de tratados y parlamentos había fracasado y que se requería una estrategia de ocupación material. Su plan, aunque disfrazado de un lenguaje «civilizatorio», era en esencia un proyecto de conquista en tres ejes:
Avance de la Frontera: Mover la línea militar desde el río Biobío hasta el río Malleco, estableciendo una línea de fuertes para asegurar militarmente el territorio.
Subdivisión y Venta de Tierras: Una vez «asegurado», el territorio entre ambos ríos sería subdividido en lotes y vendido por el Estado, generando ingresos fiscales y fomentando la propiedad privada.
Colonización: Promover activamente la instalación de colonos chilenos y extranjeros en las tierras recién incorporadas para «chilenizar» la región y desarrollar su potencial agrícola.
Este plan generó debate. Mientras la prensa y la élite de Santiago y Concepción lo apoyaron fervientemente, algunas voces criticaron la inminente violencia. No obstante, el Congreso lo aprobó, dando luz verde a la invasión.
4. La Ejecución Militar: Fases de una Guerra Asimétrica
La ocupación militar se desarrolló en varias fases, interrumpida por levantamientos Mapuche y la Guerra del Pacífico (1879-1883).
4.1. Primera Fase (1861-1868): Avance y Fortificación
Saavedra puso en marcha su plan, fundando o refundando fuertes como Angol, Mulchén, Negrete y Lebu. La estrategia era clara: cada fuerte era una punta de lanza que aseguraba un perímetro para la llegada de colonos. La resistencia Mapuche fue inmediata, dando lugar a una guerra de guerrillas y grandes levantamientos, como el liderado por el lonko Külapang. La respuesta del ejército fue brutal, aplicando la táctica de «tierra arrasada»: quemar rukas, destruir siembras y robar el ganado para provocar hambruna y forzar la sumisión.
4.2. Segunda Fase (1869-1881): Pausa Diplomática y Consolidación
Tras un gran levantamiento en 1868-1871, el avance militar se ralentizó. El Estado se enfocó en consolidar el territorio ya ocupado hasta el Malleco, mientras intentaba usar la diplomacia para neutralizar a los lonkos. Durante este período, el telégrafo y el ferrocarril comenzaron a conectar la frontera, facilitando la movilización de tropas y recursos. Este período de relativa calma se rompió con el estallido de la Guerra del Pacífico. Chile retiró parte de sus tropas de la Araucanía para enviarlas al norte, lo que los Mapuche vieron como una oportunidad.
4.3. Tercera Fase (1881-1883): La Ofensiva Final
Considerado el último gran levantamiento general, miles de guerreros Mapuche de distintas zonas se unieron en 1881 para atacar los fuertes chilenos. Sin embargo, el Estado chileno, victorioso y con un ejército profesionalizado y bien armado tras la Guerra del Pacífico, respondió con una fuerza abrumadora. Bajo el mando del Coronel Gregorio Urrutia, se lanzó la ofensiva final. Se ocupó el territorio hasta el río Cautín, se fundó Temuco (1881) y se avanzó hasta la refundación de Villarrica en 1883, dando por concluida militarmente la «Pacificación».
5. El Despojo Legal: Cómo las Leyes Aniquilaron la Propiedad Mapuche
La conquista militar fue inseparable de la conquista jurídica. El Estado chileno creó un marco legal específico para desmantelar la propiedad comunal Mapuche y transferirla a manos de colonos y latifundistas.
5.1. La Ley de Radicación de 1866: El Arma Jurídica
Esta ley, promulgada en pleno conflicto, es la piedra angular del despojo. Su lógica era simple y devastadora:
Creación de «Terrenos Baldíos»: La ley establecía que toda tierra que no estuviera «efectiva y continuamente ocupada» por los indígenas sería considerada «terreno baldío» (vacante) y, por tanto, propiedad del Estado. Esto ignoró que la economía Mapuche requería vastas extensiones para el pastoreo, la recolección y la rotación de cultivos, tierras que no estaban «continuamente ocupadas» pero eran vitales.
Negación de la Propiedad Comunal: El concepto de propiedad privada individual era ajeno a la cosmovisión Mapuche. La ley impuso este modelo, desarticulando la base comunal de la sociedad.
Comisiones de Radicación: Se crearon comisiones, compuestas por ingenieros y funcionarios estatales, para medir y delimitar las tierras, un proceso plagado de abusos, corrupción y desconocimiento de la cultura local.
5.2. Los «Títulos de Merced»: El Confinamiento en Reducciones
A las familias Mapuche se les «concedió» por «merced» del Estado un «Título de Merced» sobre una pequeña porción de sus tierras ancestrales. Estas propiedades, llamadas «reducciones», tenían graves problemas:
Tamaño Insuficiente: El promedio por persona era de unas 6 hectáreas, lo que hacía imposible replicar la economía ganadera anterior y condenaba a las familias a la agricultura de subsistencia y la pobreza.
Pérdida de Territorio: En total, se entregaron cerca de 3.000 títulos que sumaban unas 510.000 hectáreas. Esto representó la legalización de la pérdida de más del 90% del territorio Mapuche.
Fragmentación Social: El confinamiento en reducciones rompió las redes de parentesco y las alianzas políticas entre los lof, aislando a las comunidades y facilitando el control estatal.
6. La Colonización Dirigida: Tierras para Unos, Despojo para Otros
Mientras al pueblo Mapuche se lo reducía a la mínima expresión territorial, el Estado chileno desplegaba un generoso programa de colonización. El contraste en el trato es una de las claves para entender la profundidad de la injusticia.
Aspecto
Trato al Pueblo Mapuche
Trato a los Colonos Europeos/Chilenos
Acceso a la Tierra
Confinamiento en «reducciones» de 6 ha/persona en promedio.
Entrega de hijuelas de 40 a 500 hectáreas por familia, de mejor calidad agrícola.
Apoyo Estatal
Nulo. Se les despojó y luego abandonó. Eventualmente, raciones de subsistencia.
Pasajes gratuitos desde Europa, un año de pensión, herramientas, semillas, animales y asistencia médica.
Estatus Legal
Considerados «incapaces relativos» bajo un sistema de tutela a través de los «Protectores de Indígenas».
Plenos ciudadanos con derechos de propiedad y apoyo para su desarrollo económico.
7. La Catástrofe Humana y el Debate del Genocidio
La violencia de la «Pacificación» no fue solo militar o legal. Fue una catástrofe humana que diezmó a la población Mapuche y destruyó las bases de su existencia, lo que ha llevado a un serio y fundamentado debate sobre la aplicación del término «genocidio».
7.1. Genocidio y Etnocidio: El Debate Conceptual
La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de la ONU (1948) lo define como actos perpetrados con la «intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso». Los actos incluyen:
Matanza de miembros del grupo.
Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo.
Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial.
Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo.
Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo.
Muchos académicos argumentan que las acciones del Estado chileno, especialmente el tercer punto, se ajustan a esta definición. La destrucción de la economía, el despojo de tierras vitales y el confinamiento en zonas inviables fueron acciones deliberadas que, previsiblemente, causaron hambrunas y epidemias masivas. Complementariamente, se habla de etnocidio, la destrucción deliberada de la cultura de un pueblo, lo que también ocurrió a través de la prohibición de la lengua, la religión y la educación propia.
7.2. Perspectivas Historiográficas en Disputa
El entendimiento de este período está dividido por diferentes interpretaciones históricas.
Perspectiva
Historiadores Principales
Interpretación de la «Pacificación»
Tradicional / Estatalista
Sergio Villalobos
Un proceso inevitable y necesario para la unificación y modernización de Chile. La violencia fue un «choque de civilizaciones» con excesos de ambos lados, pero no una política de exterminio.
Revisionista / Crítica
José Bengoa, Jorge Pinto Rodríguez
Una guerra de conquista imperialista impulsada por intereses económicos de la élite. La violencia fue sistemática y el proceso constituyó un etnocidio y, para muchos, un genocidio.
Mapuche
Pablo Marimán, Sergio Caniuqueo
Una invasión y ocupación de un país soberano (Wallmapu). Se enfoca en la continuidad de la resistencia y enmarca el proceso como el inicio de una relación colonial que persiste.
7.3. Evidencias de la Devastación Demográfica
«Pasado el fragor de las batallas, comenzó el tiempo del miedo, de la peste, del hambre, de la pérdida de la identidad. […] Se calcula que entre veinte y treinta mil mapuches murieron de hambre y pestes entre 1881 y los primeros años del siglo XX.» – José Bengoa, historiador.
La población Mapuche, que se estimaba en cerca de medio millón de personas antes del proceso, sufrió un colapso. La combinación de muertes en combate, masacres, hambrunas post-despojo y epidemias de viruela y cólera —facilitadas por la desnutrición y el hacinamiento en las reducciones— provocó una catástrofe demográfica de la que el pueblo Mapuche tardaría más de un siglo en recuperarse.
8. El Impacto Total: La Desarticulación de la Sociedad Mapuche
La «Pacificación» provocó un quiebre estructural en todos los ámbitos de la vida Mapuche. Políticamente, la autoridad de los lonkos fue socavada, y las grandes alianzas territoriales se disolvieron. Económicamente, se transitó de una sociedad ganadera y agrícola próspera a una de subsistencia y pobreza endémica. Socialmente, la vida comunal se vio fracturada por la propiedad individual y la migración forzada a las ciudades, donde los Mapuche se convirtieron en un proletariado urbano discriminado. Culturalmente, la imposición de la escuela y la religión del Estado chileno inició un proceso de asimilación forzosa que amenazó la supervivencia del Mapudungun y la cosmovisión Mapuche.
9. Resistencia y Resiliencia Mapuche
A pesar de la devastación, el pueblo Mapuche nunca dejó de resistir. Tras la derrota militar, la resistencia se transformó. A principios del siglo XX surgieron las primeras organizaciones políticas modernas, como la Sociedad Caupolicán Defensora de la Araucanía y la Federación Araucana, que comenzaron a luchar por la restitución de tierras y los derechos civiles a través de medios legales y políticos. La memoria histórica y la identidad cultural se preservaron en la clandestinidad de la vida comunitaria y familiar, demostrando una extraordinaria resiliencia.
10. Legado y Deuda Histórica: Las Raíces del Conflicto Actual
La «Pacificación de la Araucanía» no es historia antigua; es el origen directo del conflicto que vive Chile hoy. Las demandas del movimiento Mapuche por territorio y autonomía se fundamentan en este despojo histórico. Conceptos como la «deuda histórica» del Estado chileno son centrales en el debate público. La Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato (2003) reconoció oficialmente el despojo y la violencia estatal como una violación de los derechos humanos y recomendó políticas de reparación que, en gran medida, siguen pendientes.
Los actuales conflictos con empresas forestales, la criminalización de la protesta social Mapuche mediante la aplicación de leyes antiterroristas y el debate sobre un Estado Plurinacional son ecos directos de este proceso de conquista no resuelto.
11. Análisis Comparativo: Araucanía, el «Desierto» Argentino y el Oeste Americano
El proceso chileno no fue un caso aislado. Ocurrió en paralelo a otras campañas de conquista de Estados-nación americanos sobre pueblos indígenas:
Conquista del Desierto (Argentina, 1878-1885): Casi simultánea y coordinada en ciertos aspectos con la chilena. Compartió la misma justificación ideológica (civilización vs. barbarie), las tácticas de guerra total y el objetivo de liberar tierras para la ganadería extensiva. También es calificada como genocida.
Guerras Indias (EE.UU., siglo XIX): El concepto de «Destino Manifiesto» justificó la expansión hacia el oeste. Procesos como el «Sendero de Lágrimas» y las masacres de Sand Creek o Wounded Knee, seguidos por el confinamiento en reservas, muestran patrones de despojo y violencia muy similares.
En todos los casos, los Estados nacionales emergentes utilizaron su superioridad militar y un marco legal autojustificatorio para despojar a los pueblos originarios de sus tierras, recursos y soberanía, dejando un legado de trauma y lucha por la justicia que continúa hasta hoy.
Conclusión: Una Historia por Reivindicar
La «Pacificación de la Araucanía» fue una guerra de conquista estatal que despojó a un pueblo de su territorio y buscó aniquilar su cultura. Comprenderla en toda su complejidad, con sus detalles militares, legales y humanos, es un deber para cualquier sociedad que aspire a la justicia. Reconocer este pasado no es reabrir heridas, sino comenzar a sanarlas sobre la base de la verdad y la reparación.
Semanas atrás tuvo lugar en Chile un histórico reconocimiento, como es la co-gobernanza entre comunidades indígenas, en este caso mapuches y organismos del estado para gestionar en forma conjunta un sector del Parque Nacional Villarrica.
Mientras en Argentina se pierden derechos indígenas, en Chile se otorga co-gobernanza Mapuche en un parque nacional (18 de diciembre, 2024 por Kay Pacha / Equipo Pueblos Originarios del SERPAJ) 8
Efectivamente, se firmó un convenio entre este parque y la Asociación de Comunidades Mapuche Winkulmapu de Kurarrewe, el CONAF, que es la Corporación Nacional Forestal y el Ministerio de Bienes Nacionales por el cual se creó un Consejo de Gobernanza y Gestión conjunta con comunidades indígenas para el sector Puesco Lanín del dicho Parque Nacional.
Mientras en Argentina se pierden derechos indígenas, en Chile se otorga co-gobernanza Mapuche en un parque nacional (18 de diciembre, 2024 por Kay Pacha / Equipo Pueblos Originarios del SERPAJ) 9
Esto es similar al sistema de co-manejo que hay entre la Confederación Mapuche de Neuquén y Parques Nacionales en el Parque Nacional Lanín.
Mientras en Argentina se pierden derechos indígenas, en Chile se otorga co-gobernanza Mapuche en un parque nacional (18 de diciembre, 2024 por Kay Pacha / Equipo Pueblos Originarios del SERPAJ) 10
De esta manera las comunidades mapuche tendrán una participación efectiva en la toma de decisiones referidas a la gestión de este sector del parque.
Mientras en Argentina se pierden derechos indígenas, en Chile se otorga co-gobernanza Mapuche en un parque nacional (18 de diciembre, 2024 por Kay Pacha / Equipo Pueblos Originarios del SERPAJ) 11
Cabe destacar que este convenio, como siempre, es el resultado de un proceso, que en este caso comenzó en 2017, cuando las comunidades mapuche decidieron ingresar al Parque para exigir sus derechos territoriales, porque anteriormente la restricción del acceso afectaba las prácticas y usos tradicionales del territorio, como ser la recolección del piñón.
El Parque Nacional Villarrica fue creado en 1940 y actualmente es uno de los más emblemáticos debido a su biodiversidad, sus paisajes volcánicos y su relevancia en la cultura mapuche.
Mientras en Argentina se pierden derechos indígenas, en Chile se otorga co-gobernanza Mapuche en un parque nacional (18 de diciembre, 2024 por Kay Pacha / Equipo Pueblos Originarios del SERPAJ) 12
Para explicarnos mejor todo este proceso vamos a escuchar el testimonio del hermano Simón Crisóstomo Loncopan, Inal Lonko del Lof Txankura y Presidente de la Asociación Mapuche Winkulmapu de Kurarewe, de Chile,
Mientras en Argentina se pierden derechos indígenas, en Chile se otorga co-gobernanza Mapuche en un parque nacional (18 de diciembre, 2024 por Kay Pacha / Equipo Pueblos Originarios del SERPAJ) 13
Tal como se venía amenazando, al final se derogó -a través del Decreto 1083- esta ley que fue sancionada a fines del 2006 y prorrogada varias veces. A pesar que se la consideraba de “emergencia” su prórroga se extendió por más de 15 años.
Otro artero ataque a los Pueblos Indígenas, se derogó la ley 26160 (14 de diciembre, 2024, par Kay Pacha / Equipo Pueblos Originarios del SERPAJ) 20
Y ahora, aún antes de asumir este gobierno, recordamos unas declaraciones de la vicepresidenta Villarruel en las que decía que esta ley no tendría que existir más.
Otro artero ataque a los Pueblos Indígenas, se derogó la ley 26160 (14 de diciembre, 2024, par Kay Pacha / Equipo Pueblos Originarios del SERPAJ) 21
Así que entre esto y los rumores que se venían escuchando, no nos llamó la atención esta medida, pero eso no quiere decir que no nos indigne y corrobore el odio y el racismo vigente contra las comunidades por parte de quienes están conduciendo los destinos de nuestro país. Es, como dicen muchxs hermanxs una campaña de genocidio y exterminio de los pueblos originarios.
Otro artero ataque a los Pueblos Indígenas, se derogó la ley 26160 (14 de diciembre, 2024, par Kay Pacha / Equipo Pueblos Originarios del SERPAJ) 22
Y claro, con esta medida, se habilita a que jueces o fiscales en complicidad con el poder de turno, con terratenientes que consiguieron títulos al menos en forma arbitraria o con poderosas empresas extractivas, avances sobre los territorios indígenas.
Otro artero ataque a los Pueblos Indígenas, se derogó la ley 26160 (14 de diciembre, 2024, par Kay Pacha / Equipo Pueblos Originarios del SERPAJ) 23
Pero bueno, esto nos obliga a estar más juntxs, a organizarnos mejor, a articular con distintas fuerzas para enfrentar la dura realidad que se avecina. Por eso en esta oportunidad nos pareció muy positivo difundir las palabras de Jorge Nahuel, histórico referente de la Confederación Mapuche de Neuquén en una entrevista que le hizo el hermano Oscar Moreno, a quien le agradecemos por aportarnos este muy interesante material.
Otro artero ataque a los Pueblos Indígenas, se derogó la ley 26160 (14 de diciembre, 2024, par Kay Pacha / Equipo Pueblos Originarios del SERPAJ) 24Otro artero ataque a los Pueblos Indígenas, se derogó la ley 26160 (14 de diciembre, 2024, par Kay Pacha / Equipo Pueblos Originarios del SERPAJ) 25
El Juez Federal Rafecas considera que el Juicio por la Verdad instado por la Lamngen Ivana Huenelaf contra la política de exterminio que implicó la campaña «Conquista del Desierto» debe tramitar ante la Justicia Federal de Neuquén.
La denuncia fue presentada por Ivana Noemi Huenelaf, mujer indígena Mapuche Tehuelche, por derecho propio y conjuntamente con su letrado patrocinante el abogado Fernando Cabaleiro. En su presentación, solicita que se inicie un Juicio por la Verdad para que se investigue la comisión de los hechos que encuadrarían dentro de la figura de “genocidio”, cometidos por el Estado Argentino durante los años 1878 y 1890 en lo que se denominó como política de Estado “Conquista del Desierto”, definiendo dicho proceso como un propósito sistemático planificado y premeditado de exterminar a todos los integrantes de los pueblos indígenas Mapuche, Tehuelche, Pampa y Ranquel que habitaban los territorios de la bio región patagónica-pampeana.
Allí se señala, que aquel plan “incluyó fusilamientos, desapariciones y abandono de personas indígenas, apremios ilegales, torturas, actos crueles inhumanos destinados a causar la muerte o graves daños a la integridad física y mental, reclutamiento de mujeres, ancianos, niños, niñas y adolescentes con traslados y desplazamientos forzosos a campos de concentración, disciplinamiento, despersonalización y cancelación del idioma, cultura y creencias procurando la sustracción de su identidad ancestral, disgregación y separación de las comunidades para evitar nacimientos en el seno de las familias indígenas, apropiación de menores y luego sometimiento a la servidumbre, trata de personas y hasta esclavitud”.
Refiere también que “Si bien los autores intelectuales y materiales de todos los delitos cometidos dentro de la Campaña “Conquista del Desierto” han fallecido, hay una responsabilidad del Estado Argentino por las consecuencias dañosas atroces, perversas y sanguinarias que aquella ha representado y representa en la memoria viva de cada integrante del pueblo mapuche, tehuelche, ranquel y pampa la que recrudece inevitablemente al no haber existido justicia ni siquiera un reconocimiento explícito del Estado Argentino del Genocidio que dicha campaña ha significado, con la constante política negacionista de los derechos de los pueblos originarios a la verdad y reparación histórica, a su propia identidad, a la recuperación de sus territorios ancestrales y al desarrollo de la personalidad y cosmovisión indígena, derechos humanos cuya violación persiste a pesar del texto constitucional”.
En ese sentido, solicita que se dicte una sentencia declarativa en referencia a todo el proceso denominado “Conquista del Desierto” como un genocidio y se dispongan por la jurisdicción las medidas ordenatorias y actos reparatorios que por derecho correspondan. Seguidamente, destaca diversos trabajos de investigación que documentan el genocidio que representó la “Conquista del Desierto”, tratándose de investigaciones y tesis doctorales realizadas por historiadores/as, antropólogos/as, sociólogos/as, politólogos/as, que abordan la cuestión indígena en nuestro país, “que posibilitaron analizar, revisar, sistematizar datos y documentos que refieren a dicha temática permitiendo así reconstruir y revelar fiel y objetivamente hechos que forman parte de procesos históricos que habían quedado subsumidos, silenciados, no narrados ante la supremacía de los relatos oficiales emanados de los propios estamentos estatales, con un fin inaceptable de presentar a la Conquista del Desierto como un plan civilizatorio (inclusive en los contenidos curriculares de los niveles medios y universitarios del sistema de educación pública), y que a la luz de la plena vigencia de los derechos humanos que la propia Constitución Nacional de la Argentina vigente desde el año 1853, tiene una clara e inobjetable entidad genocida”.
Luego, como antecedente hace referencia a la Masacre de Napalpí, que en el juicio por la verdad se declaró que existió responsabilidad del Estado Nacional Argentino «en el proceso de planificación, ejecución y encubrimiento en la comisión del delito de homicidio agravado con ensañamiento con impulsos de perversidad brutal (art. 80, inc. 2 del C.P-según redacción 1921-) en reiteración de hechos que concursan entre sí, y reducción a la servidumbre (art. 140 CP) en reiteración de hechos que concursan entre sí, ambos en concurso real (art. 55 del CP.)-, por el cual resultaron asesinadas entre 400 y 500 personas de los pueblos Moqovit y Qom en la Reducción de Indios Napalpí ubicada en Territorio Nacional del Chaco.».
En cuanto a la competencia territorial, señala que “si bien estamos ante la presencia de varios hechos atroces ocurridos en varias jurisdicciones (entre ellas la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), consideramos que los mismos forman parte de un plan sistemático genocida conformando un plexo de acción que tiene como origen los actos estatales emanados desde el Poder Ejecutivo Nacional, ello es, las instrucciones impartidas el mismo Presidente de la Nación Nicolás Avellaneda y por el Ministro de Guerra de la Nación Julio Argentino Roca con asiento en la ciudad de Buenos Aires para la ejecución de las expediciones que formaron parte de la Conquista del Desierto”, solicitando la unificación de la investigación de los hechos ante esa jurisdicción.
“El hecho denunciado llegó a un punto en el que no hay elementos en esta jurisdicción que justifiquen que la investigación continúe en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entendiendo que es la Justicia Federal de la Provincia de Neuquén que debe abocarse al estudio de la presente. Considero que eventuales probanzas que pudieran llegar a desarrollarse en estos autos (como ser archivos pertenecientes a la provincia donde se habrían desarrollado los hechos, la verificación de antecedentes de los registros de los pueblos originarios mediante algún sistema de censo efectuado ante dicha provincia, constancias de partidas de nacimiento que acrediten dichos vínculos, entre otros) tendrán su epicentro en la Provincia de Neuquén.”, dijo el Juez Rafecas.
Científicas sociales del CONICET comparten sus estudios culturales y vivencias en relación a las lenguas de los pueblos originarios / lenguas indígenas de Argentina
CONICET/DICYT Cancha, poncho, gaucho, morocho, carpa, vincha, pucho… una gran cantidad de palabras de nuestra habla cotidiana provienen del quechua, lengua incaica que desde hace quinientos años tiene contacto con el castellano. El quechua es una lengua originaria con gran vitalidad, en sus distintas variantes, en algunos territorios de Argentina, Bolivia, Perú, Brasil, Chile, Colombia y Ecuador. Sin embargo, esta no es la única: en Argentina hoy se hablan al menos catorce lenguas indígenas, de las treinta y cinco que se hablaban antes de la llegada de los españoles. ¿Qué se conoce sobre ellas? ¿Por qué es importante cuidarlas, valorarlas y promoverlas?
“En nuestro país, tenemos 39 pueblos indígenas –mbyá-guaraní, mocoví, pilagá, toba-qom, wichí, huarpe, entre otros–, algunos son numerosos y otros más pequeños. Según las estimaciones del último censo poblacional (INDEC, 2010), de los 40 millones de habitantes, el 2,4 % se declara indígena, es decir, más de 950 mil personas”, explican las antropólogas e investigadoras del CONICET Ana Carolina Hecht, Noelia Enriz y Mariana García Palacios.
Carolina estudia la socialización lingüística, la vitalidad y el desplazamiento de la lengua toba qom en distintos espacios (familiar doméstico, escolar) en comunidades qom urbanas de la provincia de Buenos Aires del Chaco; Noelia trabaja con comunidades mbyá-guaraní en Misiones investigando los saberes que circulan tanto dentro como fuera de la escuela intercultural bilingüe, y Mariana analiza cómo los niños de barrios qom de Buenos Aires y del Chaco construyen sus conocimientos del mundo social, especialmente los religiosos, en contextos comunitarios y escolares interculturales. Juntas participan del proyecto “Interculturalidad y educación en comunidades toba/qom y mbyá-guaraní de Argentina: una aproximación histórico-etnográfica a la diversidad étnica y lingüística en las escuelas”, que forma parte del Programa de Antropología y Educación de la Universidad de Buenos Aires.
Sus investigaciones las han llevado incluso a tener experiencias de cohabitación durante el trabajo de campo. “Yo me quedaba un tiempo con la población con la que estaba trabajando. También hacemos observación participante: formamos parte de las actividades de las comunidades”, relata Noelia. “Tratamos de desarrollar actividades que nos demandan las mismas comunidades,” –agrega Carolina– “por ejemplo, charlas y talleres en escuelas bilingües interculturales y en institutos de formación docente en donde debatimos sobre interculturalidad, niñez indígena, lenguas en contacto, diversidad y desigualdad”.
Lenguas indígenas y territorio
Según las científicas, las lenguas indígenas argentinas son las que provienen de familias lingüísticas oriundas de nuestro territorio; al mismo tiempo, también existen otras lenguas que se hablan en Argentina pero que fueron traídas por la acción migrante de países limítrofes. “Los pueblos indígenas siempre son más numerosos que las lenguas indígenas porque muchos pueblos han dejado de hablar sus propias lenguas como consecuencia de procesos históricos de invisibilización, discriminación, negación, sometimiento, entre otros factores”, señala Hecht.
En la actualidad, el abanico de situaciones es muy diverso: lenguas que ya no se hablan, otras que tienen un solo recordante, situaciones de bilingüismo, comunidades indígenas en las que predomina el español, comunidades en donde la lengua indígena se mantiene vital en el medio familiar y comunitario. “Esas situaciones pueden incluso atravesar un mismo pueblo: niños qom que hablan español como primera lengua y otros que tienen el español como segunda”, agrega Mariana.
La población mbyá es un caso muy particular. Tiene su propia lengua y habita en Misiones, en parte de Paraguay y Brasil. La lengua oral les permite a sus hablantes comunicarse en los tres países como lengua franca. Sin embargo, se escribe de manera distinta en los tres territorios. “En uno, tiene influencia del portugués; en Paraguay, del guaraní estándar, y aquí del castellano, –cuenta Noelia– por ejemplo, lo que para nosotros suena ‘ch’, en Brasil se escribe con ‘x’. Esto muestra la complejidad de la lengua indígena”.
El enorme desafío de la escuela
Todo este complejo escenario representa un gran desafío para la Educación Intercultural Bilingüe (EIB), modalidad del sistema educativo que garantiza el derecho constitucional de los pueblos indígenas. Plasmada en la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 (capítulo XI, artículo 52), la EIB “promueve un diálogo mutuamente enriquecedor de conocimientos y valores entre los pueblos indígenas y poblaciones étnica, lingüística y culturalmente diferentes, y propicia el reconocimiento y el respeto hacia tales diferencias”.
Sin embargo, las investigadoras perciben que estas situaciones dispares y llenas de matices por las que están atravesando las lenguas indígenas no son siempre contempladas en las políticas educativas. “La legislación de la EIB está más bien orientada a niños indígenas que habitan en contextos rurales, hablan la lengua indígena y tienen muy poco contacto con el español. Mientras que la situación más generalizada en el contexto actual muestra niños indígenas en contextos urbanos, con distinto dominio de la lengua indígena”, manifiesta Carolina.
Para las científicas sociales lo ideal sería que esas legislaciones contemplasen la diversidad de realidades y matices sociales. “La educación intercultural bilingüe debería ser un desafío del que todos participemos; una forma educativa para toda la sociedad argentina y no solo para las poblaciones étnicamente marcadas; y así dar cuenta de que Argentina es un país multicultural. Además habría que pensar intervenciones en las que participen las propias comunidades, y no solo intervenciones desde afuera”.
Reconocer la historia para mirar el futuro
“El hecho de que un pueblo ya no esté hablando activamente su lengua en la actualidad, no lo hace menos indígena”, plantea Carolina quien trae a colación la dimensión histórica para analizar esta cuestión. “Ciertos procesos históricos fueron los que condicionaron las distintas situaciones que tenemos hoy en día. Si solo miramos desde el presente, vamos a tender a jerarquizar las situaciones actuales sin tener en cuenta los procesos que llevaron a que esas situaciones existan. Las vinculaciones entre lengua e identidad son siempre muy complejas, porque incluso, en la escuela, muchas personas son vistas como menos indígenas por no hablar la lengua indígena”. “La lengua es importante para la identificación de los pueblos pero, a su vez, no es el único rasgo de identificación”, añade Mariana.
Noelia se pregunta: “¿Por qué no mantener la riqueza cultural de un país? ¿Por qué negarla? ¿Por qué pedirles a las personas que sean otra cosa? La diversidad es patrimonio argentino. No hay nada que nos haga pensar que atentar contra la diversidad no sea pernicioso para la sociedad. Además, en este caso, la diversidad tiene que ver con los orígenes del espacio en donde el país se desarrolla en la actualidad y estas poblaciones son previas a los estados-nación”.
Para cuidar y proteger la diversidad lingüística, “primero tendría que haber una planificación lingüística y políticas educativas que partan de este complejo escenario actual”, sintetizan. Por eso, “sería interesante propiciar más espacios en donde se reflexionen y debatan estas cuestiones para ir desarmando ideas que están muy cristalizadas en el sentido común más generalizado” y, finamente, fortalecer la legislación en Educación Intercultural Bilingüe para que no sea solo un ideal sino que se materialice en la práctica en todo el territorio nacional.
