Semanas atrás tuvo lugar en Chile un histórico reconocimiento, como es la co-gobernanza entre comunidades indígenas, en este caso mapuches y organismos del estado para gestionar en forma conjunta un sector del Parque Nacional Villarrica.
Mientras en Argentina se pierden derechos indígenas, en Chile se otorga co-gobernanza Mapuche en un parque nacional (18 de diciembre, 2024 por Kay Pacha / Equipo Pueblos Originarios del SERPAJ) 7
Efectivamente, se firmó un convenio entre este parque y la Asociación de Comunidades Mapuche Winkulmapu de Kurarrewe, el CONAF, que es la Corporación Nacional Forestal y el Ministerio de Bienes Nacionales por el cual se creó un Consejo de Gobernanza y Gestión conjunta con comunidades indígenas para el sector Puesco Lanín del dicho Parque Nacional.
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Esto es similar al sistema de co-manejo que hay entre la Confederación Mapuche de Neuquén y Parques Nacionales en el Parque Nacional Lanín.
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De esta manera las comunidades mapuche tendrán una participación efectiva en la toma de decisiones referidas a la gestión de este sector del parque.
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Cabe destacar que este convenio, como siempre, es el resultado de un proceso, que en este caso comenzó en 2017, cuando las comunidades mapuche decidieron ingresar al Parque para exigir sus derechos territoriales, porque anteriormente la restricción del acceso afectaba las prácticas y usos tradicionales del territorio, como ser la recolección del piñón.
El Parque Nacional Villarrica fue creado en 1940 y actualmente es uno de los más emblemáticos debido a su biodiversidad, sus paisajes volcánicos y su relevancia en la cultura mapuche.
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Para explicarnos mejor todo este proceso vamos a escuchar el testimonio del hermano Simón Crisóstomo Loncopan, Inal Lonko del Lof Txankura y Presidente de la Asociación Mapuche Winkulmapu de Kurarewe, de Chile,
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Tal como se venía amenazando, al final se derogó -a través del Decreto 1083- esta ley que fue sancionada a fines del 2006 y prorrogada varias veces. A pesar que se la consideraba de “emergencia” su prórroga se extendió por más de 15 años.
Otro artero ataque a los Pueblos Indígenas, se derogó la ley 26160 (14 de diciembre, 2024, par Kay Pacha / Equipo Pueblos Originarios del SERPAJ) 19
Y ahora, aún antes de asumir este gobierno, recordamos unas declaraciones de la vicepresidenta Villarruel en las que decía que esta ley no tendría que existir más.
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Así que entre esto y los rumores que se venían escuchando, no nos llamó la atención esta medida, pero eso no quiere decir que no nos indigne y corrobore el odio y el racismo vigente contra las comunidades por parte de quienes están conduciendo los destinos de nuestro país. Es, como dicen muchxs hermanxs una campaña de genocidio y exterminio de los pueblos originarios.
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Y claro, con esta medida, se habilita a que jueces o fiscales en complicidad con el poder de turno, con terratenientes que consiguieron títulos al menos en forma arbitraria o con poderosas empresas extractivas, avances sobre los territorios indígenas.
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Pero bueno, esto nos obliga a estar más juntxs, a organizarnos mejor, a articular con distintas fuerzas para enfrentar la dura realidad que se avecina. Por eso en esta oportunidad nos pareció muy positivo difundir las palabras de Jorge Nahuel, histórico referente de la Confederación Mapuche de Neuquén en una entrevista que le hizo el hermano Oscar Moreno, a quien le agradecemos por aportarnos este muy interesante material.
Otro artero ataque a los Pueblos Indígenas, se derogó la ley 26160 (14 de diciembre, 2024, par Kay Pacha / Equipo Pueblos Originarios del SERPAJ) 23Otro artero ataque a los Pueblos Indígenas, se derogó la ley 26160 (14 de diciembre, 2024, par Kay Pacha / Equipo Pueblos Originarios del SERPAJ) 24
El Juez Federal Rafecas considera que el Juicio por la Verdad instado por la Lamngen Ivana Huenelaf contra la política de exterminio que implicó la campaña «Conquista del Desierto» debe tramitar ante la Justicia Federal de Neuquén.
La denuncia fue presentada por Ivana Noemi Huenelaf, mujer indígena Mapuche Tehuelche, por derecho propio y conjuntamente con su letrado patrocinante el abogado Fernando Cabaleiro. En su presentación, solicita que se inicie un Juicio por la Verdad para que se investigue la comisión de los hechos que encuadrarían dentro de la figura de “genocidio”, cometidos por el Estado Argentino durante los años 1878 y 1890 en lo que se denominó como política de Estado “Conquista del Desierto”, definiendo dicho proceso como un propósito sistemático planificado y premeditado de exterminar a todos los integrantes de los pueblos indígenas Mapuche, Tehuelche, Pampa y Ranquel que habitaban los territorios de la bio región patagónica-pampeana.
Allí se señala, que aquel plan “incluyó fusilamientos, desapariciones y abandono de personas indígenas, apremios ilegales, torturas, actos crueles inhumanos destinados a causar la muerte o graves daños a la integridad física y mental, reclutamiento de mujeres, ancianos, niños, niñas y adolescentes con traslados y desplazamientos forzosos a campos de concentración, disciplinamiento, despersonalización y cancelación del idioma, cultura y creencias procurando la sustracción de su identidad ancestral, disgregación y separación de las comunidades para evitar nacimientos en el seno de las familias indígenas, apropiación de menores y luego sometimiento a la servidumbre, trata de personas y hasta esclavitud”.
Refiere también que “Si bien los autores intelectuales y materiales de todos los delitos cometidos dentro de la Campaña “Conquista del Desierto” han fallecido, hay una responsabilidad del Estado Argentino por las consecuencias dañosas atroces, perversas y sanguinarias que aquella ha representado y representa en la memoria viva de cada integrante del pueblo mapuche, tehuelche, ranquel y pampa la que recrudece inevitablemente al no haber existido justicia ni siquiera un reconocimiento explícito del Estado Argentino del Genocidio que dicha campaña ha significado, con la constante política negacionista de los derechos de los pueblos originarios a la verdad y reparación histórica, a su propia identidad, a la recuperación de sus territorios ancestrales y al desarrollo de la personalidad y cosmovisión indígena, derechos humanos cuya violación persiste a pesar del texto constitucional”.
En ese sentido, solicita que se dicte una sentencia declarativa en referencia a todo el proceso denominado “Conquista del Desierto” como un genocidio y se dispongan por la jurisdicción las medidas ordenatorias y actos reparatorios que por derecho correspondan. Seguidamente, destaca diversos trabajos de investigación que documentan el genocidio que representó la “Conquista del Desierto”, tratándose de investigaciones y tesis doctorales realizadas por historiadores/as, antropólogos/as, sociólogos/as, politólogos/as, que abordan la cuestión indígena en nuestro país, “que posibilitaron analizar, revisar, sistematizar datos y documentos que refieren a dicha temática permitiendo así reconstruir y revelar fiel y objetivamente hechos que forman parte de procesos históricos que habían quedado subsumidos, silenciados, no narrados ante la supremacía de los relatos oficiales emanados de los propios estamentos estatales, con un fin inaceptable de presentar a la Conquista del Desierto como un plan civilizatorio (inclusive en los contenidos curriculares de los niveles medios y universitarios del sistema de educación pública), y que a la luz de la plena vigencia de los derechos humanos que la propia Constitución Nacional de la Argentina vigente desde el año 1853, tiene una clara e inobjetable entidad genocida”.
Luego, como antecedente hace referencia a la Masacre de Napalpí, que en el juicio por la verdad se declaró que existió responsabilidad del Estado Nacional Argentino «en el proceso de planificación, ejecución y encubrimiento en la comisión del delito de homicidio agravado con ensañamiento con impulsos de perversidad brutal (art. 80, inc. 2 del C.P-según redacción 1921-) en reiteración de hechos que concursan entre sí, y reducción a la servidumbre (art. 140 CP) en reiteración de hechos que concursan entre sí, ambos en concurso real (art. 55 del CP.)-, por el cual resultaron asesinadas entre 400 y 500 personas de los pueblos Moqovit y Qom en la Reducción de Indios Napalpí ubicada en Territorio Nacional del Chaco.».
En cuanto a la competencia territorial, señala que “si bien estamos ante la presencia de varios hechos atroces ocurridos en varias jurisdicciones (entre ellas la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), consideramos que los mismos forman parte de un plan sistemático genocida conformando un plexo de acción que tiene como origen los actos estatales emanados desde el Poder Ejecutivo Nacional, ello es, las instrucciones impartidas el mismo Presidente de la Nación Nicolás Avellaneda y por el Ministro de Guerra de la Nación Julio Argentino Roca con asiento en la ciudad de Buenos Aires para la ejecución de las expediciones que formaron parte de la Conquista del Desierto”, solicitando la unificación de la investigación de los hechos ante esa jurisdicción.
“El hecho denunciado llegó a un punto en el que no hay elementos en esta jurisdicción que justifiquen que la investigación continúe en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entendiendo que es la Justicia Federal de la Provincia de Neuquén que debe abocarse al estudio de la presente. Considero que eventuales probanzas que pudieran llegar a desarrollarse en estos autos (como ser archivos pertenecientes a la provincia donde se habrían desarrollado los hechos, la verificación de antecedentes de los registros de los pueblos originarios mediante algún sistema de censo efectuado ante dicha provincia, constancias de partidas de nacimiento que acrediten dichos vínculos, entre otros) tendrán su epicentro en la Provincia de Neuquén.”, dijo el Juez Rafecas.
Científicas sociales del CONICET comparten sus estudios culturales y vivencias en relación a las lenguas de los pueblos originarios / lenguas indígenas de Argentina
CONICET/DICYT Cancha, poncho, gaucho, morocho, carpa, vincha, pucho… una gran cantidad de palabras de nuestra habla cotidiana provienen del quechua, lengua incaica que desde hace quinientos años tiene contacto con el castellano. El quechua es una lengua originaria con gran vitalidad, en sus distintas variantes, en algunos territorios de Argentina, Bolivia, Perú, Brasil, Chile, Colombia y Ecuador. Sin embargo, esta no es la única: en Argentina hoy se hablan al menos catorce lenguas indígenas, de las treinta y cinco que se hablaban antes de la llegada de los españoles. ¿Qué se conoce sobre ellas? ¿Por qué es importante cuidarlas, valorarlas y promoverlas?
“En nuestro país, tenemos 39 pueblos indígenas –mbyá-guaraní, mocoví, pilagá, toba-qom, wichí, huarpe, entre otros–, algunos son numerosos y otros más pequeños. Según las estimaciones del último censo poblacional (INDEC, 2010), de los 40 millones de habitantes, el 2,4 % se declara indígena, es decir, más de 950 mil personas”, explican las antropólogas e investigadoras del CONICET Ana Carolina Hecht, Noelia Enriz y Mariana García Palacios.
Carolina estudia la socialización lingüística, la vitalidad y el desplazamiento de la lengua toba qom en distintos espacios (familiar doméstico, escolar) en comunidades qom urbanas de la provincia de Buenos Aires del Chaco; Noelia trabaja con comunidades mbyá-guaraní en Misiones investigando los saberes que circulan tanto dentro como fuera de la escuela intercultural bilingüe, y Mariana analiza cómo los niños de barrios qom de Buenos Aires y del Chaco construyen sus conocimientos del mundo social, especialmente los religiosos, en contextos comunitarios y escolares interculturales. Juntas participan del proyecto “Interculturalidad y educación en comunidades toba/qom y mbyá-guaraní de Argentina: una aproximación histórico-etnográfica a la diversidad étnica y lingüística en las escuelas”, que forma parte del Programa de Antropología y Educación de la Universidad de Buenos Aires.
Sus investigaciones las han llevado incluso a tener experiencias de cohabitación durante el trabajo de campo. “Yo me quedaba un tiempo con la población con la que estaba trabajando. También hacemos observación participante: formamos parte de las actividades de las comunidades”, relata Noelia. “Tratamos de desarrollar actividades que nos demandan las mismas comunidades,” –agrega Carolina– “por ejemplo, charlas y talleres en escuelas bilingües interculturales y en institutos de formación docente en donde debatimos sobre interculturalidad, niñez indígena, lenguas en contacto, diversidad y desigualdad”.
Lenguas indígenas y territorio
Según las científicas, las lenguas indígenas argentinas son las que provienen de familias lingüísticas oriundas de nuestro territorio; al mismo tiempo, también existen otras lenguas que se hablan en Argentina pero que fueron traídas por la acción migrante de países limítrofes. “Los pueblos indígenas siempre son más numerosos que las lenguas indígenas porque muchos pueblos han dejado de hablar sus propias lenguas como consecuencia de procesos históricos de invisibilización, discriminación, negación, sometimiento, entre otros factores”, señala Hecht.
En la actualidad, el abanico de situaciones es muy diverso: lenguas que ya no se hablan, otras que tienen un solo recordante, situaciones de bilingüismo, comunidades indígenas en las que predomina el español, comunidades en donde la lengua indígena se mantiene vital en el medio familiar y comunitario. “Esas situaciones pueden incluso atravesar un mismo pueblo: niños qom que hablan español como primera lengua y otros que tienen el español como segunda”, agrega Mariana.
La población mbyá es un caso muy particular. Tiene su propia lengua y habita en Misiones, en parte de Paraguay y Brasil. La lengua oral les permite a sus hablantes comunicarse en los tres países como lengua franca. Sin embargo, se escribe de manera distinta en los tres territorios. “En uno, tiene influencia del portugués; en Paraguay, del guaraní estándar, y aquí del castellano, –cuenta Noelia– por ejemplo, lo que para nosotros suena ‘ch’, en Brasil se escribe con ‘x’. Esto muestra la complejidad de la lengua indígena”.
El enorme desafío de la escuela
Todo este complejo escenario representa un gran desafío para la Educación Intercultural Bilingüe (EIB), modalidad del sistema educativo que garantiza el derecho constitucional de los pueblos indígenas. Plasmada en la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 (capítulo XI, artículo 52), la EIB “promueve un diálogo mutuamente enriquecedor de conocimientos y valores entre los pueblos indígenas y poblaciones étnica, lingüística y culturalmente diferentes, y propicia el reconocimiento y el respeto hacia tales diferencias”.
Sin embargo, las investigadoras perciben que estas situaciones dispares y llenas de matices por las que están atravesando las lenguas indígenas no son siempre contempladas en las políticas educativas. “La legislación de la EIB está más bien orientada a niños indígenas que habitan en contextos rurales, hablan la lengua indígena y tienen muy poco contacto con el español. Mientras que la situación más generalizada en el contexto actual muestra niños indígenas en contextos urbanos, con distinto dominio de la lengua indígena”, manifiesta Carolina.
Para las científicas sociales lo ideal sería que esas legislaciones contemplasen la diversidad de realidades y matices sociales. “La educación intercultural bilingüe debería ser un desafío del que todos participemos; una forma educativa para toda la sociedad argentina y no solo para las poblaciones étnicamente marcadas; y así dar cuenta de que Argentina es un país multicultural. Además habría que pensar intervenciones en las que participen las propias comunidades, y no solo intervenciones desde afuera”.
Reconocer la historia para mirar el futuro
“El hecho de que un pueblo ya no esté hablando activamente su lengua en la actualidad, no lo hace menos indígena”, plantea Carolina quien trae a colación la dimensión histórica para analizar esta cuestión. “Ciertos procesos históricos fueron los que condicionaron las distintas situaciones que tenemos hoy en día. Si solo miramos desde el presente, vamos a tender a jerarquizar las situaciones actuales sin tener en cuenta los procesos que llevaron a que esas situaciones existan. Las vinculaciones entre lengua e identidad son siempre muy complejas, porque incluso, en la escuela, muchas personas son vistas como menos indígenas por no hablar la lengua indígena”. “La lengua es importante para la identificación de los pueblos pero, a su vez, no es el único rasgo de identificación”, añade Mariana.
Noelia se pregunta: “¿Por qué no mantener la riqueza cultural de un país? ¿Por qué negarla? ¿Por qué pedirles a las personas que sean otra cosa? La diversidad es patrimonio argentino. No hay nada que nos haga pensar que atentar contra la diversidad no sea pernicioso para la sociedad. Además, en este caso, la diversidad tiene que ver con los orígenes del espacio en donde el país se desarrolla en la actualidad y estas poblaciones son previas a los estados-nación”.
Para cuidar y proteger la diversidad lingüística, “primero tendría que haber una planificación lingüística y políticas educativas que partan de este complejo escenario actual”, sintetizan. Por eso, “sería interesante propiciar más espacios en donde se reflexionen y debatan estas cuestiones para ir desarmando ideas que están muy cristalizadas en el sentido común más generalizado” y, finamente, fortalecer la legislación en Educación Intercultural Bilingüe para que no sea solo un ideal sino que se materialice en la práctica en todo el territorio nacional.
