Son espacios marinos delimitados, cuya administración es entregada a comunidades indígenas o asociaciones de ellas que han ejercido el uso consuetudinario de dicho espacio constatado por CONADI.
Pueden solicitar estos espacios aquellas comunidades indígenas inscritas en el registro de CONADI.
La delimitación necesaria está determinada por la superficie que asegure el ejercicio del uso tradicionalmente realizado. Dicho espacio costero será entregado en destinación por la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, quien suscribirá un convenio de uso con la asociación de comunidades o comunidad asignataria una vez que la comisión intersectorial apruebe el plan de administración que presente la comunidad o asociación de comunidades.
El uso y administración del ECMPO estará a cargo de la asociación o comunidad a la cual se le aprobó el plan de administración. En dicho plan se detallan las actividades a realizar, los usuarios y los demás requisitos que establece el reglamento. La duración de la administración de un espacio costero es de carácter indefinida, a menos que se efectúen incumplimiento o infracciones.
Se entiende por derecho consuetudinario aquellas prácticas o conductas realizadas por las comunidades de manera habitual y que forman parte de su cultura, tales como religiosas, económicas, recreativas, entre otras.
Amnistía Internacional presentó un Informe sobre retrocesos en Derechos Humanos promovidos por el Gobierno de Milei. Pobreza, jubilados, represión de las protestas, cibervigilancia, mujeres y pueblos originarios, entre las áreas más afectadas.
La oficina argentina de Amnistía Internacional acaba de publicar un informe que describe derechos perdidos o amenazados durante el primer año de gestión del Gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel.
“A lo largo de este año, las políticas de ajuste económico y reformas promovidas por el Gobierno han impactado negativamente en la vida de millones de personas, especialmente las más vulnerables, exacerbando las desigualdades y restringiendo libertades fundamentales.”, señala la introducción.
El índice del relevamiento señala los siguientes ítems: Pobreza; Jubilados; Libertad de expresión; Libertad de reunión y asociación; Cibervigilancia; Transparencia y acceso a la información pública; Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; Derechos sexuales y reproductivos; Educación sexual integral; Diversidad: Colectivo LGBTIQ+; Crisis climática y Pueblos originarios. Además, el organismo internacional dedica un anexo a la política exterior en materia de derechos humanos.
El trabajo se suma a los ya publicados de la Red Federal por la Democracia y los Derechos Humanos y la Comisión Provincial por la Memoria, que también advierten sobre la gravedad de la situación.
“Lo precedente son apenas algunas muestras del clima de polarización y violencia que ha generado la gestión de Gobierno en estos 12 meses. El llamado es claro: Es imperativo proteger y promover los derechos de todas las personas en Argentina.”, dicen las conclusiones.
Canal Abierto reproduce una síntesis de cada uno de los derechos afectados
1- Pobreza: El índice de pobreza aumentó del 41,7% al 52,9%, dejando a más de 15 millones de personas bajo la línea de pobreza, y más de un millón de niños sin acceso a una cena diaria. Las políticas de ajuste económico han recaído desproporcionadamente sobre mujeres y sectores de bajos ingresos.
2- Jubilados: Las jubilaciones mínimas no alcanzan a cubrir la canasta básica, dejando a millones de adultos mayores en situación de extrema vulnerabilidad. El veto presidencial a una ley de actualización previsional profundizó la crisis en este sector.
3- Libertad de expresión: La hostilidad hacia las y los periodistas, el uso de discursos confrontativos y la desinformación han generado un clima de intimidación y censura, afectando gravemente el debate democrático. Un apartado especial recupera el impacto de la violencia digital en las periodistas mujeres.
4- Libertad de reunión y manifestación: el derecho a la protesta pacífica está en peligro por medidas como el Protocolo para el mantenimiento del orden público y por la actuación de las fuerzas que incluyó el uso desproporcionado de balas de goma y gases lacrimógenos, causando graves lesiones. También se denuncian detenciones arbitrarias, criminalización de manifestantes y agresiones a periodistas, incluso identificados con credenciales de prensa.
5- Cibervigilancia y privacidad: la creación de la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (UIAAS) plantea riesgos de vigilancia masiva y perfilamiento discriminatorio. Estas prácticas afectan derechos fundamentales como la privacidad, la igualdad y la libertad de expresión, condicionando el debate público y generando discriminación.
6- Restricción al acceso a la información pública: El Decreto 780/2024 amplía la opacidad estatal al clasificar más datos como secretos, limitar la divulgación de información pública y aumentar la discrecionalidad de los funcionarios. Esta medida vulnera la transparencia, afecta derechos fundamentales y dificulta la rendición de cuentas.
7- Derechos de las mujeres y diversidad: Se reporta un retroceso en políticas de igualdad de género, derechos reproductivos y la protección contra la violencia hacia mujeres y personas del colectivo LGBTIQ+.
8- Derechos sexuales y reproductivos: A tres años de la sanción de la Ley de Interrupción del Embarazo (ley 27.610), hay sobrada evidencia de su impacto positivo en la salud de mujeres, niñas y adolescentes. Desde 2021 hasta octubre de 2023, 245.015 personas accedieron a un aborto seguro en el Sistema Público de Salud. Además, las muertes por aborto disminuyeron en un 53% entre 2020 y 2022. El acceso temprano a información, a insumos, y a Servicios de Salud Sexual y Reproductiva de calidad, contribuye a que se produzcan durante el primer trimestre de gestación. Sin embargo, desde la asunción de la nueva gestión se desfinanció la implementación de esta política y se ha puesto en riesgo el pleno y efectivo acceso al aborto para niñas, adolescentes, mujeres y personas con capacidad de gestar en Argentina.
9- Diversidad: Las personas LGBTI+ han logrado grandes avances en materia de reconocimiento de derechos, fruto de la lucha colectiva del movimiento de la diversidad en la Argentina. Sin embargo, pese a que el país cuenta con leyes de avanzada, la discriminación sistémica y la expulsión del acceso a la vivienda, a la educación, a la salud o al trabajo que la población LGTBI+ debe enfrentar tiene un impacto profundo en sus condiciones de vida. Producto de la misma batalla cultural, en los últimos tiempos, se han exacerbado los discursos discriminatorios que patologizan y deshumanizan a las personas LGBTIQ+, incitando a la violencia y crímenes de odio.
10- Educación Sexual Integral: La sostenibilidad de la educación sexual integral (ESI) es otra de las batallas que este Gobierno parece enfrentar.
Desde el mes de diciembre se encuentran paralizadas las capacitaciones y talleres de formación docente en ESI a través del INFOD (Instituto Nacional de Formación Docente), pese a que 7 de cada 10 docentes sostienen que necesitan más capacitación en los ejes de violencia de género, abuso sexual contra las infancias, diversidad sexual e identidad de género.
Además, se advierte un profundo desfinanciamiento de los equipos provinciales de ESI lo que puede traer aparejado el desmantelamiento del Programa Nacional de Educación Sexual Integral a nivel federal, implicando un enorme retroceso para el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
11- Crisis climática: La posición del Gobierno actual ha sido la de negar el cambio climático.
Sin embargo, la ciencia es clara en cuanto a que el tiempo se está agotando rápidamente para evitar los peores impactos del cambio climático sobre los derechos humanos y los desastres no naturales que está causando o a los que contribuye, que afectan desproporcionadamente a las poblaciones más marginadas. El mundo entero necesita compromisos y acciones urgentes, concretas, audaces y coherentes para limitar el calentamiento global a 1,5 °C, lo que requiere una eliminación gradual, completa, rápida, justa y financiada de los combustibles fósiles en todos los sectores, sin depender de tecnologías arriesgadas y no probadas o compensaciones que no conducen a reducciones genuinas de las emisiones.
Amenazas a leyes medioambientales:
El proyecto de Ley Ómnibus incluyó en sus múltiples articulados reformas regresivas en leyes clave para la protección del medio ambiente, con impacto directo en la población.
Ley de Bosques: habilitación de desforestación en zonas actualmente protegidas.
Ley de Glaciares: reducción de la actual definición amplia otorgada por la legislación vigente con la potencial habilitación de actividad minera en la zona periglaciar.
Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para el Control de Actividades de Quema: habilitación de la ‘quema tácita’ tras el plazo de 90 días sin mediar autorización estatal y desfinanciamiento del Servicio Nacional de Manejo del Fuego.
Ley de Hidrocarburos: priorización de la renta por sobre las necesidades del mercado interno y la protección de la sustentabilidad de las reservas, ausencia de salvaguardas ambientales.
12- Pueblos originarios: La falta de políticas efectivas frente al cambio climático y los conflictos territoriales ha dejado a comunidades indígenas expuestas y desprotegidas.
Otro de los ejes relegados de esta gestión ha sido la de los pueblos originarios.
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), organismo descentralizado dependiente del Poder Ejecutivo Nacional, dispuso a través de una resolución la derogación del Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI), órgano encargado de reconocer la personería jurídica a las comunidades indígenas en Argentina.
Esta resolución también suspendió todas las solicitudes en trámite de inscripción de las comunidades indígenas en el RENACI, e invitó a las provincias a celebrar acuerdos para homogeneizar criterios de inscripción, adecuación y transferencia de las personerías jurídicas, sin establecer metodologías de trabajo, procedimientos ni plazos para estos encuentros, generando un escenario de inseguridad jurídica e indefensión.
Semanas atrás tuvo lugar en Chile un histórico reconocimiento, como es la co-gobernanza entre comunidades indígenas, en este caso mapuches y organismos del estado para gestionar en forma conjunta un sector del Parque Nacional Villarrica.
Mientras en Argentina se pierden derechos indígenas, en Chile se otorga co-gobernanza Mapuche en un parque nacional (18 de diciembre, 2024 por Kay Pacha / Equipo Pueblos Originarios del SERPAJ) 8
Efectivamente, se firmó un convenio entre este parque y la Asociación de Comunidades Mapuche Winkulmapu de Kurarrewe, el CONAF, que es la Corporación Nacional Forestal y el Ministerio de Bienes Nacionales por el cual se creó un Consejo de Gobernanza y Gestión conjunta con comunidades indígenas para el sector Puesco Lanín del dicho Parque Nacional.
Mientras en Argentina se pierden derechos indígenas, en Chile se otorga co-gobernanza Mapuche en un parque nacional (18 de diciembre, 2024 por Kay Pacha / Equipo Pueblos Originarios del SERPAJ) 9
Esto es similar al sistema de co-manejo que hay entre la Confederación Mapuche de Neuquén y Parques Nacionales en el Parque Nacional Lanín.
Mientras en Argentina se pierden derechos indígenas, en Chile se otorga co-gobernanza Mapuche en un parque nacional (18 de diciembre, 2024 por Kay Pacha / Equipo Pueblos Originarios del SERPAJ) 10
De esta manera las comunidades mapuche tendrán una participación efectiva en la toma de decisiones referidas a la gestión de este sector del parque.
Mientras en Argentina se pierden derechos indígenas, en Chile se otorga co-gobernanza Mapuche en un parque nacional (18 de diciembre, 2024 por Kay Pacha / Equipo Pueblos Originarios del SERPAJ) 11
Cabe destacar que este convenio, como siempre, es el resultado de un proceso, que en este caso comenzó en 2017, cuando las comunidades mapuche decidieron ingresar al Parque para exigir sus derechos territoriales, porque anteriormente la restricción del acceso afectaba las prácticas y usos tradicionales del territorio, como ser la recolección del piñón.
El Parque Nacional Villarrica fue creado en 1940 y actualmente es uno de los más emblemáticos debido a su biodiversidad, sus paisajes volcánicos y su relevancia en la cultura mapuche.
Mientras en Argentina se pierden derechos indígenas, en Chile se otorga co-gobernanza Mapuche en un parque nacional (18 de diciembre, 2024 por Kay Pacha / Equipo Pueblos Originarios del SERPAJ) 12
Para explicarnos mejor todo este proceso vamos a escuchar el testimonio del hermano Simón Crisóstomo Loncopan, Inal Lonko del Lof Txankura y Presidente de la Asociación Mapuche Winkulmapu de Kurarewe, de Chile,
Mientras en Argentina se pierden derechos indígenas, en Chile se otorga co-gobernanza Mapuche en un parque nacional (18 de diciembre, 2024 por Kay Pacha / Equipo Pueblos Originarios del SERPAJ) 13
Tal como se venía amenazando, al final se derogó -a través del Decreto 1083- esta ley que fue sancionada a fines del 2006 y prorrogada varias veces. A pesar que se la consideraba de “emergencia” su prórroga se extendió por más de 15 años.
Otro artero ataque a los Pueblos Indígenas, se derogó la ley 26160 (14 de diciembre, 2024, par Kay Pacha / Equipo Pueblos Originarios del SERPAJ) 20
Y ahora, aún antes de asumir este gobierno, recordamos unas declaraciones de la vicepresidenta Villarruel en las que decía que esta ley no tendría que existir más.
Otro artero ataque a los Pueblos Indígenas, se derogó la ley 26160 (14 de diciembre, 2024, par Kay Pacha / Equipo Pueblos Originarios del SERPAJ) 21
Así que entre esto y los rumores que se venían escuchando, no nos llamó la atención esta medida, pero eso no quiere decir que no nos indigne y corrobore el odio y el racismo vigente contra las comunidades por parte de quienes están conduciendo los destinos de nuestro país. Es, como dicen muchxs hermanxs una campaña de genocidio y exterminio de los pueblos originarios.
Otro artero ataque a los Pueblos Indígenas, se derogó la ley 26160 (14 de diciembre, 2024, par Kay Pacha / Equipo Pueblos Originarios del SERPAJ) 22
Y claro, con esta medida, se habilita a que jueces o fiscales en complicidad con el poder de turno, con terratenientes que consiguieron títulos al menos en forma arbitraria o con poderosas empresas extractivas, avances sobre los territorios indígenas.
Otro artero ataque a los Pueblos Indígenas, se derogó la ley 26160 (14 de diciembre, 2024, par Kay Pacha / Equipo Pueblos Originarios del SERPAJ) 23
Pero bueno, esto nos obliga a estar más juntxs, a organizarnos mejor, a articular con distintas fuerzas para enfrentar la dura realidad que se avecina. Por eso en esta oportunidad nos pareció muy positivo difundir las palabras de Jorge Nahuel, histórico referente de la Confederación Mapuche de Neuquén en una entrevista que le hizo el hermano Oscar Moreno, a quien le agradecemos por aportarnos este muy interesante material.
Otro artero ataque a los Pueblos Indígenas, se derogó la ley 26160 (14 de diciembre, 2024, par Kay Pacha / Equipo Pueblos Originarios del SERPAJ) 24Otro artero ataque a los Pueblos Indígenas, se derogó la ley 26160 (14 de diciembre, 2024, par Kay Pacha / Equipo Pueblos Originarios del SERPAJ) 25
Desde la organización de abogados aseguran que el Decreto publicado en el Boletín Oficial no tiene la jerarquía para eliminar la suspensión de desalojos a pueblos originarios.
Crece el repudio a la decisión del gobierno de habilitar por DNU el desalojo de comunidades indígenas en todo el país. La medida pone fin a la suspensión de desalojos vigente por un decreto de 2021 y termina con la emergencia territorial indígena estableida por la Ley 26.160.
La Gremial de Abogados y Abogadas anticipó que pedirá la inconstitucionalidad de la medida que el gobierno publicó en el Boletín Oficial. El letrado integrante de esa organización, Luis Virgilio, explicó en Radio Encuentro que la declaración de emergencia “es un hecho, algo fáctico, una situación real”.
“Es el propio velo que tienen las comunidades de ser expulsadas de su territorio, que debe ser respetado por el artículo 75 de la Constitución Nacional y los tratados internacional que hemos incorporado a nuestra Constitución”, agregó. Es decir, “son derechos constitucionales los que se pretenden vulnerar con un decreto que es de inferior jerarquía”, continuó.
Este martes, el Gobierno nacional decretó el fin de la emergencia territorial indígena, derogando la Ley 26160 y sus prórrogas. Esta medida, formalizada a través del Decreto 1083/2024, pone en jaque la protección de las tierras tradicionalmente ocupadas por las Comunidades Indígenas de Argentina y da luz verde a los desalojos, priorizando los intereses privados y estatales sobre los derechos de los Pueblos Originarios.
El despojo legalizado: el Estado anula la Ley 26160 y deja a las comunidades indígenas sin protección (10 de diciembre, 2024, por TeleSISA) 28
Esta decisión representa un retroceso histórico en la lucha por el reconocimiento y la defensa de los territorios ancestrales. La Ley 26160, sancionada en 2006, surgió como respuesta a décadas de despojo, marginación y violencia hacia las Comunidades Indígenas. Su objetivo era suspender los desalojos y realizar un relevamiento territorial para garantizar la seguridad jurídica de los territorios. Sin embargo, el Estado nunca cumplió con esta obligación de manera integral, dejando a miles de comunidades en una situación de vulnerabilidad permanente.
El discurso oficial: deslegitimación y racismo estructural
El Gobierno justificó la derogación de la ley argumentando que generaba “inseguridad jurídica” y afectaba los derechos de “legítimos propietarios”. En los considerandos del decreto, se calificó a las comunidades como “fragmentadas”, acusándolas de hacer un “uso abusivo” de la normativa. Estas afirmaciones no solo deslegitiman los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas, sino que perpetúan narrativas racistas que criminalizan la lucha por la tierra.
Además, se subrayó un supuesto aumento en los conflictos territoriales, atribuyendo la responsabilidad a las comunidades indígenas sin mencionar el papel del extractivismo, las políticas neoliberales y la violencia estructural que han intensificado estos enfrentamientos. El discurso gubernamental invisibiliza las décadas de resistencia pacífica y organización de las comunidades frente a un sistema que prioriza los intereses empresariales y el saqueo de los recursos naturales.
La violencia del despojo: desalojos e impunidad
Con la derogación de la Ley 26160, se habilitan desalojos masivos que afectan no solo a las comunidades indígenas, sino también a sus modos de vida, cosmovisiones y la preservación del territorio como espacio de vida colectiva. Estos desalojos son, en esencia, una forma de violencia estatal que responde a los intereses del capital inmobiliario, la minería y el agronegocio.
Organizaciones indígenas y de derechos humanos han señalado que esta medida incrementará los conflictos sociales y profundizará la desigualdad estructural que afecta a los Pueblos Originarios. El derecho a la tierra no es solo una cuestión legal, sino una lucha por la autodeterminación y la supervivencia cultural en un contexto de colonización que persiste.
Una lucha que trasciende el decreto
La derogación de la Ley 26160 no silenciará las voces de las comunidades indígenas, que han enfrentado despojos, criminalización y genocidio desde la llegada de los colonizadores. Hoy más que nunca, se reafirma la necesidad de continuar luchando por el reconocimiento pleno de los territorios ancestrales, exigir al Estado el cumplimiento de los derechos consagrados en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales, y denunciar las políticas que perpetúan la exclusión y el racismo estructural.
Desde los territorios, las comunidades resisten: porque la tierra no es solo un recurso, es vida, memoria y futuro.
