Este martes, el Gobierno nacional decretó el fin de la emergencia territorial indígena, derogando la Ley 26160 y sus prórrogas. Esta medida, formalizada a través del Decreto 1083/2024, pone en jaque la protección de las tierras tradicionalmente ocupadas por las Comunidades Indígenas de Argentina y da luz verde a los desalojos, priorizando los intereses privados y estatales sobre los derechos de los Pueblos Originarios.
El despojo legalizado: el Estado anula la Ley 26160 y deja a las comunidades indígenas sin protección (10 de diciembre, 2024, por TeleSISA) 2
Esta decisión representa un retroceso histórico en la lucha por el reconocimiento y la defensa de los territorios ancestrales. La Ley 26160, sancionada en 2006, surgió como respuesta a décadas de despojo, marginación y violencia hacia las Comunidades Indígenas. Su objetivo era suspender los desalojos y realizar un relevamiento territorial para garantizar la seguridad jurídica de los territorios. Sin embargo, el Estado nunca cumplió con esta obligación de manera integral, dejando a miles de comunidades en una situación de vulnerabilidad permanente.
El discurso oficial: deslegitimación y racismo estructural
El Gobierno justificó la derogación de la ley argumentando que generaba “inseguridad jurídica” y afectaba los derechos de “legítimos propietarios”. En los considerandos del decreto, se calificó a las comunidades como “fragmentadas”, acusándolas de hacer un “uso abusivo” de la normativa. Estas afirmaciones no solo deslegitiman los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas, sino que perpetúan narrativas racistas que criminalizan la lucha por la tierra.
Además, se subrayó un supuesto aumento en los conflictos territoriales, atribuyendo la responsabilidad a las comunidades indígenas sin mencionar el papel del extractivismo, las políticas neoliberales y la violencia estructural que han intensificado estos enfrentamientos. El discurso gubernamental invisibiliza las décadas de resistencia pacífica y organización de las comunidades frente a un sistema que prioriza los intereses empresariales y el saqueo de los recursos naturales.
La violencia del despojo: desalojos e impunidad
Con la derogación de la Ley 26160, se habilitan desalojos masivos que afectan no solo a las comunidades indígenas, sino también a sus modos de vida, cosmovisiones y la preservación del territorio como espacio de vida colectiva. Estos desalojos son, en esencia, una forma de violencia estatal que responde a los intereses del capital inmobiliario, la minería y el agronegocio.
Organizaciones indígenas y de derechos humanos han señalado que esta medida incrementará los conflictos sociales y profundizará la desigualdad estructural que afecta a los Pueblos Originarios. El derecho a la tierra no es solo una cuestión legal, sino una lucha por la autodeterminación y la supervivencia cultural en un contexto de colonización que persiste.
Una lucha que trasciende el decreto
La derogación de la Ley 26160 no silenciará las voces de las comunidades indígenas, que han enfrentado despojos, criminalización y genocidio desde la llegada de los colonizadores. Hoy más que nunca, se reafirma la necesidad de continuar luchando por el reconocimiento pleno de los territorios ancestrales, exigir al Estado el cumplimiento de los derechos consagrados en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales, y denunciar las políticas que perpetúan la exclusión y el racismo estructural.
Desde los territorios, las comunidades resisten: porque la tierra no es solo un recurso, es vida, memoria y futuro.
Marcha del Contrafestejo, 12 de octubre de 2024. Foto: Nicolás Parodi / Página 12
El Gobierno se propone eliminar la emergencia territorial indígena que suspende los desalojos e impulsa proyectos de Ley de Consulta y Propiedad Comunitaria Indígena que les exigen a las comunidades personería jurídica para reconocer sus derechos. Al mismo tiempo, deroga el registro que entrega dichas personerías y sanciona el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones para promover el extractivismo en los territorios indígenas. La tríada es implacable: capital financiero, (des)regulación territorial y suspensión de personerías como candado. Lo novedoso no es el fondo, sino las formas: la rapidez de la crueldad. Por Alexia Campos* | Debates Indígenas.
“No hay respiro viejo”. “Todos los días, una nueva mala”, se lee en los grupos de WhatsApp que nuclean a la militancia indígena e indigenista. El Gobierno derogó la resolución 4811/96 que regulaba el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, un instrumento administrativo para inscribir las personerías jurídicas de las comunidades. Este registro es un derecho y no una obligación, visto y considerando el carácter de preexistencia de los Pueblos Originarios reconocido por la Constitución Nacional. La resolución también suspende todas las solicitudes en trámite de las comunidades e “invita” a las jurisdicciones provinciales a celebrar convenios para unificar criterios de inscripción. De este modo, el Ejecutivo Nacional ya no inscribirá comunidades deslindándose de sus obligaciones legales.
A los pocos días, se filtra un proyecto de decreto firmado por el titular de la Unidad de Gabinete de Asesores del Ministerio de Seguridad que propone derogar la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades originarias del país. Esta medida afecta la Ley 26.160, sancionada en 2006, que suspende la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras indígenas. La ley fue prorrogada en tres ocasiones y vuelta a prorrogar en el 2021 por Alberto Fernández mediante decreto, ante la inminente caída de la ley por falta de acuerdo en el Parlamento. Este decreto tiene vigencia hasta noviembre de 2025, pero el Gobierno de Milei ya tiene escrita su inminente caída burocrática.
La Ley de Emergencia 26.160 es una herramienta clave de los Pueblos Indígenas para impedir que los desalojen de sus tierras. Foto: Silvana Colombo
La defensa de lo sagrado
Tan solo dos días después de concluido el juicio, notificaron los fundamentos de la condena contra los y las integrantes de la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu. Se trata de los hechos ocurridos en noviembre de 2017 en torno a la recuperación territorial realizada por la comunidad de las tierras bajo dominio de Parques Nacionales. Los condenan a dos años de pena privativa de la libertad por el delito de “usurpación por despojo” al considerar que la comunidad entorpeció el acceso al predio de las fuerzas de seguridad y de Parques Nacionales. Estamos ante los mismos sucesos en donde la Prefectura asesinó al joven activista mapuche Rafael Nahuel de un disparo por la espalda. Tenía 22 años. Pero siempre hay una razón más profunda.
Luego de un proceso de fortalecimiento espiritual y levantamiento del rewe (sitio ceremonial y sagrado del pueblo Mapuche), los y las integrantes de la comunidad Lafken Winkul tomaron la decisión de recuperar su territorio por una cuestión que nos precede a todas y todos, incluso a ellos: una de las integrantes fue elegida por los ancestros para fungir de autoridad espiritual.
La comunidad Winkul inició el proceso de recuperación de las tierras en dominio de Parques Nacionales porque allí debía ubicarse el rewe, su sitio ceremonial. Se trata de tierras disputadas por gobiernos, obispado, empresarios locales e intereses inmobiliarios.
“No elegí este rol, sino que me descubrió otra machi, antes de que naciera. Desde el vientre de mi madre tuve este rol designado. Cuando llegó el momento determinado comencé a prepararme para mi rol; es un espíritu de machi que no puedo negar ni desconocer. El vínculo con el lugar existió desde mucho tiempo antes del inicio del expediente”, relata Betiana Colhuan en el cuartel militar convertido en sala de audiencia.
La machi es una de las autoridades políticas y espirituales del pueblo Mapuche. Su rol es velar por la salud física y espiritual de la comunidad y sus integrantes, así como del cuidado del territorio que requiere del vínculo con seres no humanos que lo protegen. La comunidad Winkul inició el proceso de recuperación territorial de las tierras en dominio de Parques Nacionales porque allí debía ubicarse el rewe, su sitio ceremonial. Se trata de tierras disputadas por diferentes actores: gobiernos, obispado, empresarios locales e intereses inmobiliarios. Fueron los newenes y fuerzas los que señalaron el lugar.
La machi Betiana Colhuan junto a lideresas mapuches de la comunidad Lafken Winkul que se encontraban con prisión domiciliaria en el Centro Mapuche Bariloche en octubre de 2022. Foto: Eugenia Neme / lavaca
Proyectos de ley que vulneran derechos
En el Congreso de la Nación se están impulsando dos proyectos de ley de Propiedad Comunitaria Indígena (PCI). Por un lado, el proyecto 2390-D-2024 fue presentado por la diputada Roxana Monzón, del partido Unión por la Patria; por otro lado, el proyecto 0331-D-2024 fue impulsado por el diputado Gerardo Milman del partido Propuesta Republicana. Aunque ambos partidos políticos tienen ideología, historia y tradición opuestas, coinciden en la aparente urgencia de regular el acceso a la tierra de los Pueblos Originarios.
El proyecto de Monzón regula derechos ya incluidos en el ordenamiento jurídico vigente y, no avanza en brindar soluciones y seguridad jurídica a las problemáticas históricas que padecen los pueblos y comunidades indígenas: presión inmobiliaria, expoliación de los recursos naturales, despojos y desalojos arbitrarios. Tampoco reconoce al territorio en su aspecto amplio dado que no lo abarca en toda su dimensión y caracteres (espacio aéreo, subsuelo y manejo de los recursos naturales). Además, limita el reconocimiento de la Propiedad Comunitaria Indígena al trámite de inscripción de la personería jurídica de la comunidad cuando el marco jurídico establece que la personería es declarativa y no constitutiva. El proyecto tampoco dice nada sobre los modos de adquisición de la PCI y guarda silencio sobre los sitios sagrados y de culto.
Pese a definir y abordar el territorio en base a estándares internacionales, el proyecto de Milman contiene artículos problemáticos en lo que respecta al acceso a la tierra de los pueblos. El artículo 15 brinda potestad al Ejecutivo de solicitar a la justicia desalojos de comunidades en casos de disolución o cancelación de la personería jurídica. Por su parte, el artículo 14 establece: “El miembro de una comunidad adjudicataria de tierras que las abandone no podrá reclamar ningún derecho sobre la propiedad comunitaria”. Lo anterior no responde a las situaciones de facto que se dan en los territorios indígenas ante el avance de la frontera productiva, instalación de grandes proyectos extractivos y, situaciones de pobreza y violencia que habilitan migraciones forzadas. Además, contradice estándares internacionales que determinan que los derechos territoriales no prescriben, siempre y cuando subsista el vínculo espiritual con la tierra (fallo de la CorteIDH Yakye Axa vs. Paraguay).
Las comunidades indígenas del Salar del Hombre Muerto resisten judicialmente el avance de la minería de litio sobre su territorio ancestral. Foto: Susi Maresca / Vice
Un candado al reconocimiento y ejercicio de derechos
El 28 de octubre de 2024, el Gobierno de la provincia de Río Negro presentó un proyecto que rápidamente se convirtió en ley: “Procedimiento de convocatoria para realizar la Consulta Previa, Libre e Informada para las Comunidades Originarias que se encuentran en el Área de Influencia y que cuenten con Personería Jurídica reconocida por la Autoridad Provincial”. Estamos ante un protocolo de consulta (sin consulta) que establece un plazo de 40 días, contradiciendo los estándares internacionales vigentes que exigen que los procesos deben ser culturalmente adecuados y respetar los tiempos, instituciones y formas de gobierno.
Además, el Werken de la Coordinadora del Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro, Orlando Carriqueo, explica que sólo el 40% de las comunidades que habitan la provincia tiene personería jurídica. Lo anterior no es un dato menor al analizar los proyectos legislativos de PCI y consulta, los cuales exigen personería jurídica para reconocer derechos colectivos a los pueblos y comunidades. Al derogar el registro de inscripción, el Gobierno construye un candado institucional en materia de reconocimiento y ejercicio de derechos. Nada más inconstitucional y alejado de los estándares internacionales.
“Este proyecto nace mal parido porque es una decisión unilateral sin diálogo intercultural. El proyecto lo escribió el gobernador con algunas empresas mineras para promocionar la industria extractiva y cercenar los derechos comunitarios”, explica el werken.
Según el protocolo, las decisiones del proceso de consulta no tendrán carácter vinculante y estarán cimentadas en la Declaración Jurada de Buenas Prácticas que deberá presentar el titular del proyecto. Así, todo el proceso de consulta se basará en dicha declaración que deberá contener la información y documentación mínima. “Este proyecto nace mal parido porque es una decisión unilateral sin diálogo intercultural. El proyecto lo escribió el gobernador con algunas empresas mineras para promocionar la industria extractiva y cercenar los derechos comunitarios y colectivos. Hicimos dos presentaciones marcando que es claramente inconstitucional”, explica el werken del Parlamento Mapuche-Tehuelche.
Los proyectos de ley de PCI, el protocolo de consulta y la derogación de la emergencia territorial indígena que suspende desalojos se desarrollan en un contexto donde el Gobierno consiguió convertir en ley el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). Se trata de grandes beneficios impositivos a las empresas en miras a estimular inversiones en el país. Otorga estabilidad cambiaria, financiera y aduanera por 30 años, así como la falta de obligación de liquidar en el mercado las ganancias obtenidas transcurridos los cuatro años. Los especialistas advierten sobre la eliminación de la matriz productiva industrial como efecto de mediano plazo, convirtiendo a la Argentina en un mero exportador de materias primas, que, mayoritariamente, están en los territorios indígenas.
El Werken de la Coordinadora del Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro Orlando Carriqueo explica que sólo el 40% de las comunidades que habitan la provincia tiene personería jurídica. Foto: Al Margen
Ante la ofensiva: organización, audacia y tiempo
El 11 de noviembre, Argentina fue el único país de la ONU que votó en contra de una resolución sobre derechos de los Pueblos Indígenas. Basados en los principios de la Agenda 2030, varios países impulsaron una resolución que reconoce la imperiosa necesidad de que los Pueblos Indígenas participen en las agendas de desarrollo, paz, seguridad y justicia. El documento hace hincapié en reforzar la protección y promoción de los derechos humanos de los pueblos, así como la obligación de las empresas de respetarlos, en base al principio de responsabilidad social y ambiental. Al ser consultado por el voto negativo, Milei planteó que su Gobierno se opone a toda acción afirmativa que vaya en contra de la libertad y la soberanía nacional.
Como respuesta, el movimiento indígena organizado difundió un comunicado titulado “Un voto en contra que no borra nuestra preexistencia ni nuestros derechos”, en donde denuncian una política de Estado de “borramiento y aniquilación” de los Pueblos Indígenas de la Argentina. Destacan que el voto en contra no exime al país de respetar y cumplir cada uno de los compromisos internacionales ratificados que generan una obligación internacional.
La matriz del Estado argentino siempre ha sido genocida, colonialista, racista y capitalista. Más bien la novedad radica en la avanzada del desprecio sin descanso ni respiro por todos los frentes posibles, obstruyendo y debilitando el espacio de reacción.
Las vulneraciones de derechos de esta crónica sucedieron entre septiembre y noviembre de 2024. En la Argentina de hoy vivimos en un permanente estado de alerta, donde los incendios descontrolados se producen todos los días. La urgencia se vuelve estructura estructurante. Lo inmediato moldea los procesos organizativos y las vidas personales, generando un clima de mareo, frustración, desesperanza y confusión permanente. Una determinada manera de relacionarnos con el presente, y por tanto con el pasado y con el futuro, es impuesta desde arriba. El plan económico del Gobierno tiene como objetivo ideológico-político neutralizar las resistencias quebrando el marco epistémico de una visión genealógica y procesual de la historia, y toda posibilidad de imaginar y construir un horizonte emancipatorio.
Lo novedoso no es la política de saqueo y acumulación por desposesión amasada desde el aparato institucional de poder. La matriz del Estado argentino siempre ha sido genocida, colonialista, racista y capitalista. Más bien la novedad radica en la avanzada del desprecio sin descanso ni respiro por todos los frentes posibles, obstruyendo y debilitando el espacio de reacción. Una típica estrategia de guerra desde la legalidad. Hasta el día de hoy la comunidad Winkul continúa en proceso de resistencia del territorio recuperado. No hay tiempo para la urgencia. Pasado, presente y futuro ocurren en simultáneo. Mañana esperamos un nuevo incendio. Hay destellos que iluminan el camino.
*Alexia Campos es abogada y Magíster en Antropología Social (CIESAS). Además es activista y defensora de los derechos humanos. Mail: alexiacamposbasualdo@gmail.com
El grito de la tierra se reúne la próxima semana en Tolhuin : Sábado 7 de Diciembre a las 19 hs en el Punto de Encuentro Resto Bar.
El programa de ese evento artístico conta con la presencia de la Dra. Soledad Finck y de la Comunidad Costera de Tierra del Fuego para presentar una mesa de concientización relativa al medio ambiente.
Después varios artistas fueguinos. musicos (Freddy Gallardo, Karina Valdéz, No Hay Sistema) y poetas (Franco Riquelme, Sol Rodríguez, Sol Araujo, Jere Maumary, Joaquín Rizzuti, Alejandro Pinto), presentaran sus creaciones, en paralelo de unas muestras de Lioren Burgo Wallner y Jesu Gómez y de las presentaciones de emprendimientos locales (Soma, Kau Kren Artesanías, HI-CA, Punto de Encuentro, Klóketen Tintea).
El Juez Federal Rafecas considera que el Juicio por la Verdad instado por la Lamngen Ivana Huenelaf contra la política de exterminio que implicó la campaña «Conquista del Desierto» debe tramitar ante la Justicia Federal de Neuquén.
La denuncia fue presentada por Ivana Noemi Huenelaf, mujer indígena Mapuche Tehuelche, por derecho propio y conjuntamente con su letrado patrocinante el abogado Fernando Cabaleiro. En su presentación, solicita que se inicie un Juicio por la Verdad para que se investigue la comisión de los hechos que encuadrarían dentro de la figura de “genocidio”, cometidos por el Estado Argentino durante los años 1878 y 1890 en lo que se denominó como política de Estado “Conquista del Desierto”, definiendo dicho proceso como un propósito sistemático planificado y premeditado de exterminar a todos los integrantes de los pueblos indígenas Mapuche, Tehuelche, Pampa y Ranquel que habitaban los territorios de la bio región patagónica-pampeana.
Allí se señala, que aquel plan “incluyó fusilamientos, desapariciones y abandono de personas indígenas, apremios ilegales, torturas, actos crueles inhumanos destinados a causar la muerte o graves daños a la integridad física y mental, reclutamiento de mujeres, ancianos, niños, niñas y adolescentes con traslados y desplazamientos forzosos a campos de concentración, disciplinamiento, despersonalización y cancelación del idioma, cultura y creencias procurando la sustracción de su identidad ancestral, disgregación y separación de las comunidades para evitar nacimientos en el seno de las familias indígenas, apropiación de menores y luego sometimiento a la servidumbre, trata de personas y hasta esclavitud”.
Refiere también que “Si bien los autores intelectuales y materiales de todos los delitos cometidos dentro de la Campaña “Conquista del Desierto” han fallecido, hay una responsabilidad del Estado Argentino por las consecuencias dañosas atroces, perversas y sanguinarias que aquella ha representado y representa en la memoria viva de cada integrante del pueblo mapuche, tehuelche, ranquel y pampa la que recrudece inevitablemente al no haber existido justicia ni siquiera un reconocimiento explícito del Estado Argentino del Genocidio que dicha campaña ha significado, con la constante política negacionista de los derechos de los pueblos originarios a la verdad y reparación histórica, a su propia identidad, a la recuperación de sus territorios ancestrales y al desarrollo de la personalidad y cosmovisión indígena, derechos humanos cuya violación persiste a pesar del texto constitucional”.
En ese sentido, solicita que se dicte una sentencia declarativa en referencia a todo el proceso denominado “Conquista del Desierto” como un genocidio y se dispongan por la jurisdicción las medidas ordenatorias y actos reparatorios que por derecho correspondan. Seguidamente, destaca diversos trabajos de investigación que documentan el genocidio que representó la “Conquista del Desierto”, tratándose de investigaciones y tesis doctorales realizadas por historiadores/as, antropólogos/as, sociólogos/as, politólogos/as, que abordan la cuestión indígena en nuestro país, “que posibilitaron analizar, revisar, sistematizar datos y documentos que refieren a dicha temática permitiendo así reconstruir y revelar fiel y objetivamente hechos que forman parte de procesos históricos que habían quedado subsumidos, silenciados, no narrados ante la supremacía de los relatos oficiales emanados de los propios estamentos estatales, con un fin inaceptable de presentar a la Conquista del Desierto como un plan civilizatorio (inclusive en los contenidos curriculares de los niveles medios y universitarios del sistema de educación pública), y que a la luz de la plena vigencia de los derechos humanos que la propia Constitución Nacional de la Argentina vigente desde el año 1853, tiene una clara e inobjetable entidad genocida”.
Luego, como antecedente hace referencia a la Masacre de Napalpí, que en el juicio por la verdad se declaró que existió responsabilidad del Estado Nacional Argentino «en el proceso de planificación, ejecución y encubrimiento en la comisión del delito de homicidio agravado con ensañamiento con impulsos de perversidad brutal (art. 80, inc. 2 del C.P-según redacción 1921-) en reiteración de hechos que concursan entre sí, y reducción a la servidumbre (art. 140 CP) en reiteración de hechos que concursan entre sí, ambos en concurso real (art. 55 del CP.)-, por el cual resultaron asesinadas entre 400 y 500 personas de los pueblos Moqovit y Qom en la Reducción de Indios Napalpí ubicada en Territorio Nacional del Chaco.».
En cuanto a la competencia territorial, señala que “si bien estamos ante la presencia de varios hechos atroces ocurridos en varias jurisdicciones (entre ellas la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), consideramos que los mismos forman parte de un plan sistemático genocida conformando un plexo de acción que tiene como origen los actos estatales emanados desde el Poder Ejecutivo Nacional, ello es, las instrucciones impartidas el mismo Presidente de la Nación Nicolás Avellaneda y por el Ministro de Guerra de la Nación Julio Argentino Roca con asiento en la ciudad de Buenos Aires para la ejecución de las expediciones que formaron parte de la Conquista del Desierto”, solicitando la unificación de la investigación de los hechos ante esa jurisdicción.
“El hecho denunciado llegó a un punto en el que no hay elementos en esta jurisdicción que justifiquen que la investigación continúe en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entendiendo que es la Justicia Federal de la Provincia de Neuquén que debe abocarse al estudio de la presente. Considero que eventuales probanzas que pudieran llegar a desarrollarse en estos autos (como ser archivos pertenecientes a la provincia donde se habrían desarrollado los hechos, la verificación de antecedentes de los registros de los pueblos originarios mediante algún sistema de censo efectuado ante dicha provincia, constancias de partidas de nacimiento que acrediten dichos vínculos, entre otros) tendrán su epicentro en la Provincia de Neuquén.”, dijo el Juez Rafecas.
La presidente de la Comisión 3 del parlamento provincial, legisladora Laura Colazo, encabezó un encuentro con las comunidades de pueblos originarios donde se trató la iniciativa de la propia integrante del Partido Verde para incluirlas en la toma de decisiones en el seno de la Comisión Consultiva de Bosques Nativos (CCBN). “Tenemos la oportunidad de reconocer y visibilizar a los pueblos originarios de nuestra Provincia, que vivieron y aún viven en estas tierras, y proponer una reparación histórica”, afirmó. También se refirió a la necesidad de ampliar la matriz energética en la provincia para sostener un proceso productivo viable.
Río Grande.- La legisladora María Laura Colazo (Partido Verde) participó el pasado jueves de una nueva reunión de la Comisión de Recursos Naturales Nº 3, la cual preside, oportunidad en que se trató una iniciativa de su autoría que giró bajo el “Asunto Nº 109/24”, con el objetivo de impulsar la participación permanente de representantes de pueblos indígenas en la Comisión Consultiva de Bosques Nativos (CCBN).
En este sentido, la parlamentaria valoró que en el encuentro estuvieron presentes miembros de las comunidades: Rafaela Ishton y Paiakoala. “Tenemos la oportunidad de reconocer y visibilizar a los pueblos originarios de nuestra Provincia, que vivieron y aún viven en estas tierras, y proponer una reparación histórica”, afirmó Colazo.
La Parlamentaria, sostuvo además que es de suma trascendencia que la voz de los pueblos Selk’nam y Yagán que formen parte de la CCBN, y que posean su espacio en ese órgano consultivo. “Por eso, los invitamos, queríamos contar con su aval”.
Asimismo agregó que de esta forma se los “hace parte” de los procesos de discusión y del ordenamiento territorial. El pueblo Selk’nam es el único pueblo indígena que cuenta con su título de propiedad comunitaria”, especificó.
Cabe destacar que la iniciativa incorpora modificaciones en la Ley provincial Nº 869. Se suma el inciso “q” al artículo catorce de la mencionada norma, que señala la incorporación de un representante por cada comunidad indígena originaria de la Provincia con personería jurídica registrada a nivel nacional.
Por su parte, Eleonora Anderson Varela de la comunidad Rafaela Ishton, agradeció el espacio: “Estamos muy contentos de contar con un lugar en el CCBN, es un hecho histórico para nosotros. La comunidad posee alrededor de treinta y seis mil hectáreas, y el ochenta por ciento es bosque”, contó.
Otro de los integrantes de la comunidad, Alexis González Palma les dijo que “es muy importante para nosotros porque nos devuelven la dignidad y la oportunidad de atender cuestiones que nos compete como pueblo originario de estas tierras”, opinó.
Hay que señalar que también participaron en la reunión de la Comisión, en representación de la comunidad Paiakoala, Tarcisio Vargas y Damián Nenes Vargas del pueblo Yagán.
“Hoy se está empezando a respetar a los pueblos originarios. Cuidar los bosques es bueno no solo para las comunidades, sino para toda la población. Estamos en peligro de perder el canelo, y debemos cuidarlo entre todos”, reflexionó Vargas, referente Yagán.
Estuvieron presentes los legisladores Raúl Von Der Thusen y Jorge Lechman (SF), Juan Carlos Pino (PJ), Federico Greve y Federico Sciurano (FORJA), y la legisladora Gisela Dos Santos (SF).
Dos millones de dólares para Bosques Nativos
Cabe recordar que la legisladora María Laura Colazo participó del segundo encuentro anual de la Comisión Consultiva de Bosques Nativos de la cual también integra y que se realizó en la Secretaría de Turismo de Tolhuin a principios de agosto.
Allí se analizaron los ejes de trabajo que se seguirán, tras conocerse el arribo del programa “Fondo Verde del Clima”, que se ejecutará a través de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y que surge de una iniciativa que llevó adelante el Gobierno nacional y la Provincia llamado Reducción de Emisiones por Deforestaciones y Degradación de los Bosques, (REDD).
El programa arriba a Tierra del Fuego, con un componente que se destinará al trabajo de conservación de bosques con las comunidades originarias, específicamente al Plan Integral Comunitario con la comunidad Selk’nam Rafaela Ishton; también al desarrollo productivo de la Cuenca Forestal de Tolhuin y además el otro componente, será utilizado en la prevención de incendios forestales de interfase en Ushuaia. Es dable indicar que, de acuerdo al programa de prevención de incendios de interfase urbano forestal, se entiende como ‘aquel que se desarrolla en áreas de transición entre zonas urbanas y rurales o forestales, donde las estructuras edilicias se entremezclan con la vegetación’.
Aproximadamente dos millones de dólares están afectados para la provincia de Tierra del Fuego “y el proyecto en general, lo que mencionaba el ingeniero Francisco Jofré, que es el representante de FAO que estuvo en la provincia, es alrededor de 85 millones de dólares para todo el país en este programa de RedMás, que es un programa específico que tiene que ver también con el cambio climático”.
Estuvieron presentes en la reunión miembros del equipo de la Dirección Nacional de Bosques y de FAO para el proyecto Pago por Resultados, además de funcionarios del Gobierno provincial y representantes de instituciones que conforman el CCBN.
Hay que mencionar que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura o más conocida como FAO, es un organismo especializado de la ONU que dirige las actividades internacionales encaminadas a erradicar el hambre
La organización ejecuta diversos proyectos implementados a lo largo y a lo ancho del país. Desempeña un papel fundamental en el avance de la seguridad alimentaria, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la transformación de los sistemas agroalimentarios y desarrollo sostenible.
“Muchas familias viven del sector forestal”
En diálogo con ‘La Mañana de Tecno’ que se emite por Radio Universidad 93.5 MHz, la parlamentaria del Partido Verde recordó que la comisión consultiva de bosques, “se da en el marco de la Ley Provincial 869, que es un espacio donde está formado por diversos actores que tenemos una vinculación con todo lo que es el aprovechamiento de todo el sector forestal, que está habilitado en nuestra provincia. Así que por representación de la Legislatura me toca participar en ese espacio”.
Laura Colazo explicó que “los integrantes de la FAO, que es un organismo internacional que está dentro del marco de Naciones Unidas, que tienen programas específicos de fondos que sirven para poder gestionar diversos proyectos en nuestro país. Y en este proyecto, que realmente es muy importante, que se trabaja en 23 provincias, en nuestra provincia se trabaja en estos tres puntos que fueron los que tratamos en la comisión para darle el visto bueno a todos los miembros, que se avance en eso, en poder acompañar los planes de integración comunitarios que está trabajando muy bien la Dirección General de Bosques con el pueblo Selk’nam que tiene sus autoridades conformadas hace muy poquito, que han hecho elecciones, y la verdad que tienen proyectos muy interesantes para poder hacer en nuestra provincia, sobre todo en su propiedad comunitaria, que son 35.000 hectáreas que ellos tienen en la zona de Tolhuín, y que nos parece muy importante que se pueda hacer un aprovechamiento sustentable, y la verdad que a nosotros nos parece también importante acompañarlos porque también se necesitan recursos para implementar estos proyectos”.
“Nos parece muy interesante acompañar, todo esto lleva pasos; se va a hacer un trabajo de asesoramiento técnico a través de organismos como el CIEFAP (Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico), que es un organismo que trabaja también en nuestra provincia hace muchos años, el que va a dar todo el asesoramiento técnico y también me parece importante que está presente el intendente de Tolhuin (Daniel Harrington) en el espacio porque tiene que ver con motorizar el desarrollo productivo de este sector para que siga generando fuentes de trabajo como lo hace hoy en la ciudad de Tolhuin”.
En este aspecto la legisladora Laura Colazo observó que “muchas familias viven a partir del trabajo en el sector forestal y me parece importante agregarle valor, poder generar capacitación, poder hacer un uso sustentable de nuestros recursos y en todo el lado la cadena productiva, no solamente en la madera virgen sino también en el aprovechamiento de los residuos forestales”.
Entendió que “ahí hay una gran oportunidad de generar más emprendimientos productivos y de generar más trabajo cuidando el ambiente porque estamos hablando de los residuos forestales que en algunos casos se queman y eso podría generarse un producto, una materia prima para poder generar nuevos productos que puedan estar dentro del paradigma de la economía circular, de poder recuperarlos y volver a insertarlos en el sector productivo”.
“Matriz productiva y matriz energética van de la mano”
La parlamentaria del Partido Verde entendió que “tenemos que apuntar hacia la economía que nos brinda el sector forestal; no es algo lineal de que se genera un producto, el residuo va al relleno sanitario sino de poder tomar a ese residuo como un recurso y que ingrese de vuelta como materia prima para poder generar nuevos productos que sean competitivos en el mercado y que generen trabajo”.
Consultada sobre la carencia energética que tiene Tolhuin para sostener un proceso industrial, la entrevistada recordó que “nosotros votamos a fines del 2022 una autorización para que la provincia pueda acceder a un crédito que estaba dado por la CAF, la Confederación Andina de Fomento y por otros fondos que iban a poder llegar a la provincia. Ya en el 2022 veíamos la necesidad de inversión en toda la ampliación de la matriz energética de Tierra del Fuego. Eso tuvo hace poquitos días novedades de que se está logrando la autorización por parte del Gobierno nacional para poder avanzar en esa toma de crédito, para poder invertir en equipamiento. Creo que es fundamental para el desarrollo y, sobre todo, también pensando en la transición energética que tiene que dar nuestra provincia. Hoy por hoy nosotros nos abastecemos del gas. El gas es un combustible de transición. Entonces, todos los recursos que se generen a partir de las regalías, a partir de ser una de las primeras provincias productoras de gas en la Argentina poder usar esos recursos que se generan por regalías para poder desarrollar una nueva matriz energética que tenga en gran parte un abastecimiento por parte de energías renovables. Y un poco a eso apunta el proyecto este de financiamiento que nosotros aprobamos en el 2022 en la Legislatura y que ahora está avanzando con la autorización de Nación”.
“Es un tema central, si queremos hablar de ampliación de la matriz productiva, tiene que ir de la mano con una ampliación de la matriz energética de la provincia”, sentenció finalmente.
Manual para Jóvenes Indígenas sobre sus Derechos Territoriales. Herramientas para la Resistencia Indígena y la Defensa de la Madre Tierra
El “Manual para Jóvenes Indígenas sobre sus Derechos Territoriales: Herramientas para la resistencia indígena y defensa de la Madre Tierra” fue creado por jóvenes indígenas, para jóvenes indígenas y no indígenas.El Manual ofrece información clara, concisa y en un lenguaje fácil de comprender, respecto a las herramientas internacionales para que las y los jóvenes participen plenamente en la defensa del territorio y ayuden en la resistencia en la lucha por la Madre Tierra.
