Una filial de la transnacional TotalEnergies, acaba de ingresar un Estudio de Impacto Ambiental al SEA Magallanes, para evaluar el mayor proyecto energético de Sudamérica y el tercero más grande del mundo. ¿Cuál ha sido su comportamiento corporativo durante un siglo de existencia? Accediendo sólo a información pública, descubrimos antecedentes que merecen ser conocidos por toda la comunidad.
Total Eren es una empresa francesa especializada en energía renovable. Desde 2021 está impulsando H2 Magallanes, proyecto de producción y exportación de hidrógeno y amoníaco a gran escala, que pretende emplazar en la estancia Cañadón Grande, a 3,5 km del Parque Nacional Pali Aike, región de Magallanes, Chile.
Esta firma es subsidiaria de TotalEnergies, multinacional con un nutrido historial de denuncias por prácticas extractivas en territorios vulnerables, alianzas con dictaduras, greenwashing corporativo, influencia desproporcionada en políticas públicas y desastres socioambientales. Estos antecedentes, junto a las dimensiones de su megaproyecto, obligan a mirar con rigurosidad crítica sus intenciones de arribar a la Patagonia.
La empresa controladora [Total Energies]
TotalEnergies es un grupo empresarial global del sector petroquímico y energético, que produce y comercializa petróleo, biocombustibles, gas natural, gases verdes, energías renovables y electricidad. Fue creada en 1924 como Compagnie française des pétroles, atribuyéndose la misión de «garantizar la independencia energética de Francia».
Conocida a lo largo de su historia como la compañía petrolera Total, en mayo de 2021 decidió cambiar su nombre para «la producción y el suministro de energías cada vez más asequibles, fiables y limpias». Es así que integró empresas dedicadas a las energías renovables, como Total Eren, 100% adquirida en 2023.
En un siglo de historia, la multinacional ha sido objeto de graves denuncias.
1. Conflictos con indígenas y comunidades.
En África, el oleoducto East African Crude Oil Pipeline (EACOP), que cruza Uganda y Tanzania, ha sido cuestionado por organizaciones como Human Rights Watch. Basado en más de 90 entrevistas a familias desplazadas, emitieron un informe que documenta los devastadores impactos en los medios de vida de las familias, a causa del proceso de adquisición de tierras.
Total adquirió una participación significativa en la empresa Suncor en 1997, para explotar arenas petrolíferas en territorios ancestrales de Canadá, hasta que en octubre de 2023, vendió sus operaciones a la misma empresa. Una investigación publicada en Science encontró que la contaminación del aire de dichas arenas petrolíferas, excede las emisiones informadas por la industria en las instalaciones estudiadas, de un asombroso 1.900% a más del 6.300%. Durante décadas, las comunidades indígenas de la región se han quejado del impacto en la salud del aire tóxico causado por estas operaciones.
En Myanmar, a principios de la década de 1990, Total se asoció con la petrolera Unocal y con el régimen militar birmano, para construir el gasoducto de Yadana. El régimen creó un corredor de gasoductos altamente militarizado, en el que reprimió violentamente la disidencia, obligó a la población local a construir infraestructura para el gasoducto y suministrar combustible para el ejército, a aldeas enteras a reubicarse, y cometió torturas, violaciones y ejecuciones sumarias. La demanda interpuesta por los aldeanos birmanos obligó a Unocal a llegar a un acuerdo en 2005, lo que marcó la primera vez que una demanda por derechos humanos contra una corporación multinacional.
2. Desastres industriales y gestión de riesgos
En 1999, el hundimiento del buque Erika –fletado por Total– provocó una marea negra devastadora para la vida marina, terrestre y la economía local, sobre más de 400 kilómetros de costa en Francia. En 2001, en su planta química AZF de Toulouse, explotaron 300 toneladas de nitrato de amonio, dejando 31 muertos, más de 2500 heridos, un cráter de casi 30 metros de profundidad y 200 de diámetro, y una ciudad marcada por la tragedia. En 2012, una fuga de gas incontrolada en la plataforma Elgin, en el Mar del Norte, liberó 300.000 toneladas de metano a la atmósfera, generando una crisis ambiental y de seguridad con efectos hasta hoy.
3. Sanciones judiciales por corrupción
En 2013, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la multaron por sobornar a funcionarios públicos iraníes entre 1995 y 2004, a fin de acceder a contratos de explotación de un yacimiento de gas natural en el Golfo Pérsico. En 2018, un tribunal de París la sancionó por el mismo caso.
En 2023, el Tribunal de Estrasburgo la condenó por haber violado el programa «Petróleo por Alimentos», creado en 1996 para la compra de alimentos, medicinas y productos con fines humanitarios para la población iraquí, que sufría las sanciones impuestas por la ONU tras la invasión militar a Kuwait. Una investigación encabezada por el ex presidente de la Reserva Federal de EE.UU., Paul Volcker, detectó desvíos de dinero para arreglar contratos secretos con el Gobierno de Sadam Huseín.
4. Acciones legales con nuevas figuras jurídicas
Un grupo de organizaciones demandó a Total ante tribunales, por no haber elaborado y ejecutado su plan de vigilancia ambiental y de derechos humanos, exigido en Francia por una ley que desde 2017 busca enfrentar la negligencia empresarial. Esto, a propósito de un megaproyecto petrolero que quiere instalar en un parque natural protegido de Uganda, para perforar más de 400 pozos, extraer cerca de 200.000 barriles de petróleo al día, y construir un oleoducto de 1.445 km.
En 2024, se presentó una querella penal inédita en su contra, acusándola de haber contribuido al agravamiento de catástrofes naturales con pleno conocimiento de causa, socavar la transición energética y enriquecerse a costa del cambio climático.
Hoy en la Patagonia [Parque eólico, electrolisis, desaladora, terminal marítimo…]
La petrolera francesa llega al sur del continente con nombre nuevo, y escalas de intervención para la fase 1 de su proyecto que son inimaginables, no sólo para todo el continente, sino para la mayoría del mundo, pues se trata del tercer proyecto de hidrógeno más grande del planeta. En una superficie predial disponible de 72 mil ha, pretenden instalar:
un parque eólico de 5 GW con 616 aerogeneradores de 8 MW,
siete centros de electrólisis con 3,85 GW totales para la producción de hidrógeno,
una planta desaladora permanente con capacidad de 1.300 litros por segundo,
una planta de amoníaco que producirá hasta 10.800 toneladas por día,
un terminal marítimo para importación de equipos y exportación de amoníaco,
una central a gas y obras auxiliares.
Todo lo anterior se emplazaría al lado de uno de los patrimonios turísticos, arqueológicos, geológicos y naturales más importantes de la estepa austral: el Parque Nacional Pali Aike, caracterizado por su alta presencia de vestigios de las primeras ocupaciones humanas, paisajes lunares, conos volcánicos, cráteres, cuevas y campos de lava, donde habita una gran variedad de vida silvestre, incluyendo numerosas especies de flora y fauna en categoría de amenaza.
¿Conocemos las reales implicancias en el territorio y en nuestras costumbres de vida, que tendrá el arribo de este gigante francés, cuyas pretensiones son alcanzar una capacidad de producción anual de 1,9 millones de toneladas de amoníaco, para abastecer energéticamente a los países desarrollados? Tanto en éste como en otros proyectos en evaluación y en carpeta, no lo sabemos. Tampoco tenemos claridad sobre cómo nos impactará el funcionamiento de todos ellos al mismo tiempo, algo que solicitamos en agosto de 2023, por medio de una carta enviada al Gobierno Regional y a otras autoridades locales, en medio del proceso de promoción de esta mega industria en la Patagonia
El Gobierno de la Provincia concretó este lunes en Tolhuin la entrega de las primeras cinco Actas de Nacimiento con la incorporación de la identidad indígena a integrantes de la comunidad (indígena) de pueblos originarios de Tierra del Fuego, emitidas por el Registro Civil. Luego de este hecho histórico para la comunidad, AIRE LIBRE FM consultó a la vicepresidenta de la Comunidad Selk’nam Rafaela Ishton, Antonela Guevara, sobre este suceso.
Guevara comentó que “tenemos las primeras seis partidas de nacimiento con pertenencia indígena. Principalmente negar o omitir la identidad de una persona desde la partida de nacimiento es un acto grave, que eran las prácticas que se utilizaban en el colonialismo. Entonces, que hoy el Estado Provincial, porque esto también hay que destacarlo, no es el Estado Nacional quien lo reconoce, sino el Estado Provincial, al reconocer nuestras partidas de nacimiento de la pertenencia indígena, viene a garantizar los derechos colectivos, todo lo que implica la cosmovisión de nuestra comunidad, la vida en el territorio, vivir en un territorio, lo que implica vivir en territorio comunitario y no en propiedad privada, el respeto por las costumbres ancestrales, entonces es mucho más que simplemente un acto administrativo”.
“Justamente cuando salimos de este acto, ellos me decían, no mamá, para nosotros, me lo dijo Valentín, me dice, yo quiero que sepas mamá que para nosotros sí es importante y escuchar todo lo que dijiste en la mesa nos enseña a nosotros que tenemos que mantener viva la memoria de nuestro pueblo. Así que creo que, bueno, ellos nacieron en la comunidad, vivieron durante muchos años el conflicto de la comunidad, saben lo que implica la lucha por defender nuestros derechos y por tratar de hacer las cosas bien, así que tienen un compromiso y una conciencia sobre lo que están haciendo. Así que eso también es importante”, expresó la vicepresidenta de la Comunidad (Indígena) Selk’nam Rafaela Ishton.
“Esto es un hecho histórico, no solo en la provincia, sino en el país. Es la primera vez que esto acontece, así lo expresó el Secretario de Justicia, Gonzalo Carrillo, y gracias a que, bueno, ayer se pudo visibilizar de alguna manera lo que estaba pasando, se sumaron muchas familias de nuestro pueblo, ayer mismo se iniciaron varios otros trámites y hay más de 15 personas que están juntando su documentación para hacer la presentación y también con la noticia de que el pueblo Yagán ayer se comunica para que, se comunicaron conmigo para que de alguna manera les explicara cómo hacerlo, así que seguramente, no sé si es esta semana, pero la próxima habrá noticias con respecto a la otra comunidad que tiene la provincia de Tierra del Fuego, que es el pueblo Yagán, que cuenta con personería jurídica y que va a poder hacer de alguna manera este trámite. Porque uno de los requisitos es que puedas contar con la personería jurídica”, aseguró-
Son espacios marinos delimitados, cuya administración es entregada a comunidades indígenas o asociaciones de ellas que han ejercido el uso consuetudinario de dicho espacio constatado por CONADI.
Pueden solicitar estos espacios aquellas comunidades indígenas inscritas en el registro de CONADI.
La delimitación necesaria está determinada por la superficie que asegure el ejercicio del uso tradicionalmente realizado. Dicho espacio costero será entregado en destinación por la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, quien suscribirá un convenio de uso con la asociación de comunidades o comunidad asignataria una vez que la comisión intersectorial apruebe el plan de administración que presente la comunidad o asociación de comunidades.
El uso y administración del ECMPO estará a cargo de la asociación o comunidad a la cual se le aprobó el plan de administración. En dicho plan se detallan las actividades a realizar, los usuarios y los demás requisitos que establece el reglamento. La duración de la administración de un espacio costero es de carácter indefinida, a menos que se efectúen incumplimiento o infracciones.
Se entiende por derecho consuetudinario aquellas prácticas o conductas realizadas por las comunidades de manera habitual y que forman parte de su cultura, tales como religiosas, económicas, recreativas, entre otras.
Las autoridades de la entidad se mostraron conformes por el acompañamiento brindado a la comunidad a lo largo del 2024, observándose que en este período se brindaron capacitaciones “a más de 10 mil fueguinos”.
La presidente de la Agencia de Innovación de la Provincia, Analía Cubino, expresó su conformidad con la tarea realizada por el organismo durante el primer año de vida, y aseguró que en este período “más de 10 mil personas egresaron de alguna de nuestras propuestas formativas”.
La funcionaria adelantó que “para el 2025, la meta es llegar a 20 mil fueguinos” con las distintas propuestas de formación que brinda la Agencia.
Cubino rescató que “en un contexto nacional muy difícil, en el que no se mira a la ciencia y a tecnología como entendemos que se debe hacer, el Gobernador y la Vicegobernadora tienen la firme decisión de avanzar en estos aspectos para Tierra del Fuego”.
La titular de la Agencia de Innovación sostuvo que la creación de la entidad constituyó “una apuesta y una inversión presupuestaria muy importante del Gobierno, ante gestiones anteriores en las que hubo una falta de visión en relación a estos temas que están vinculados con la seguridad de la estructura del Estado en materia informática”.
Recordó, por ejemplo, la reciente creación del “Instituto de Transición Energética e Hidrógeno” como uno de los objetivos más importantes alcanzados durante este año.
Por otra parte comentó que desde el organismo a su cargo “estamos trabajando en una simplificación de trámites muy importantes en distintas áreas del Estado provincial, que las anunciaremos cuando el ciudadano pueda utilizarlas efectivamente”.
Otra de las tareas que enumeró fue la que están realizando “para mejorar el sistema de liquidación de haberes”, así como “en un nuevo sistema para el Registro Civil de la Provincia; con la Dirección Provincial de Obras Sanitarias; con la Policía de la Provincia; así como en nuevos sistemas para la liquidación de subsidios en el sector docente, entre muchos temas que se concretarán el año entrante”.
“Para educación estamos haciendo todo lo que es novedades de agentes para que después liquidar automáticamente el año que viene”, agregó.
La funcionaria destacó además “la valorización de las familias de la Provincia sobre el trabajo que se realiza en los Polos Creativos”, asegurando que este año “hemos formado a más de 10 mil personas que egresaron de alguna de nuestras propuestas formativas y para 2025 la meta es llegar a 20 mil fueguinos”.
Por otra parte, anotó que “ya contamos con 200 estudiantes de Inteligencia Artificial que culminaron su trayecto formativo y hay 900 cursando activamente en este momento con la firma Digital House y empresas como Amazon Web Services, con quienes estamos trabajando en la sensorización de bosques en la Provincia”.
Amnistía Internacional presentó un Informe sobre retrocesos en Derechos Humanos promovidos por el Gobierno de Milei. Pobreza, jubilados, represión de las protestas, cibervigilancia, mujeres y pueblos originarios, entre las áreas más afectadas.
La oficina argentina de Amnistía Internacional acaba de publicar un informe que describe derechos perdidos o amenazados durante el primer año de gestión del Gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel.
“A lo largo de este año, las políticas de ajuste económico y reformas promovidas por el Gobierno han impactado negativamente en la vida de millones de personas, especialmente las más vulnerables, exacerbando las desigualdades y restringiendo libertades fundamentales.”, señala la introducción.
El índice del relevamiento señala los siguientes ítems: Pobreza; Jubilados; Libertad de expresión; Libertad de reunión y asociación; Cibervigilancia; Transparencia y acceso a la información pública; Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; Derechos sexuales y reproductivos; Educación sexual integral; Diversidad: Colectivo LGBTIQ+; Crisis climática y Pueblos originarios. Además, el organismo internacional dedica un anexo a la política exterior en materia de derechos humanos.
El trabajo se suma a los ya publicados de la Red Federal por la Democracia y los Derechos Humanos y la Comisión Provincial por la Memoria, que también advierten sobre la gravedad de la situación.
“Lo precedente son apenas algunas muestras del clima de polarización y violencia que ha generado la gestión de Gobierno en estos 12 meses. El llamado es claro: Es imperativo proteger y promover los derechos de todas las personas en Argentina.”, dicen las conclusiones.
Canal Abierto reproduce una síntesis de cada uno de los derechos afectados
1- Pobreza: El índice de pobreza aumentó del 41,7% al 52,9%, dejando a más de 15 millones de personas bajo la línea de pobreza, y más de un millón de niños sin acceso a una cena diaria. Las políticas de ajuste económico han recaído desproporcionadamente sobre mujeres y sectores de bajos ingresos.
2- Jubilados: Las jubilaciones mínimas no alcanzan a cubrir la canasta básica, dejando a millones de adultos mayores en situación de extrema vulnerabilidad. El veto presidencial a una ley de actualización previsional profundizó la crisis en este sector.
3- Libertad de expresión: La hostilidad hacia las y los periodistas, el uso de discursos confrontativos y la desinformación han generado un clima de intimidación y censura, afectando gravemente el debate democrático. Un apartado especial recupera el impacto de la violencia digital en las periodistas mujeres.
4- Libertad de reunión y manifestación: el derecho a la protesta pacífica está en peligro por medidas como el Protocolo para el mantenimiento del orden público y por la actuación de las fuerzas que incluyó el uso desproporcionado de balas de goma y gases lacrimógenos, causando graves lesiones. También se denuncian detenciones arbitrarias, criminalización de manifestantes y agresiones a periodistas, incluso identificados con credenciales de prensa.
5- Cibervigilancia y privacidad: la creación de la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (UIAAS) plantea riesgos de vigilancia masiva y perfilamiento discriminatorio. Estas prácticas afectan derechos fundamentales como la privacidad, la igualdad y la libertad de expresión, condicionando el debate público y generando discriminación.
6- Restricción al acceso a la información pública: El Decreto 780/2024 amplía la opacidad estatal al clasificar más datos como secretos, limitar la divulgación de información pública y aumentar la discrecionalidad de los funcionarios. Esta medida vulnera la transparencia, afecta derechos fundamentales y dificulta la rendición de cuentas.
7- Derechos de las mujeres y diversidad: Se reporta un retroceso en políticas de igualdad de género, derechos reproductivos y la protección contra la violencia hacia mujeres y personas del colectivo LGBTIQ+.
8- Derechos sexuales y reproductivos: A tres años de la sanción de la Ley de Interrupción del Embarazo (ley 27.610), hay sobrada evidencia de su impacto positivo en la salud de mujeres, niñas y adolescentes. Desde 2021 hasta octubre de 2023, 245.015 personas accedieron a un aborto seguro en el Sistema Público de Salud. Además, las muertes por aborto disminuyeron en un 53% entre 2020 y 2022. El acceso temprano a información, a insumos, y a Servicios de Salud Sexual y Reproductiva de calidad, contribuye a que se produzcan durante el primer trimestre de gestación. Sin embargo, desde la asunción de la nueva gestión se desfinanció la implementación de esta política y se ha puesto en riesgo el pleno y efectivo acceso al aborto para niñas, adolescentes, mujeres y personas con capacidad de gestar en Argentina.
9- Diversidad: Las personas LGBTI+ han logrado grandes avances en materia de reconocimiento de derechos, fruto de la lucha colectiva del movimiento de la diversidad en la Argentina. Sin embargo, pese a que el país cuenta con leyes de avanzada, la discriminación sistémica y la expulsión del acceso a la vivienda, a la educación, a la salud o al trabajo que la población LGTBI+ debe enfrentar tiene un impacto profundo en sus condiciones de vida. Producto de la misma batalla cultural, en los últimos tiempos, se han exacerbado los discursos discriminatorios que patologizan y deshumanizan a las personas LGBTIQ+, incitando a la violencia y crímenes de odio.
10- Educación Sexual Integral: La sostenibilidad de la educación sexual integral (ESI) es otra de las batallas que este Gobierno parece enfrentar.
Desde el mes de diciembre se encuentran paralizadas las capacitaciones y talleres de formación docente en ESI a través del INFOD (Instituto Nacional de Formación Docente), pese a que 7 de cada 10 docentes sostienen que necesitan más capacitación en los ejes de violencia de género, abuso sexual contra las infancias, diversidad sexual e identidad de género.
Además, se advierte un profundo desfinanciamiento de los equipos provinciales de ESI lo que puede traer aparejado el desmantelamiento del Programa Nacional de Educación Sexual Integral a nivel federal, implicando un enorme retroceso para el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
11- Crisis climática: La posición del Gobierno actual ha sido la de negar el cambio climático.
Sin embargo, la ciencia es clara en cuanto a que el tiempo se está agotando rápidamente para evitar los peores impactos del cambio climático sobre los derechos humanos y los desastres no naturales que está causando o a los que contribuye, que afectan desproporcionadamente a las poblaciones más marginadas. El mundo entero necesita compromisos y acciones urgentes, concretas, audaces y coherentes para limitar el calentamiento global a 1,5 °C, lo que requiere una eliminación gradual, completa, rápida, justa y financiada de los combustibles fósiles en todos los sectores, sin depender de tecnologías arriesgadas y no probadas o compensaciones que no conducen a reducciones genuinas de las emisiones.
Amenazas a leyes medioambientales:
El proyecto de Ley Ómnibus incluyó en sus múltiples articulados reformas regresivas en leyes clave para la protección del medio ambiente, con impacto directo en la población.
Ley de Bosques: habilitación de desforestación en zonas actualmente protegidas.
Ley de Glaciares: reducción de la actual definición amplia otorgada por la legislación vigente con la potencial habilitación de actividad minera en la zona periglaciar.
Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para el Control de Actividades de Quema: habilitación de la ‘quema tácita’ tras el plazo de 90 días sin mediar autorización estatal y desfinanciamiento del Servicio Nacional de Manejo del Fuego.
Ley de Hidrocarburos: priorización de la renta por sobre las necesidades del mercado interno y la protección de la sustentabilidad de las reservas, ausencia de salvaguardas ambientales.
12- Pueblos originarios: La falta de políticas efectivas frente al cambio climático y los conflictos territoriales ha dejado a comunidades indígenas expuestas y desprotegidas.
Otro de los ejes relegados de esta gestión ha sido la de los pueblos originarios.
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), organismo descentralizado dependiente del Poder Ejecutivo Nacional, dispuso a través de una resolución la derogación del Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI), órgano encargado de reconocer la personería jurídica a las comunidades indígenas en Argentina.
Esta resolución también suspendió todas las solicitudes en trámite de inscripción de las comunidades indígenas en el RENACI, e invitó a las provincias a celebrar acuerdos para homogeneizar criterios de inscripción, adecuación y transferencia de las personerías jurídicas, sin establecer metodologías de trabajo, procedimientos ni plazos para estos encuentros, generando un escenario de inseguridad jurídica e indefensión.
Semanas atrás tuvo lugar en Chile un histórico reconocimiento, como es la co-gobernanza entre comunidades indígenas, en este caso mapuches y organismos del estado para gestionar en forma conjunta un sector del Parque Nacional Villarrica.
Mientras en Argentina se pierden derechos indígenas, en Chile se otorga co-gobernanza Mapuche en un parque nacional (18 de diciembre, 2024 por Kay Pacha / Equipo Pueblos Originarios del SERPAJ) 10
Efectivamente, se firmó un convenio entre este parque y la Asociación de Comunidades Mapuche Winkulmapu de Kurarrewe, el CONAF, que es la Corporación Nacional Forestal y el Ministerio de Bienes Nacionales por el cual se creó un Consejo de Gobernanza y Gestión conjunta con comunidades indígenas para el sector Puesco Lanín del dicho Parque Nacional.
Mientras en Argentina se pierden derechos indígenas, en Chile se otorga co-gobernanza Mapuche en un parque nacional (18 de diciembre, 2024 por Kay Pacha / Equipo Pueblos Originarios del SERPAJ) 11
Esto es similar al sistema de co-manejo que hay entre la Confederación Mapuche de Neuquén y Parques Nacionales en el Parque Nacional Lanín.
Mientras en Argentina se pierden derechos indígenas, en Chile se otorga co-gobernanza Mapuche en un parque nacional (18 de diciembre, 2024 por Kay Pacha / Equipo Pueblos Originarios del SERPAJ) 12
De esta manera las comunidades mapuche tendrán una participación efectiva en la toma de decisiones referidas a la gestión de este sector del parque.
Mientras en Argentina se pierden derechos indígenas, en Chile se otorga co-gobernanza Mapuche en un parque nacional (18 de diciembre, 2024 por Kay Pacha / Equipo Pueblos Originarios del SERPAJ) 13
Cabe destacar que este convenio, como siempre, es el resultado de un proceso, que en este caso comenzó en 2017, cuando las comunidades mapuche decidieron ingresar al Parque para exigir sus derechos territoriales, porque anteriormente la restricción del acceso afectaba las prácticas y usos tradicionales del territorio, como ser la recolección del piñón.
El Parque Nacional Villarrica fue creado en 1940 y actualmente es uno de los más emblemáticos debido a su biodiversidad, sus paisajes volcánicos y su relevancia en la cultura mapuche.
Mientras en Argentina se pierden derechos indígenas, en Chile se otorga co-gobernanza Mapuche en un parque nacional (18 de diciembre, 2024 por Kay Pacha / Equipo Pueblos Originarios del SERPAJ) 14
Para explicarnos mejor todo este proceso vamos a escuchar el testimonio del hermano Simón Crisóstomo Loncopan, Inal Lonko del Lof Txankura y Presidente de la Asociación Mapuche Winkulmapu de Kurarewe, de Chile,
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